La fiscalía detectó millonarios gastos en efectivo y dólares en el patrimonio de Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita intimó al exfuncionario y a su pareja a justificar el origen de los fondos utilizados entre 2023 y 2026. El requerimiento analiza pagos en efectivo, propiedades, viajes, deudas y operaciones con activos virtuales
 
NACIONALES 11/08/2026Primeras LíneasPrimeras Líneas

El fiscal federal Gerardo Pollicita puso bajo la lupa los movimientos patrimoniales del exjefe de Gabinete Manuel Adorni y su pareja, Bettina Julieta Angeletti, y les solicitó que expliquen el origen de los fondos utilizados para afrontar distintos gastos entre diciembre de 2023 y junio de 2026.

El requerimiento, presentado ante el Juzgado Federal N° 4, tiene 207 fojas y contiene 20 puntos que deberán ser respondidos por Adorni. La intimación se da en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y le otorga un plazo de 15 días para presentar las explicaciones y documentación correspondiente.

Según el análisis patrimonial incorporado al expediente, durante el período investigado Adorni y Angeletti realizaron pagos en efectivo por $51.715.080,41 y US$374.081,66.

La fiscalía puso especial atención en la utilización de dinero en efectivo en operaciones realizadas en dólares. Mientras que el efectivo representó aproximadamente el 19% de los gastos en pesos, alcanzó el 92,9% de las erogaciones en moneda extranjera.

Para Pollicita, la magnitud y continuidad de esos desembolsos hacen necesario determinar la disponibilidad y procedencia de las divisas utilizadas.

El informe fue elaborado a partir de documentación patrimonial, bancaria, fiscal, registral y financiera, además de información relacionada con viajes, operaciones inmobiliarias y activos virtuales.

Durante 2024 se identificaron pagos en efectivo por $33.149.756,39 y US$89.196,83. En 2025, los desembolsos en efectivo fueron de $14.895.324,02 y US$273.534,14, mientras que entre enero y mayo de 2026 se sumaron otros $3.670.000 y US$11.350,69.

En todo el período, los gastos generales alcanzaron $272.820.832,20 y US$402.578,12, mientras que los pagos en efectivo concentraron $51.715.080,41 y US$374.081,66.

De acuerdo con el documento, el efectivo fue utilizado para afrontar obras, obligaciones, servicios profesionales, consumos familiares y viajes.

La fiscalía también cuestionó que la posterior declaración de una tenencia de dólares no permita, por sí sola, establecer cómo se conformaron esos fondos ni determinar si se corresponden con los pagos realizados durante el período.

Uno de los principales puntos del requerimiento está relacionado con una tenencia de dólares superior a US$500.000 declarada por Adorni.

El exfuncionario deberá explicar el origen de esas divisas y precisar los detalles de la operación de “venta de activos” que mencionó como fuente de esos fondos. Para ello, deberá informar qué activos fueron vendidos, cuándo se realizaron las operaciones, quiénes fueron los compradores, cuáles fueron los importes y aportar la trazabilidad bancaria, registral o bursátil correspondiente.

La fiscalía también puso bajo análisis los US$245.000 abonados al contratista Matías Tabar por la remodelación integral de una vivienda ubicada en el lote 380 del Country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Adorni deberá individualizar el origen de los fondos utilizados y presentar los recibos y demás documentación respaldatoria. También deberá explicar de dónde salió el dinero destinado a la compra del lote y al pago de la tasa de ingreso al emprendimiento.

Otro inmueble mencionado en el requerimiento es un departamento ubicado en Miró 550, en el barrio porteño de Caballito. En este caso, la fiscalía solicitó información sobre el origen del dinero utilizado para adquirirlo y las condiciones de la operación.

También deberá explicar el origen de los fondos destinados a comprar los muebles del departamento, que, según el documento, fueron abonados en dólares y en efectivo.

Los viajes realizados por el grupo familiar también forman parte del análisis. Entre 2024 y 2026 se identificaron desplazamientos internacionales a Montevideo, Río de Janeiro, Aruba, España, Brasil y Estados Unidos.

