La investigación judicial por el fentanilo contaminado que causó la muerte de más de noventa personas golpeó la puerta del ministerio que lidera Mario Lugones y generó preocupación en el gobierno de Javier Milei. El pasado 4 de agosto, por orden del juez Ernesto Kreplak, la Policía Federal detuvo a dos exfuncionarias clave en el control de medicamentos: Nélida Agustina Bisio, exjefa de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), y Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). La instrucción tiene la lupa en los mecanismos de control del Estado sobre los laboratorios de Ariel García Furfaro, HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
El trabajo del Juzgado Federal N° 3 de La Plata abrió un foco de atención en los despachos oficiales debido a nuevas transcripciones telefónicas que aluden de forma directa al ministro de Salud. La causa penal mantiene bajo prisión preventiva a García Furfaro y la Justicia busca determinar los motivos por los cuales la cadena de mandos sanitarios omitió retirar del mercado las ampollas inyectables adulteradas antes del desenlace fatal.
A la vez, el escenario judicial se cruza con la inminente convocatoria de comisiones en la Cámara de Diputados para debatir el funcionamiento de la ANMAT. En paralelo, las defensas de las exfuncionarias lograron tramitar excarcelaciones millonarias mediante el aval de inmuebles para permitir que esperen el juicio fuera de los calabozos.
Las pericias tecnológicas sobre los teléfonos secuestrados por la Policía Federal Argentina (PFA) continúan bajo análisis para certificar el nivel de conocimiento de las autoridades respecto de las alertas operativas previas, pero ya emitieron advertencias que complican a la cartera dirigida por Lugones.
Fentanilo contaminado: detenciones de las exjefas de la ANMAT y el INAME
Cuando la fiscal federal María Laura Roteta notificó formalmente los arrestos a través del Ministerio Público Fiscal, en las oficinas del Ministerio de Salud se evaluaron los alcances de la derivación judicial.
Las capturas de las antiguas autoridades técnicas se ejecutaron mediante procedimientos simultáneos coordinados por la División Delitos contra la Salud Pública de la PFA. Los uniformados arrestaron a Nélida Agustina Bisio en su residencia de Olivos. Al mismo tiempo, otra comitiva policial procedió a la aprehensión de Gabriela Mantecón Fumadó en su casa de la localidad de Quilmes.
Las declaraciones indagatorias de ambas exdirectivas se tomaron al día siguiente, 5 de agosto, en la sede del tribunal. Durante la audiencia, Bisio se negó a declarar de forma oral y adelantó que presentará un descargo por escrito. Por su parte, Mantecón Fumadó aceptó responder las preguntas del juez y de la fiscal sobre las inspecciones en los laboratorios.
Las preguntas se orientaron a desentrañar las fallas administrativas que postergaron el cese de comercialización y distribución de los lotes farmacéuticos bajo sospecha. Las anotaciones en los libros técnicos reflejan que las inspectoras de carrera de los organismos de control habían asentado deficiencias edilicias y operativas mucho antes de decretarse la inhabilitación de los establecimientos.
Los chats filtrados de la ANMAT y el mutismo en el entorno de Mario Lugones
El expediente de la fiscalía incorpora los resultados de los peritajes tecnológicos realizados sobre los teléfonos de las exfuncionarias. Las transcripciones de la causa registran un llamativo intercambio de mensajes de texto fechado el 26 de marzo de 2025. "Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta", le escribió Mantecón Fumadó a su colega de la ANMAT.
Los investigadores examinan la secuencia para determinar si la alusión correspondía al actual ministro de Salud de la Nación y si los despachos políticos monitoreaban la situación de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
La respuesta de Mantecón Fumadó ante las advertencias de una inspectora sobre el desvío de calidad de la planta farmacéutica también quedó incorporada al expediente y generó incmodidad en el oficialismo. "Es un montón de guita que está en la calle", replicó la entonces directora del INAME para justificar la continuidad de la distribución comercial de los lotes.
Durante su indagatoria, la exfuncionaria deslindó responsabilidades institucionales al afirmar que las decisiones importantes de la agencia de medicamentos se tomaban luego de consultar con las máximas autoridades de la cartera que dirige Lugones.
A partir del hallazgo de estos chats, el juez Kreplak ordenó a las fuerzas federales ingresar a la sede central del Ministerio de Salud de la Nación para secuestrar los libros de ingresos. El operativo, ejecutado el pasado 6 de agosto, tuvo como objetivo incautar las planillas de acceso y los registros de audiencias de la cartera sanitaria.
La policía busca verificar si los directivos de los laboratorios implicados o segundas líneas de la ANMAT mantuvieron reuniones presenciales con asesores directos del ministro Lugones en las fechas previas o inmediatas posteriores a la clausura del establecimiento farmacéutico.
PERFIL se comunicó de forma sucesiva con fuentes del Ministerio de Salud de la Nación para registrar el descargo oficial de las autoridades sanitarias frente a estas revelaciones y al operativo en la sede de la cartera.
Las consultas se orientaron a obtener una explicación institucional sobre la alusión a "Mario" surgida en los peritajes tecnológicos y a confirmar si el ministro Lugones planea asistir presencialmente a brindar informes ante el Congreso de la Nación. Al cierre de esta edición, las fuentes consultadas del ministerio optaron por mantener un estricto silencio y no respondieron los requerimientos formulados.
