El Gobierno retrasa fondos para el pago de salarios de empleados estatales

Las provincias que dependen de los fondos que gira Nación son las más comprometidas. Gobernadores atribuyen la medida a una "coacción" del presidente Javier Milei.

Una nueva disposición nacional, que desde la oposición atribuyen directamente a una movida de "coacción" del gobierno de Javier Milei, puede abrir un nuevo frente de conflicto con las gobernaciones a partir de los efectos directos que tiene sobre el pago de salarios a las y los trabajadores estatales y municipales.

Se trata de la decisión del Banco Central de no prorrogar una dinámica financiera con las provincias que puede demorar el fondeo en las arcas destinados al pago de esos ingresos en febrero, incluso para los municipios. La normativa ya está registrando los primeros trastornos en algunas provincias, como San Luis, San Juan y Santa Fe.

En una circular emitida el 19 de enero de 2023 referida al financiamiento al sector público no financiero respecto a los "adelantos transitorios al sector público no financiero", el Banco Central establecía la posibilidad que las entidades donde pagan los estados provinciales y municipales los haberes pudieran adelantar los fondos en ese concepto sin esperar el ingreso de los fondos transferidos desde la administración pública.

Esta luz verde por parte de la autoridad financiera permitía a gobernaciones e intendencias no demorarse con los pagos de los salarios, en particular cuando dependen en algunos casos de los recursos que gira Nación para poder costear los ingresos de sus plantillas de trabajadores y trabajadoras. La circular prorrogaba esta mecánica hasta el 31 de enero de 2024, poniendo fin a esta dinámica a partir de esa fecha de no mediar una nueva prórroga que, al menos hasta ahora, no sucedió.

En rigor, el vocero Manuel Adorni ya había adelantado la semana pasada que se pondría fin esta dinámica y hasta el momento todo parece indicar que así sucederá: "El BCRA nos informa que ha quedado fuera de agenda la extensión de la autorización para que las provincias se endeuden con bancos provinciales, mecánica que utilizan muchas veces para hacer frente a necesidades financieras urgentes", sostuvo el funcionario casi al pasar, el martes último.

Si bien la decisión emana del Banco Central -y así lo recalcó el propio Adorni-, en la oposición ven la mano del ajuste de Javier Milei detrás de la movida. "Buscan dividirnos y poner a los trabajadores en contra nuestra. Es una política que puede impactar de manera diferente porque hay distritos que dependen más que otros de los fondos que se giran pero, a la larga, nos va a pegar a todos a medida que los recursos escaseen de la mano del ajuste", señaló un intendente del Conurbano a cronista.com.

Las universidades de San Juan, Rosario y San Luís avisaron que tendrían inconvenientes en cuanto a las fechas convenidas para el pago de salarios

Ayer, en declaraciones a Radio Rivadavia, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, habló de "un mensaje de coacción metiéndose en entidades financieras provinciales" que no tienen impacto sobre lo nacional. Deslizó, no obstante, que estaría en tratativas con Nación su marcha atrás sin ahondar en detalles.

También el gobernador jujeño, Carlos Sadir, lo calificó en El Destape Radio como "un error" por parte del Gobierno nacional puesto que afecta la capacidad de maniobra de las provincias de operar en descubierto para hacer frente a estas operaciones.

Los gobernadores sí tomaron nota del mensaje porque la mecánica era una venia para suplir el fondeo "sensible" con adelantos negociados por las propias provincias y municipios con las entidades a las que les fueron concedidas las licitaciones, explicaron a El Cronista. En el caso de las provincias, los acuerdos suelen ser con sus propios bancos provinciales, aunque las licitaciones se pueden cerrar también con entidades privadas o cooperativas.

"Con esta norma del Banco Central de la República Argentina los médicos, los policías, los docentes y miles de empleados estatales no van a cobrar su sueldo el próximo 31 de enero o 1 de febrero, en casi todo el país", escribió la diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, Danya Tavela, de la Unión Cívica Radical (UCR), en su cuenta de X (exTwitter).

Y añadió: "A partir de esta norma se dispone que ningún organismo público estatal, de cualquier nivel, pueda hacer uso del acuerdo de adelanto que tienen con Bancos para abonar sueldos". También señaló que la demora tendría efectos colaterales en las cadenas de pago: "Al mismo tiempo, esta norma va a afectar al sector productivo y privado porque mucha gente se va a atrasar en el pago de las tarjetas de crédito, evita el consumo y, por lo tanto, impide la reactivación de la economía".

Fuente: Cronista.com