En la última reunión de la comisión de Legislación Social y del Trabajo, que preside Natalia Soria, se discutió y se emitió un despacho favorable a un proyecto de ley que podría tener un impacto significativo en la lucha contra la violencia de género en el ámbito de la administración pública. 

En este sentido, la Comisión recibió a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Guerrero (Frente de Todos), junto con la Vicepresidenta del Colegio de Abogadas y Abogados, Carolina Ale, para abordar una iniciativa elevada por la titular del cuerpo y por la cual se establece el impedimento para ingresar, permanecer y/o ejercer como funcionario o empleado de la administración provincial, en los tres poderes del Estado, a aquellos agentes que incurran en actos de violencia de género. 

 La iniciativa busca abordar una de las causas fundamentales por las que las víctimas de violencia de género pueden quedar atrapadas en relaciones abusivas: la dependencia económica de sus agresores. El proyecto explica que se apunta a garantizar un medio de subsistencia para las víctimas de violencia de género cuando su agresor es un funcionario o empleado del Estado Provincial. 

Tras el encuentro, la vicepresidenta del Colegio que nuclea a profesionales del derecho en Catamarca, subrayó la importancia de este proyecto y señaló que su participación se centró en brindar asesoramiento técnico y sugerencias para garantizar la efectividad de las medidas de expulsión de funcionarios condenados por violencia de género. “Se planteó y se sugirió la posibilidad de especificar el procedimiento para los casos de expulsión de funcionarios ya que estos poseen un régimen diferente a un agente que se rige por el Estatuto del Empleado Público” dijo Ale. 

Por otra parte, las y los miembros de la Comisión aprobaron una iniciativa de resolución impulsada por Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) y que insta al Ejecutivo Provincial a adherirse a las medidas propuestas por la Administración federal la semana pasada. En este sentido, se sugiere a la Provincia un aumento salarial de $55.000 para las y los empleados públicos y la asignación de un bono de fin de año.