Denunciaron encubrimiento oficial en marcha por Maldonado

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Agrupaciones de derechos humanos y dirigentes políticos de Catamarca volvieron a reclamar hoy por “la aparición con vida” de Santiago Maldonado, al cumplirse dos meses de su “desaparición forzada”, responsabilizando de “encubrimiento” al gobierno nacional.

Durante una manifestación en la plaza “25 de Mayo” de esta Capital, también repudiaron la represión en contra la movilización de un mes atrás y por este mismo reclamo en Buenos Aires, como la persecución a empleados del ingenio Ledesma en Jujuy y la decisión del Poder Judicial de aquella provincia de revocar la prisión domiciliaria otorgada a Milagro Salas.

Asimismo, “festejaron las condenas a los genocidas en la Megacausa ‘Operativo Independencia’ de Tucumán, aunque alertaron sobre las “injustas absoluciones por ‘error de prohibición’, que hace pensar que los secuestradores o torturadores no sabían que estaban violando el derecho”.

Estos pronunciamientos fueron expuestos en el documento conjunto de todas las agrupaciones de DD.HH. y dirigentes sociales y políticos participantes de la manifestación, que fue leído esta tarde/noche, luego que los participantes de la convocatoria dieran una vuelta en torno al principal paseo público catamarqueño.

Los organizadores del reclamo fueron la  Casa de la Memoria, “La Obra” Asociación de ExPP, Familiares de Detenidos Desaparecidos y Amigos-Catamarca, APDH Regional Catamarca, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Emperatriz Márquez -Ex Presa Política- DNI 5.983.099, Espacio DDHH del NOA, Dip. Oscar Pfeiffer secretario de la Comisión de Derechos Humanos Cámara de Diputados Catamarca, Adriana Díaz, Docente- DNI 14.601.566 – Presidente Nac. del Partido Intransigente, la Asociación  Diversidad Argentina y el Cuerpo de Delegados del ISAC.

También estuvieron el director de DD.HH. de la provincia, Hernán Velárdez Vaca, los secretario General y Participación Ciudadana de la gobernación, Edgardo Macedo y Hernán Colombo y la diputada provincial Cecilia Guerrero, entre otros funcionarios y legisladores.

El documento

“Son 60 días desde aquel 1º de agosto, que Santiago Maldonado participó de un reclamo en solidaridad con integrantes de la Comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen, próximo a la Ruta Nacional Nº 40, que de forma severa y brutal fue reprimida por efectivos de Gendarmería Nacional, conforme protocolo y directivas del Ministerio de Seguridad de la Nación, en la que intervinieron más de 30 personas, con empleo de armas de guerra, que invadieron el lugar iniciando una persecución con ribetes de cacería, por orden emanada del Juez Federal Dr. Guido Otranto, que a estar a sus dichos, sólo tenían como directiva despejar la ruta 40.

Manejando el operativo represivo, con el personal de Gendarmería Nacional se hallaba el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Dr. Pablo Noceti. Durante la represión y la cacería, los integrantes de la Comunidad Pu Lof vieron como entre varios efectivos agarraron un cuerpo, presumiblemente el de Santiago Maldonado, y lo subieron a una camioneta de Gendarmería.

Tras esa aprehensión del cuerpo de la víctima, nada se ha sabido ni esclarecido sobre la vida, libertad, integridad física y psíquica de Santiago Maldonado.

Los organismos de DDHH denunciamos que el gobierno encubre la desaparición forzada de Santiago Maldonado montando operaciones, que fracasaron por la fuerza de las pruebas, y hasta quedó al descubierto el juez Otranto que fue excluido de la investigación por parcialidad manifiesta que no sólo protegía a los efectivos de Gendarmería sino también, de modo infame, realizó rastrillajes bajo hipótesis que pretendían responsabilizar a los Mapuches de la desaparición de Santiago.

Mientras tanto, la justicia federal imputó por el delito de encubrimiento de la desaparición forzada al presidente Mauricio Macri y sus ministros Marcos Peña, Patricia Bullrich, y Germán Garavagno, el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Noceti, y los funcionarios de Gendarmería, por lo cual el gobierno nacional está imputado de uno de los delitos más aberrantes.

No podemos dejar de denunciar la represión que llevó a cabo el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires luego de terminada la marcha del 1º de septiembre pidiendo por Santiago, cuando ante el reclamo multitudinario en Plaza de Mayo, las fuerzas estatales junto a sus medios adictos, intentaron deslegitimar la protesta con la utilización de “infiltrados” que realizaban libremente desmanes, y a partir de allí desataron la represión violenta e ilegal con la cacería de militantes y sobre todo de periodistas de medios alternativos. El mensaje amedrentador es claro.

Asimismo, resulta oportuno denunciar la represión a los obreros del Ingenio Ledesma en Jujuy, a quienes desde hace años vienen persiguiéndolos, siendo el Poder Judicial un mero títere de los intereses del empresario-genocida Blaquier y del tiránico gobernador Gerardo Morales.

Tan ostensible es la falta de Estado de Derecho en Jujuy, que el viernes se notificó que el Poder Judicial revocó la prisión domiciliaria de la dirigente indígena y Diputada del Parlasur, Milagro Sala, quien se encuentra privada de su libertad hace casi 2 años sin condena y por haber osado realizar una protesta pacífica en la plaza principal jujeña.

Los organismos de DDHH de Catamarca también seguimos denunciando la violencia policial, que detiene ilegalmente y tortura a nuestros jóvenes. Asimismo, repudiamos al Poder Judicial de Catamarca que la semana pasada consagrara la impunidad ante un caso de gatillo fácil que terminó con la vida del joven Ariel Fuenzalida en Andalgalá por un escopetazo en la cabeza por parte del policía Omar Vergara, a quien se lo condenó por homicidio culposo.

Por último, festejamos las condenas a los genocidas en la Megacausa Operativo Independencia, pero debemos sostener que son injustas las absoluciones por “error de prohibición”, que hace pensar que los secuestradores o torturadores no sabían que estaban violando el derecho. Esto es una afrenta y un retroceso casi similar a la “obediencia debida” y debe ser revocado en Casación.

Todo este marco nos convoca a salir a la calle, a marchar, a luchar por el respeto irrestricto a los DDHH y al restablecimiento del Estado de Derecho”.

Como en los cánticos entonados durante la marcha alrededor de la plaza, el texto concluía señalando que “no tenemos miedo y nos sobra memoria, para con la dignidad de nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, exigir: aparición con vida de Santiago Maldonado!!!”, insistiendo en la demanda de “castigo a los responsables de su desaparición y encubridores”.

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