Juicio por YPF: Argentina busca revertir ante la Corte de Apelaciones de EE.UU. el fallo millonario

La Argentina enfrenta una de sus instancias judiciales más decisivas en el extenso litigio por la expropiación de YPF. Este miércoles, los abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación presentarán su apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva York, en busca de revertir el fallo de la jueza Loretta Preska, que en 2023 ordenó al país pagar u$s16.000 millones a los fondos buitre Burford Capital y Eton Park, principales demandantes.

La audiencia, prevista para el mediodía, reunirá a los tres magistrados que deberán decidir sobre el destino del reclamo: José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson. Cada parte dispondrá de aproximadamente media hora para exponer sus argumentos. En primer lugar hablará la representación argentina, seguida por los abogados de los fondos demandantes, y finalmente intervendrán los letrados de la propia YPF.

 
La apelación constituye una de las últimas cartas judiciales de la Argentina antes de que el caso quede cerrado en instancias internacionales. Si la Corte de Apelaciones confirma la sentencia de Preska, el país podría enfrentar una ejecución millonaria, en un contexto económico y financiero ya frágil.

El fallo de Preska y las implicancias para el país

El 16 de septiembre de 2023, la jueza Preska resolvió que el Estado argentino debía indemnizar a los fondos demandantes con u$s16.100 millones por considerar irregular la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La magistrada determinó además que parte del pago podría realizarse con acciones de la petrolera, lo que encendió alarmas sobre una posible pérdida de control estatal en la empresa.

El fallo fue interpretado como uno de los más duros contra un Estado soberano en tribunales estadounidenses y abrió un debate sobre la jurisdicción y los límites de la inmunidad de los países frente a reclamos comerciales.

Los argumentos centrales de la apelación argentina

El equipo de la Procuración del Tesoro, encabezado por Santiago Castro Videla, buscará demostrar que la jueza Preska incurrió en una serie de errores jurídicos y de interpretación del derecho internacional. Los principales ejes de la defensa son los siguientes:

Violación de la inmunidad soberana: según la presentación, la práctica y el derecho estadounidenses reconocen que la propiedad de un Estado en el extranjero está absolutamente protegida frente a embargos o ejecuciones. La Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA), sancionada por el Congreso norteamericano en 1976, solo contempla excepciones para bienes ubicados dentro de Estados Unidos.

 
Interpretación errónea del derecho de Nueva York: la defensa sostiene que Preska aplicó indebidamente la norma conocida como turnover, que no fue diseñada para obligar a un Estado soberano a transferir activos desde su propio territorio.

Inaplicabilidad de la FSIA al caso YPF: las acciones de la petrolera no se encuentran en territorio estadounidense, ni fueron utilizadas en una actividad comercial dentro del país, ni están vinculadas a la operación que dio origen al reclamo.

Violación del derecho argentino e internacional: la orden judicial impone a la Argentina desconocer su propia legislación, que desde 2012 exige la aprobación del Congreso por mayoría especial para cualquier transferencia de acciones de YPF. Además, la defensa subraya que la decisión contradice principios reconocidos como la cortesía internacional (comity) y la doctrina del acto de Estado, pilares del respeto entre naciones soberanas.

Expectativa y consecuencias

El resultado de la apelación podría demorar varios meses. Si la Corte del Segundo Circuito falla en contra, la Argentina aún tendría la posibilidad de presentar un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque su aceptación es incierta.

Mientras tanto, en Buenos Aires, el Gobierno sigue de cerca la evolución del caso. El monto en juego equivale a más del 3% del PBI argentino, y un revés judicial complicaría los planes de estabilización económica y la estrategia de negociación con acreedores internacionales.