El contraste entre las fianzas de Nélida Bisio, Gabriela Mantecón Fumadó y Ariel García Furfaro
La exjefa de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, recuperó la libertad condicional tras pagar una fianza de 75 millones de pesos. Para cumplir la exigencia legal sin desembolsar dinero en efectivo, sus representantes presentaron títulos de propiedades que quedaron embargadas preventivamente a favor del juzgado actuante. Su asistencia legal la ejerce el abogado Alejandro Rúa, un penalista con trayectoria en litigios federales complejos que involucraron históricamente a exfuncionarios del ámbito político nacional.
La exdirectora del INAME, Gabriela Mantecón Fumadó, obtuvo la libertad condicional el mismo día que Bisio, tras acreditarse la misma fianza de 75 millones de pesos, también respaldada con activos inmobiliarios de familiares. Su defensa la comanda el estudio jurídico de Hugo Wortman Jofré, un profesional especializado en derecho penal económico, asesoramiento corporativo y compliance de empresas.
A diferencia de las exfuncionarias de salud, el magistrado le rechazó la libertad condicional al empresario Ariel García Furfaro por riesgos de fuga y entorpecimiento. El dueño de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo permanece alojado en un pabellón común del penal de Marcos Paz bajo prisión preventiva por la gravedad de su calificación como coautor de adulteración de sustancias medicinales seguidas de muerte. Su defensa la coordina Mariano Cúneo Libarona, abogado de alta exposición mediática con tres décadas de experiencia en los casos penales más trascendentes del país.
Crisis del fentanilo: "Hay responsabilidad del Ministerio de Salud"
En diálogo con PERFIL, la exdiputada nacional y actual presidenta del Partido Socialista, Mónica Fein, apuntó contra el desempeño de las autoridades sanitarias frente a las alertas previas de desvío de calidad del fentanilo de García Furfaro. "Hay una responsabilidad del Ministerio de Salud que seguramente conocía lo que estaba pasando con el fentanilo, porque es una droga que sacarla del mercado seguramente obligó a notificar al ministro de Salud, que podría haber actuado como corresponde a un ministro", afirmó la exlegisladora respecto del letargo estatal.
Fein, quien presidió la Comisión Especial Investigadora sobre el Fentanilo Contaminado en la Cámara de Diputados, aportó detalles técnicos sobre los vacíos normativos detectados en la estructura regulatoria nacional. "Claramente tiene que haber un protocolo de alertas que obligue a suspender la elaboración” ante peligros de contaminación, afirmó la exdiputada.
La exlegisladora describió además las deficiencias en la comunicación institucional que el organismo de control mantuvo durante los meses previos al desenlace trágico. "Las alertas que manda la ANMAT por algunas objeciones de medicamentos no diferencian lo que sería una alerta máxima, que era este caso, con una alerta menor, que podrían ser casos de efectos adversos muy menores de algún medicamento", advirtió Fein sobre la falta de jerarquización en los avisos del Estado.
Según su mirada, las omisiones operativas terminaron forzando la intervención directa del Juzgado Federal N° 3 de La Plata para suplantar las funciones que correspondían al Poder Ejecutivo. "Haber generado otros mecanismos, como el retiro de las partidas, que finalmente lo hizo el juez. El Ministerio de Salud no actuó en ningún momento de oficio, siempre fue el juez el que tuvo que actuar", concluyó la exlegisladora frente a la parálisis de los resortes sanitarios del Gobierno.
El avance de la investigación sobre el fentanilo contaminado también impactó en la agenda legislativa. El pronismo unificó posiciones y convocó a un plenario de comisiones este miércoles en la Cámara de Diputados. El objetivo central de la convocatoria fue debatir una reforma estructural en la ANMAT y exigir responsabilidades sanitarias por la falta de controles públicos.
Se busca acelerar un proyecto de ley impulsado en 2025 por el diputado sanjuanino Jorge Chica (UxP), que entre sus principales firmantes tuvo al exdiputado y exministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán. La iniciativa plantea aumentar el financiamiento del organismo regulador y devolverle su esquema de autarquía estricta sobre los laboratorios privados. Todo lo contrario a lo que apunta el Gobierno con el plan desregulador del ministro Federico Sturzenegger.
En paralelo al escenario legislativo del Congreso, los peritos tecnológicos de la Policía Federal de Argentina iniciaron esta semana los entrecruzamientos de llamados y el análisis de las agendas institucionales secuestradas en la sede ministerial. Los resultados de estos análisis permitirán esclarecer si existieron directivas específicas emanadas desde las secretarías privadas del ministerio para dilatar los plazos de clausura de los laboratorios de García Furfaro.
En este marco, el foco de la investigación se concentra ahora en la eventual citación del juez Ernesto Kreplak a prestar declaración en calidad de testigos a los secretarios administrativos que compartieron agenda diaria con el ministro Lugones. Esas declaraciones, sumadas a las planillas de ingresos incautadas en el ministerio, serán cruciales para resolver la duda que más preocupa al Gobierno: saber si Mario Lugones blindó los laboratorios de García Furfaro por acción u omisión del estallido del caso.
Fuente: Perfil
