Crisis habitacional: 7 de cada 10 hogares tienen problemas en Argentina

La crisis habitacional se profundiza en Argentina al punto de que 7 de cada 10 hogares presentan algún tipo de problema, esto es un universo mucho más amplio que la falta de vivienda e incluye déficits en el acceso, las condiciones y los servicios básicos. Esto ocurre en un contexto donde el recorte estatal impulsado por el Gobierno de Javier Milei agravó las condiciones de vida y expone al desamparo a millones de argentinos.

En concreto, 10 millones de hogares padecen actualmente problemas habitacionales, al menos 7,4 millones (la mitad de los hogares argentinos) no cuentan con servicios públicos básicos, enfrentan dificultades vinculadas a la construcción de la vivienda y a la tenencia irregular, y más de 1 millón necesita una vivienda adicional (7% del total de hogares argentinos) por estar en estados “irrecuperables” o por hacinamiento crítico. Un aspecto no menor, la mayor parte de estos hogares tienen más de uno de esos problemas a la vez.

Las cifras grafican con claridad la problemática del hábitat y la vivienda en el país que, cada vez más, afectan a distintos sectores sociales y combinan déficits de vivienda, de infraestructura urbana, de regularización dominial y de acceso al mercado habitacional. “El problema habitacional es, por lo tanto, más amplio que la falta de vivienda y requiere políticas diferenciadas para cada situación”, señaló un documento de la organización Tejido Urbano al que accedió este medio.

Sin embargo, la respuesta oficial ha sido un creciente deterioro de las políticas de Estado que buscaban garantizar el acceso a la vivienda. El gobierno de La Libertad Avanza cerró la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, dejando más de 100.000 viviendas totalmente paralizadas, eliminando programas de acceso a un techo y obras básicas de servicios públicos. Asimismo, desmanteló el programa de Integración socio urbana destinado a mejoras las condiciones de vida en barrios populares, y derogó la ley de Alquileres, desregulando el mercado inmobiliario e imponiendo mayor inestabilidad a las familias que alquilan: no solo subieron los precios, sino que empeoraron las condiciones (contratos de menor duración, mayor frecuencia en aumentos y crecientes desalojos) al punto de que más de la mitad de dichos hogares tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza.

Crisis de la vivienda

La crisis habitacional dejó de ser un problema coyuntural para convertirse en un fenómeno estructural: 7 de cada 10 hogares presentan dificultades que van desde el acceso hasta la calidad y los servicios. El recorte estatal agrava la situación en múltiples dimensiones e impacta directo en condiciones de vida.

De acuerdo con un informe reciente presentado por la organización Tejido Urbano, 10,7 millones de hogares argentinos tienen algún tipo de problema habitacional (73% del total), dentro de este conjunto, el 69,3% presenta necesidades en la vivienda existente, mientras que 9,3% requiere de una vivienda adicional, y más del 20,0% no tienen acceso a la propiedad del lugar donde vive.

En detalle, sobre las problemáticas en viviendas existentes, el documento de la fundación especializada en el estudio de la realidad habitacional de Argentina destacó que 7,4 millones de hogares urbanos presentó alguna deficiencia material, falta de servicios básicos, y de seguridad en la tenencia. “La mayor cantidad refiere a la falta de servicios públicos, que alcanza a 5 millones de hogares, los que carecen de regularidad dominial son 4,7 millones, y llegan a 1,1 millón de hogares que habitan en viviendas deficientes, pero materialmente recuperables”, precisaron.

También aclararon que se advierte “una superposición de problemáticas” en la medida en que “casi todos los hogares que habitan viviendas materialmente defectuosas pero recuperables, tienen además falta de acceso a servicios básicos y situación irregular del dominio”. En cuanto a los niveles de ingreso de este segmento social, alertaron que se encuentran en la media (más de 40% segmento medio y alto), aunque en los casos en los que la vivienda tiene materiales deficitarios (como piso de tierra y otros), se impone un nivel de ingreso menor.

Al poner la lupa en los hogares que no tienen regularidad en el dominio de la vivienda, destacaron dos grandes situaciones: aquellos que habitan sin ser propietarios ni inquilinos, y se encuentran en situación precaria en su tenencia (1,6 millones de hogares) y por otro lado, los que se identifican como propietarios pero que no cuentan con escritura (3,1 millones).

