En la última sesión de la Cámara Baja, la diputada provincial Cristina Gómez (UCR) presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo establecer un régimen de seguridad en los Hospitales y Centros de Salud dependientes de la cartera Sanitaria Provincial. El propósito de la propuesta, es garantizar las condiciones mínimas de protección tanto para los pacientes como para el personal que trabaja en dichas instituciones.

Gómez explicó que la fundamentación del proyecto se basa "en los numerosos casos de violencia e inseguridad que han ocurrido en diferentes establecimientos de salud en los últimos años". En este contexto, la legisladora destacó la necesidad de contar con protocolos de actuación y personal de seguridad que pueden hacer frente a estas situaciones, asegurando la seguridad y el bienestar de quienes acuden diariamente a dichas instalaciones.

"La urgencia de esta medida se evidencia a través de los múltiples reclamos tanto del personal de salud como de la sociedad en general. Los ejemplos de violencia sufrida en estos lugares son numerosos y los índices de estos casos demuestran la necesidad de implementar una política pública planificada por parte del Estado", manifestó la diputada. 

El proyecto contempla que los Ministerios de Salud y de Seguridad  serán los responsables de elaborar un Protocolo destinado a la prevención y actuación frente a situaciones de violencia en los establecimientos. Este protocolo deberá incluir medidas de prevención de la violencia en el lugar de trabajo, capacitación tanto para el personal de seguridad como de Salud y procedimientos a seguir por el personal mencionado anteriormente, así como la determinación de la cantidad de agentes de seguridad necesarios en cada lugar, de acuerdo a su complejidad y organización.

Además, la diputada hizo mención que "será responsabilidad del Poder Ejecutivo asignar los recursos presupuestarios necesarios para financiar los gastos que demande la aplicación de esta ley".

Por su parte, el Ministerio de Seguridad se encargará de supervisar el cumplimiento adecuado del protocolo y evaluar los niveles de seguridad en los establecimientos de salud, según establece el instrumento.