La Libertad Avanza impulsa la "reiterancia delictiva" para endurecer el Código Procesal Penal provincial

En un movimiento legislativo que busca reconfigurar el sistema de justicia penal en la provincia, el Interbloque La Libertad Avanza (LLA) ha presentado formalmente en la Legislatura de Catamarca un ambicioso paquete de reformas. El objetivo central de esta iniciativa es la incorporación expresa del instituto de la reiterancia delictiva al Código Procesal Penal de Catamarca, acompañada por una propuesta complementaria que otorga facultades extraordinarias para extender los plazos de la prisión preventiva en escenarios de alta gravedad. 

Esta doble propuesta surge como una respuesta política y técnica a las lagunas normativas que, según los autores del proyecto, facilitan el fenómeno conocido como la "puerta giratoria", fortaleciendo el régimen de coerción personal frente a situaciones que hoy el Código no regula con la claridad necesaria.

La reiterancia delictiva se configura técnicamente cuando una persona acumula múltiples imputaciones penales en trámite de manera simultánea. En términos prácticos, esto ocurre cuando un individuo, mientras se encuentra bajo investigación por un presunto delito, vuelve a quedar imputado en otro u otros hechos delictivos. Actualmente, el Código vigente en Catamarca no contempla de forma expresa esta acumulación de causas como un elemento vinculante al momento de decidir medidas de coerción, lo que ha impedido ponderar adecuadamente el riesgo que implica dicha conducta recurrente durante el proceso.

Para subsanar este vacío, la iniciativa de los legisladores libertarios propone una modificación directa sobre los artículos 280 y 292 del Código Procesal Penal, además de la incorporación de un nuevo artículo 292 bis. A través de esta reforma, se establece taxativamente que la existencia de múltiples imputaciones en trámite deberá ser considerada como un criterio relevante al momento de evaluar los riesgos procesales, especialmente al decidir la aplicación de la prisión preventiva, dotando así a los jueces de una herramienta normativa clara para evitar que el historial procesal inmediato sea ignorado.

Como pieza complementaria, el segundo proyecto del interbloque apunta a flexibilizar los límites temporales de la prisión preventiva en contextos específicos. La normativa propone que, en causas de especial complejidad o gravedad, y siempre mediante una decisión judicial debidamente fundada, pueda declararse la excepcionalidad para mantener la medida cautelar más allá del límite general vigente. Esta extensión solo sería aplicable cuando subsistan de manera concreta los riesgos procesales que dieron origen a la detención, evitando que el Estado quede atado a reglas rígidas que, según el bloque, terminan beneficiando al imputado en detrimento de la sociedad.

La argumentación de La Libertad Avanza sostiene que, si un proceso complejo requiere mayor tiempo para llegar a una sentencia firme, el sistema debe permitir que la detención se prolongue para garantizar la justicia. De este modo, se busca que el tiempo procesal sea una variable que juegue a favor de la investigación y no una vía de escape automática por vencimiento de términos cuando la peligrosidad del sujeto o la dificultad de la causa ameriten una vigilancia permanente.

Desde el Interbloque fueron enfáticos al señalar que la ley no puede ser indiferente a la conducta sostenida de quienes delinquen repetidamente mientras aguardan juicio. Para los referentes de LLA, si una persona acumula causas penales mientras está siendo investigada, esa circunstancia debe tener un peso jurídico real y no ser un dato irrelevante para el sistema judicial. La claridad normativa que buscan imprimir al código procesal pretende otorgar a los magistrados la facultad de evaluar el riesgo de reiteración como un peligro procesal de primer orden.

La postura del bloque libertario subraya que el Estado debe modernizar sus herramientas de control social para no quedar desprotegido ante el crimen reincidente. Al fortalecer el régimen de coerción personal, los legisladores aseguran que se protege el interés general por sobre reglas garantistas que consideran obsoletas frente a la realidad delictiva actual. La propuesta queda ahora bajo análisis de las comisiones legislativas, donde se debatirá su impacto en la estructura del proceso penal catamarqueño.