La situación se agrava en el caso de los hogares con necesidad de vivienda adicionales (1.021.798 hogares) en los cuales la situación material crítica de la vivienda es la más numerosa, sumado al hacinamiento y hasta varios hogares que comparten vivienda. “Los hogares que tienen estas problemáticas son los que tienen los niveles más bajos de ingreso”, agregaron. Esto es especialmente notorio en los hogares que comparten vivienda, en los que 84% son hogares de estrato bajo y medio-bajo. En el caso de hogares que habitan viviendas irrecuperables, alcanza a 79%, y 74% de los que tienen hacinamiento.

De igual modo, el informe que procesó información censal y de las Encuestas Permanentes de Hogares (EPH-INDEC) mencionó también la problemática de quienes no pueden acceder a la propiedad, aunque no tienen ninguna de las situaciones anteriores. Es decir, hogares que alquilan su vivienda y que no siempre son considerados como parte del déficit habitacional, sin embargo, “representa la modalidad de acceso a la vivienda que más creció en las últimas décadas” y lejos de implica una alternativa deseada por las familias, “refleja un obstáculo estructural del acceso”, resaltaron los especialistas.

Estos hogares tienen características distintivas: La mitad está conformado por 2 personas o menos (36% personas que viven solas y 14% son parejas), 43% son personas entre 20 y 40 años, 78% carece de privación material, 73% tiene un clima educativo mayor a la media, y mayormente se localizan en zonas centrales de las ciudades argentinas. En términos de los niveles de ingreso, los hogares inquilinos tienen un mayor componente de sectores medios (36,2%) y medio-altos (28,8%), siendo menor el peso de los sectores de bajos y altos ingresos.

Por último, también se relevaron las necesidades de mejora en el barrio. “Se trata de barrios que no tienen suficiente espacio público y calles, que no están delimitados y seguros, o que no cuenta con equipamiento, no cuentan con una regularización dominial a escala barrial ni normativa acorde, y pueden tener viviendas en situaciones de riesgo (inundaciones, basurales y otros)”, detalló el informe al que accedió este portal. Estos barrios están identificados por el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) que registra al menos 1,2 millones de familias residiendo en los mismos, y equivale al 12% de los hogares con problemas habitacionales del país.

El ajuste del Estado

Frente a los problemas de largo aliento en materia habitacional en nuestro país, la respuesta oficial ha sido el desmantelamiento de las políticas de Estado que buscaban garantizar el acceso a la vivienda, la mejora en la provisión de servicios y en las condiciones de vida cotidianas.

De acuerdo con datos de ejecución presupuestaria oficial, la inversión nacional en vivienda y urbanismo sufrió un recorte inédito desde la asunción del gobierno de Javier Milei. Entre 2023 y 2025, la caída real del gasto en el área se ubica entre el 85% y el 95%, con programas prácticamente paralizados y niveles de ejecución mínimos.

Según el análisis de la ejecución presupuestaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la inversión pública nacional ejecutada en 2025 —que incluye obras de infraestructura, vivienda y servicios básicos— cayó 27% en términos reales respecto del año anterior, con una reducción de 48,6% en transferencias de capital. En relación, Vivienda y urbanismo se ubicó entre las que más contribuyó a la contracción de la inversión con una caída del 93,5%. En este escenario, se disolvieron los principales fondos fiduciarios que canalizaban gran parte de la inversión pública: el Fondo Fiduciario de la Vivienda Social, el Pro.cre.ar. y el Fondo Fiduciario de Integración Socio Urbana.

En relación, un análisis del Proyecto de Presupuesto 2026 realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) mostró que, a precios constantes de 2026, los recursos asignados a la función “Vivienda y Urbanismo” se desploman 74% respecto de 2023, mientras que lo destinado a “Agua Potable y Alcantarillado” caería cerca de 78% en el mismo período lo que da cuenta de un fuerte ajuste en áreas clave para el acceso a servicios básicos y la infraestructura habitacional.

En definitiva, la radiografía de la vivienda en Argentina muestra un escenario crítico: millones de hogares viven con servicios insuficientes, tenencia irregular o hacinamiento, mientras el Estado reduce la inversión en vivienda y urbanismo a niveles históricos. Sin una política pública que articule acceso, regularización y mejoras urbanas, la crisis habitacional seguirá creciendo, afectando a los sectores más vulnerables y consolidando un problema estructural de largo plazo.