Vialidad: Casación confirmó que Cristina Kirchner deberá pagar casi $685.000 millones

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este martes que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la causa "Vialidad" deberán afrontar el pago solidario de 684.990.350.139,86 pesos en concepto de decomiso, como pena accesoria al delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La decisión fue adoptada de manera unánime por la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes en un fallo de 81 páginas validaron tanto el monto como la metodología de actualización cuestionada por las defensas.

El decomiso había sido fijado originalmente en $84.835 millones por el Tribunal Oral Federal N°2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Esa sentencia fue confirmada por Casación y luego ratificada en junio pasado por la Corte Suprema de Justicia.

Con la actualización a valores actuales mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el monto trepó a casi $685.000 millones. Los abogados de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, objetaron la decisión al considerar que se vulneraron derechos de defensa, que se utilizó un índice "arbitrario" y que hubo un trato desigual respecto de otros casos.

El fiscal general Mario Villar, en un dictamen previo, había solicitado confirmar el decomiso al sostener que "la comisión de hechos punibles no debe ser rentable ni para los autores ni para los partícipes ni para terceras personas". Además, subrayó que la metodología y el monto habían sido discutidos en todas las instancias judiciales, incluida la Corte, por lo que la cuestión se encuentra "firme y pasada en autoridad de cosa juzgada".

En contraposición, el perito contable de la defensa, José Lucas Gaincerain, calculó que el valor debía ubicarse en torno a $42.494 millones, apenas un 6% del monto finalmente avalado.

 
Con este fallo, la causa "Vialidad" suma un nuevo capítulo judicial, con la confirmación de un decomiso histórico en materia de delitos contra la administración pública.