Los gastos incluyeron pasajes y consumos efectuados tanto en efectivo como mediante tarjetas de crédito. En Montevideo se registraron gastos por $445.742; en Río de Janeiro, aproximadamente $1.264.738; mientras que en Aruba aparecen US$14.696, en España US$4.137, en Brasil US$293 y en Estados Unidos US$6.055.

Uno de los viajes detallados corresponde a marzo de 2026, cuando los pasajes de la comitiva oficial fueron cubiertos por el Estado, mientras que la pareja de Adorni pagó el regreso en clase business por US$5.144,55.

También fueron relevados viajes dentro del país, con destinos como Bariloche, Entre Ríos, Mar del Plata, Bahía Blanca y Chapelco.

Entre los mayores gastos aparecen una estadía en Bariloche durante junio de 2024, con gastos por $3.100.462 y alojamiento por $4.931.994, además de dos estadías en Entre Ríos por $1.350.000 en 2024 y $1.000.000 en 2025.

La fiscalía solicitó que Adorni precise el origen del efectivo utilizado para afrontar viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares.

Otro de los puntos observados es la diferencia entre los ingresos comprobados y los gastos del grupo familiar.

Según el documento, Adorni percibió 35 haberes derivados de su función pública entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. Sumados los ingresos comprobados de Angeletti, los recursos del grupo familiar alcanzaron $229.752.283,20.

Durante ese mismo período, los gastos registrados llegaron a $272.820.832,20, lo que arroja una diferencia de $43.068.549.

Entre los egresos analizados figuran seguros automotores, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y consumos realizados con tarjetas de crédito.

La fiscalía también solicitó explicaciones sobre la utilización reiterada de terceros para adquirir bienes o realizar pagos por cuenta de Adorni o de su grupo familiar, así como sobre el origen del dinero utilizado para reintegrar esas operaciones.

La evolución de las deudas declaradas también fue observada. Según el análisis, el pasivo pasó de $92.440.268,79 a $317.312.719,68, más de tres veces el monto inicialmente informado.

El incremento se habría producido por la incorporación de cuatro nuevas deudas en dólares con particulares. La fiscalía busca determinar el origen y las condiciones de esas obligaciones.

El requerimiento también alcanza a las cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales. Adorni deberá explicar cómo se concilian los gastos y movimientos financieros registrados en su cuenta sueldo del Banco Nación, las cuentas de su pareja, las tarjetas y las plataformas digitales con los ingresos acreditados del grupo familiar.

Además, fueron detectados 20 comprobantes informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero durante 2024 y 2025, por un monto superior a $6 millones, cuyos pagos no pudieron ser conciliados con tarjetas, cuentas bancarias o plataformas.

A esto se suman 16 facturas de una empresa por más de $2 millones cuyos pagos no coinciden con los importes consignados en los comprobantes. La fiscalía pidió determinar si las operaciones se concretaron, cuándo fueron canceladas, mediante qué medio y con qué fondos.

Las operaciones con criptomonedas también forman parte del requerimiento. En ese punto, se solicitó información sobre la operatoria con activos virtuales y, especialmente, sobre el origen del capital utilizado para iniciarla.

Finalmente, la fiscalía pidió precisiones sobre la valuación de las mejoras declaradas tanto en el departamento de Miró 550 como en el lote del Country Indio Cuá.

Adorni deberá informar qué desembolsos concretos representan esas mejoras, con qué fondos fueron afrontados y en qué proporción fueron atribuidos a cada integrante de la pareja.

Según Pollicita, el cotejo de las declaraciones juradas patrimoniales públicas, reservadas y rectificativas con el resto de la documentación permitió detectar las “inconsistencias” que fundamentaron el pedido de explicaciones.

Ahora, el exfuncionario tendrá 15 días para responder la intimación y justificar documentalmente el origen de los fondos y la evolución patrimonial observada durante el período investigado.

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