En este sentido, la autora del proyecto detalló que la “regulación para el cuidado de las semillas nativas generará un cambio fundamental en nuestra alimentación y, junto a la creación del banco de semillas y las ferias de intercambio, se favorecerá la economía social de la agricultura familiar, de cooperativas y de agricultores campesinos que viven de ello”.

Como miembro informante, Mercado reseñó que “el cultivo convencional viene provocando cambios climáticos muy grandes y también la contaminación de agua y suelos”. A la vez, remarcó que el proyecto “no solo reivindica la soberanía alimentaria y nuestro patrimonio cultural ancestral sino también es un acto de justicia en contra de las mutaciones genéticas que impactaron tan negativamente en la salud”. Rescató que en la actualidad “la industria y el agronegocio nos están diciendo qué poner sobre el plato todos los días con alimentos que vienen de monocultivos transgénicos llenos de agrotóxicos, una industria que solo tiene para ofrecernos productos ultraprocesados”.
Posteriormente, Alejandro Páez (UCR-JPC) destacó la importancia de la iniciativa y señaló que “el actual modelo agrario de exportación lleva a los productores a la utilización de químicos nocivos”. “Los alimentos industrializados se han alejado en gran medida de alimentos sanos, si no hacemos una protección integral de nuestras semillas nativas vamos a ir no tan solo el detrimento de un sistema alimentario dentro de nuestro país sino también en la destrucción de muchas de nuestras costumbres” indicó.

Luego, Claudia Palladino (FT) valoró que “es importante que los agricultores y agricultoras no dejen perder sus semillas y que recuperen sus técnicas artesanales para seleccionarlas, producirlas, conservarlas y romper con la dependencia impuesta por las multinacionales y por las entidades del sector rural quienes promueven semillas certificadas y registradas por empresas”. A la vez, contrastó que las nativas y criollas “son un patrimonio biocultural de los pueblos y comunidades que han sido que han sido compartido libremente entre los agricultores y agricultoras y no solo libremente sino solidariamente permitiendo garantizar la soberanía y autonomía alimentaria de las comunidades”.

Cerca del final del debate, Pablo Castro (FT) destacó tres aspectos “fundamentales de esta ley, que son la soberanía alimentaria, la soberanía económica y por supuesto, la justicia social”. “La soberanía alimentaria en nuestro país ha sido avasallada en los últimos años, en las últimas décadas por el monocultivo y por las multinacionales que han obligado a nuestros productores a producir de un único modo y este nuevo marco viene a fortalecer a los pequeños productores que son los garantes de la variabilidad genética en las semillas” cerró.