Ayala cada vez más cerca de la cárcel

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La Cámara Federal de Apelaciones de Chaco ratificó la prisión por lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función pública. Consideran que la ex intendenta cuenta con “vínculos y conexiones” para obstruir la investigación.

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó la resolución de prisión preventiva para la diputada radical de Aída Ayala, integrante del bloque de Cambiemos de la Cámara baja, quien fue procesada por negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero entre otros delitos que presuntamente cometió cuando fue intendenta de la capital chaqueña. El nuevo fallo había sido exigido por la Cámara de Casación Penal, quien en diciembre pasado había anulado el pedido de detención de la legisladora por considerar que estaba mal fundamentado.

Los jueces Rocío Alcalá, Eduardo Belforte, Patricia García y María Delfina Denogens consideraron que los “vínculos y conexiones” de la diputada así como su “capacidad operativa y acreditada” permiten sospechar de sus posibilidades de fuga o de obstruir la investigación que se le sigue, con lo cual ratificaron la decisión que habían tomado sus colegas en octubre pasado.

Debieron emitir un nuevo fallo luego de que Sala IV de Casación confirmara el procesamiento de la legisladora pero anulara su detención por considerarla arbitraria. A una semana de finalizar 2018, los jueces Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani devolvieron el expediente a la Cámara Federal de Resistencia con la orden de que emitieran allí un nuevo dictamen en el que fundamentaran mejor la prisión preventiva.

Entonces, desde la capital chaqueña, los camaristas pusieron en resalto “la gravedad de los ilícitos y el rol atribuido a Aída Ayala en ellos, la participación en forma organizada, el grado de probabilidad arribado en esta instancia en relación a la hipótesis delictiva, así como la trascendencia social e institucional de los hechos cometidos en el seno de esta ciudad; su complejo modus operandi, y la capacidad económica y operativa acreditada en autos” como elementos que “denotan el riesgo cierto de elusión de la nombrada del accionar de la justicia”, señaló la Cámara.

En ese sentido, agregaron: “Si bien es cierto que Ayala cuenta con arraigo personal y familiar -lo que podría neutralizar su no sometimiento a la autoridad del tribunal- los elementos reseñados, sumado a la necesidad de asegurar su comparecencia y evitar injerencias en la obstrucción de la tramitación del juicio (habida cuenta de sus vínculos y conexiones y la capacidad económica y operativa acreditada) tornan desaconsejable, por el momento, revertir el dictado de prisión preventiva en esta etapa del proceso. Por lo que procede rechazar la apelación intentada”.

Ayala fue procesada con prisión preventiva por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público en calidad de coautora y lavado de activos, presuntamente cometidos durante su gestión al frente de la intendencia de la capital chaqueña (2003-2015). El núcleo de los presuntos delitos lo constituye la contratación con sobreprecios de la empresa de recolección de residuos Pimp SA, la firma encargada de los servicios de limpieza de Resistencia durante la gestión de Ayala.

El procesamiento de Ayala abrió un debate entre el oficialismo y la oposición en la Cámara de Diputados. La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el macrista Pablo Tonelli maniobró para demorar el pedido de desafuero hecho por la jueza Zunilda Niremperger, pocos meses después de haber impulsado, como parte de una cruzada contra la impunidad, el desafuero del diputado del FpV-PJ, Julio De Vido.

Por esa misma causa, la jueza federal Niremperger también procesó y pidió la prisión preventiva del secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, y los empresarios Carlos Huidobro, Pedro Alberto Martínez y Alejandro Fischer, ex yerno de Ayala. Los empresarios fueron señalados responsables de los cargos de enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautores, y lavado de activos, agravado por ser miembros de una banda.

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