Cámaras empresariales de Catamarca respaldan el DNU laboral y rechazan el paro sindical

La Cámara de Supermercados y Autoservicios de Catamarca (CSAC) y la Unión Comercial de Catamarca (UCC) emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su apoyo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que introduce reformas en el régimen laboral, y su rechazo al paro convocado por algunos sectores sindicales para el próximo 24 de enero.

Las entidades empresariales se sumaron así al pronunciamiento del C20, una agrupación que nuclea a cámaras pymes de Córdoba, y que también contó con el respaldo de la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC), la Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM) y la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM).

En el comunicado, las cámaras argumentaron que el DNU 70/2023 contiene las "renovaciones y actualizaciones laborales que Argentina necesita con carácter de urgencia" para modernizar el marco normativo, impulsar la productividad, fomentar la generación de empleo y promover la competitividad del país.

Asimismo, señalaron que el país necesita "flexibilidad" para crear empleo, dado que las leyes laborales actuales son "rígidas" y desincentivan la contratación de personal. También destacaron la necesidad de adaptarse a las nuevas formas de trabajo, como el trabajo remoto y la economía del conocimiento, y de ser más competitivos en el contexto internacional y globalizado.

Las cámaras empresariales aseguraron que el DNU no busca "avasallar los derechos fundamentales de los trabajadores", como sostienen los movimientos sindicales, sino que busca brindar a todos los trabajadores acceso a beneficios sociales y a todos los empleadores un marco legal más claro.

Por último, solicitaron a los tribunales y los jueces involucrados en resolver los diferendos planteados por los sindicatos, que lo hagan buscando "promover el bienestar general", como plantea el preámbulo de la Constitución.

Las cámaras empresariales manifestaron su "enérgico rechazo" al paro convocado para el 24 de enero, que consideraron "injustificado" y "perjudicial" para la actividad económica y social del país.