Los fiscales Augusto Barros y Alejandra Antonino brindaron este viernes una conferencia de prensa tras la condena contra Héctor Alfredo Frías y Rodrigo Antonio Frías por el abuso sexual ocurrido el 1 de noviembre de 2024 en un motel del departamento Valle Viejo. Ambos funcionarios judiciales destacaron la celeridad de la investigación, defendieron el trabajo realizado por el Ministerio Público Fiscal y remarcaron el estado de vulnerabilidad de la víctima.
El jueves, un jurado popular declaró culpables a Héctor Alfredo Frías (31) y a su sobrino Rodrigo Antonio Frías (23) por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de intervinientes y por resultar un grave daño a la salud de la víctima”, en calidad de coautores.
Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal (MPF) estuvo representado por el fiscal de Cámara, Augusto Barros, y la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, quienes sostuvieron la acusación y pidieron un veredicto de culpabilidad.
En rueda de prensa, Barros puso el foco en la rapidez con la que avanzó el expediente desde el inicio de la investigación hasta la realización del debate oral. “Fue una causa que se investigó con una celeridad absoluta. En un año y monedas la causa ya estaba en juicio”, sostuvo el fiscal, quien además destacó el trabajo de la fiscalía de instrucción especializada.
“Hay que destacar que probablemente haya causas como esta que tienen repercusión, pero es de todos los días. No se trabaja sobre una sola causa sino que los fiscales tienen una cantidad de trabajo permanente, más en esta temática”, agregó.
El representante del Ministerio Público también remarcó que el objetivo de la acusación no pasa por “ganar o perder” un juicio, sino por alcanzar una resolución ajustada a los hechos investigados.
“No se trata de ganar o perder, se trata de hacer justicia”, expresó Barros. En ese sentido, señaló que el equipo fiscal llegó al juicio con la convicción de que las pruebas reunidas durante la investigación permitían acreditar el hecho denunciado. “Queremos que haya justicia porque tenemos certezas de que los hechos ocurrieron tal o cual fueron relatados en la instrucción y todo lo que se vio en el proceso”, afirmó.
Al referirse a la víctima, Barros sostuvo que se trató de “una mujer, prácticamente una niña”, que quedó “devastada psicológica y físicamente” a raíz del ataque. Además, consideró que existió un “aprovechamiento” de su situación de vulnerabilidad y cuestionó el accionar de los condenados. “Terminó siendo un objeto de placer de dos inescrupulosos”, expresó.
El fiscal también valoró el funcionamiento del sistema de jurado popular y afirmó que el veredicto ratificó la solidez de la acusación sostenida durante el debate oral. “Estamos bastante contentos de poder haber llegado al jurado y que el jurado haya receptado la acusación y la haya convalidado como nosotros la presentamos”, indicó.
En otro tramo de la conferencia, Barros defendió la soberanía del jurado popular y aseguró que el resultado debía ser respetado independientemente del desenlace. “Tampoco cuestionaría al jurado si el resultado hubiera sido distinto porque en todo caso las responsabilidades son de quienes tienen que cimentar y sostener la acusación o del trabajo que realiza la defensa. El jurado es soberano”, afirmó.
Por su parte, la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, explicó que durante la investigación se detectaron múltiples factores que colocaban a la víctima en una situación de especial vulnerabilidad, lo que llevó a profundizar las pericias interdisciplinarias. “Estamos obligados a realizar una investigación exhaustiva y en este caso recaían sobre una sola persona distintas cuestiones sociales que la hacían mucho más vulnerable”, señaló.
Antonino indicó que, si bien la joven tenía 22 años, desde un primer momento los profesionales de Asistencia a la Víctima advirtieron que presentaba “rasgos muy inmaduros”, visibles incluso a simple vista. A partir de esos informes, la fiscal solicitó la conformación de una junta interdisciplinaria con especialistas en psiquiatría y psicopedagogía para evaluar su grado de desarrollo madurativo y determinar si existía una diferencia entre su edad cronológica y su desarrollo mental.
Según detalló, los estudios concluyeron que la víctima presentaba un alto grado de inmadurez, además de ser “muy sugestionable” y “muy influenciable”.
La fiscal también sostuvo que la joven había consumido alcohol previamente y que los imputados continuaron suministrándole bebidas alcohólicas antes del ataque. “Se trató de una víctima en un estado de extrema indefensión y vulnerabilidad”, afirmó.
Antonino remarcó además la gravedad de las consecuencias físicas y psicológicas derivadas del abuso. Según explicó, la víctima presentó cuadros de estrés postraumático agudo tras el hecho, síntomas que —aseguró— continúan hasta la actualidad.
“El derecho penal no repara lo que pasó, pero sí podemos contribuir a que esa herida deje de estar abierta”, expresó.
Finalmente, destacó la rapidez con la que avanzó el expediente y valoró que el juicio se haya concretado en menos de un año y medio desde ocurrido el hecho. “Para un caso de esta naturaleza, poder tener una respuesta rápida es muy importante. Lo hicimos por ella y estamos satisfechos por ella”, concluyó.
