Víctima de violencia pide la restitución de su hijo menor

Una mujer denunció que primero denunció a su expareja por violencia psicológica, hostigamiento y amenazas de muerte, luego la acusó por la sustracción de un hijo menor de edad que tienen en común por trasladarlo sin su consentimiento a la provincia de Entre Ríos.

Según su relato, si bien llevaban mucho tiempo conviviendo, los incidentes comenzaron a agravarse en los últimos años con agresiones, escenas de celos y críticas permanentes. Estaban separados de hecho y a mediados de septiembre ella decidió separarse. Al informarle sobre su resolución, el sujeto tomó al niño y viajó a la provincia del litoral argentino, de donde es oriundo.

Según su testimonio, luego de varias llamadas telefónicas el hombre le respondió al preguntarle por qué se llevó al chico sin su permiso, “él en tono agresivo dijo que él no necesita permiso de nadie para llevar a su hijo porque él es el padre y que volvería aproximadamente en veinte días”.

Y agregó: “Es por temor que solicito que se me restituya a mi hijo para que pueda continuar sus clases, ya que va a la escuela de aquí, en Catamarca. Siempre me amenazó con que me iba a matar a mí y a mis hijos y que luego se mataría él”. Se pudo conocer que luego de la denuncia penal, un Juzgado de Familia le impuso al acusado una restricción de acercamiento hacia su expareja de no menos de 200 metros. Habría sido en ese momento cuando el hombre se llevó al niño.

Poco después las actuaciones fueron giradas a la Fiscalía de Instrucción a cargo de Yésica Miranda, quien, tras considerar que los hechos denunciados por la progenitora no constituyen delito pero reflejan la existencia de una problemática de violencia familiar, resolvió derivar el caso “en forma urgente” al Juzgado de Familia para que continúe su tratamiento.

En este contexto, la mujer se constituyó en querellante particular con el patrocinio del abogado Bruno Jerez, quien criticó duramente la desestimación de la denuncia realizada por la fiscal. Jerez se opuso a la resolución y consideró que la representante del Ministerio Público Fiscal incurrió en una arbitrariedad y resolvió sin fundamentar debidamente, con desconocimiento de la ley penal.

En su presentación, advirtió al Juzgado de Control de Garantías de turno que la fiscal “se limitó a realizar una valoración parcial y superficial sin antes investigar sobre la localización del niño”.

“La fiscal Miranda decretó la inexistencia del delito de sustracción de menores y remitió el caso al Juzgado de Familia sin siquiera revisar las pruebas presentadas ni considerar la tipificación penal establecida en el artículo 146 del Código Penal y la ley especial correspondiente. Hemos realizado la oposición fundamentada que ordena el código procesal y esperamos que el juez de control de garantías determine como la ley manda”, agregó.

Explicó que la progenitora “se siente desamparada ante la falta de acción de la Justicia” y enfatizó que "no se ha tenido en cuenta la gravedad del delito ni la situación crítica de la mujer, quien ha requerido asistencia psicológica”.

Aseguró que la conducta del padre del niño se puede encuadrar en el delito de “sustracción de menores, según el artículo 146 del Código Penal, además de impedimento de contacto agravado por el contexto de violencia de género y desobediencia judicial”, y pidió el apartamiento de la fiscal del caso.