El caso del Registro de la Propiedad reactiva el debate por inmuebles de Bacchiani

El caso del exjefe de Departamento de Folio Real del Registro de la Propiedad Inmueble, Paulo Ibáñez, que fue exonerado de la Administración Pública acusado de una maniobra con la que se habría beneficiado al 'Trader God' Edgar Adhemar Bacchiani, reactivó la discusión respecto de las propiedades del confeso estafador, quien en varias oportunidades denunció que sus exsocios lo despojaron de una serie de inmuebles que habría adquirido para resguardar el dinero de los ahorristas. El titular de Adhemar Capital apuntó contra el abogado Carlos Correa, la escribana Joaquina Córdoba Gandini, su ex abogado Lucas Retamozo y el síndico de su quiebra, Walther Andrada, entre otros.

La exoneración de Ibáñez se dio como conclusión de una investigación administrativa, luego de que una auditoría en el Registro concluyera que dos inmuebles que eran propiedad de Bacchiani no habían sido correctamente registrados a su nombre (no se había hecho el cambio de titularidad).

El fallido financista denunció en 2025 que quienes fueron sus socios, exempleados y el abogado Carlos Correa le "robaron propiedades", y que esa situación derivó en una falta de liquidez y el posterior incumplimiento de pago de utilidades a quienes tenían capitales invertidos en la financiera Adhemar Capital SRL. Puntualmente, señaló que se quedaron con "USD 20 millones en inmuebles mal vendidos por la quiebra", con los que se podría pagar a los ahorristas.

Esto ya había sido denunciado por Bacchiani en una ampliación de su indagatoria en 2023, en la que señaló que sus abogados y contadores lo habían "traicionado" y que habían hecho actas notariales "truchas" para despojarlo de los bienes.

El caso Ibáñez

Este caso del Registro de la Propiedad Inmueble se conoció tras una auditoría que realizó el organismo, que en 2022 debió responder a pedidos de información de la Justicia Federal y la Justicia de Córdoba.

Los resultados de esa auditoría llegaron a la correspondiente instancia penal, que concluyeron en el sobreseimiento de Ibáñez porque Fiscalía de Estado no se presentó a la audiencia que había solicitado para sostener la acusación. Sin embargo, dos empleadas subalternas, Norma del Valle Bravo y Andrea Beatriz Pacheco, fueron elevadas a juicio acusadas de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En tal sentido, la exdirectora del Registro de la Propiedad Inmueble, Patricia Valdés, aclaró a El Ancasti que en 2022, cuando conducía el organismo, se vio obligada a formular las denuncias correspondientes, ya que de lo contrario "hubiera incurrido en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público".

"En el marco de esa obligación se realizó por un lado la denuncia penal en contra de autores desconocidos, cuya investigación estuvo a cargo de Fiscalía Penal, quien llevó a cabo todo el procedimiento; y por otra parte, se dio inicio a los sumarios administrativos respecto de varios empleados, cuya investigación y proceso estuvo a cargo de la Dirección de Sumarios de Fiscalía de Estado, para determinar la existencia o no de responsabilidad administrativa, concluyendo con la exoneración del agente Ibáñez, dictada mediante decreto del Poder Ejecutivo", explicó.

La exfuncionaria mencionó que su participación se limitó a poner en conocimiento de los órganos estatales encargados de investigar los hechos irregulares, "en estricto cumplimiento de mi obligación legal como funcionaria pública". "Niego haber realizado manifestaciones mediáticas bastardeando a ninguna persona; expresiones estas que me injurian y hostigan; causando un daño a mi integridad, máxime por todo el trabajo y compromiso que tuve con mi función en oportunidad de dirigir dicho organismo", sostuvo.