Redacción Primeras líneasLa Cámara de Apelaciones lleva adelante la audiencia en la que analiza una resolución dictada por el juez Marcelo Sago, en el marco de la investigación jurisdiccional vinculada con las tres denuncias por presunto abuso sexual contra el diputado Javier Galán.
El planteo que llegó a esta instancia está relacionado con una prueba ofrecida por la defensa de Galán y que el juez Sago decidió no admitir. Según explicó la querellante, Dra. Silvia Barrientos, el magistrado consideró que no era el momento oportuno para incorporar esa prueba, teniendo en cuenta las características y los plazos del proceso.
La letrada cuestionó la estrategia adoptada por la defensa y sostuvo que las sucesivas apelaciones están extendiendo una investigación que, por sus características, debería desarrollarse en un período mucho más acotado.
"Es una apelación contra un resolutorio del juez en donde no había admitido determinada prueba ofrecida por la defensa de Galán por considerarla que no era el momento oportuno", explicó Barrientos.
La querellante remarcó que se trata de un proceso sumarísimo, que no debería extenderse durante más de dos meses. Sin embargo, señaló que la duración se está prolongando a partir de las apelaciones planteadas por la defensa.
La querella cuestionó las maniobras dilatorias
Barrientos sostuvo que la defensa argumenta que la decisión del juez afecta el derecho de defensa de Galán. Sin embargo, desde la querella plantean una interpretación completamente diferente de la situación. La representante de la parte querellante afirmó que precisamente quienes están atravesando un avasallamiento durante el desarrollo de la investigación son las víctimas, debido a la exposición de aspectos vinculados con su vida privada y su intimidad.
"Ellos plantearon que eso afecta su derecho a la defensa. Fíjense que es totalmente lo contrario", sostuvo la letrada durante sus declaraciones.
En ese marco, Barrientos anticipó que ese planteo será sostenido durante la audiencia y puso el foco en las consecuencias que el proceso tiene para las personas que realizaron las denuncias.
La querellante señaló que son las víctimas quienes deben atravesar la exposición de cuestiones vinculadas con su vida privada e intimidad con el objetivo de demostrar que las denuncias formuladas se basan, según sostuvo, en hechos certeros y hechos acaecidos.
La discusión que llega a la Cámara de Apelaciones se centra así en el alcance de la resolución del juez Sago y en la incorporación de la prueba solicitada por la defensa, pero también se encuentra atravesada por el planteo de la querella acerca de la duración del proceso y las consecuencias de las sucesivas apelaciones.
Un proceso con un objetivo específico
La investigación que se encuentra en desarrollo tiene un objetivo jurisdiccional concreto: determinar si existen méritos suficientes para avanzar con el desafuero de Javier Galán.
De acuerdo con lo indicado durante la jornada, esta instancia debe establecer si existen elementos suficientes para que el diputado pueda ser desaforado y, a partir de allí, pueda ser investigado por los hechos que ya fueron denunciados. La investigación jurisdiccional constituye, de esta manera, una etapa previa destinada a determinar si corresponde avanzar en ese sentido.
Según se explicó, el propósito es establecer si existen o no los méritos suficientes para alcanzar el desafuero de Galán, lo que permitiría que recién entonces pueda comenzar a ser investigado por los hechos denunciados por varias víctimas.
El procedimiento se desarrolla en el marco de las tres denuncias por presunto abuso sexual que dieron origen a la investigación.
Los tiempos de la investigación
Uno de los aspectos centrales planteados por la querella es la duración del proceso. Barrientos remarcó que se trata de un procedimiento sumarísimo y sostuvo que, por sus características, no debería durar más de dos meses.
Sin embargo, desde la querella consideran que el trámite se está prolongando como consecuencia de las apelaciones presentadas por la defensa. El punto adquiere relevancia porque la Cámara de Apelaciones debe analizar ahora la resolución del juez Sago respecto de la prueba ofrecida por la defensa. El magistrado había considerado que no correspondía admitirla en ese momento del proceso.
La defensa, según explicó Barrientos, planteó que esa decisión afecta su derecho a la defensa. La querellante rechazó ese argumento y sostuvo que el desarrollo de la investigación está provocando una exposición particularmente significativa sobre las personas denunciantes.
De este modo, la audiencia reúne dos posiciones contrapuestas en torno al desarrollo del proceso: por un lado, el planteo de la defensa relacionado con su derecho a incorporar determinada prueba; por otro, la posición de la querella, que cuestiona la extensión del trámite y sostiene que las víctimas son quienes están soportando la exposición de aspectos de su intimidad.
El eje puesto en las víctimas
Durante sus declaraciones, Silvia Barrientos hizo especial hincapié en la situación de las víctimas y en las consecuencias que tiene para ellas el desarrollo de la investigación.
La querellante sostuvo que quienes realizaron las denuncias deben atravesar el análisis de aspectos vinculados con su vida privada y su intimidad para demostrar la existencia de los hechos denunciados.
La frase de Barrientos sintetizó el planteo de la querella: "Las únicas personas que están sufriendo un avasallamiento en su vida privada, en su intimidad, en todo para demostrar que las denuncias son en base a hechos certeros, a hechos acaecidos, son las víctimas".
El argumento fue expuesto en el contexto de la audiencia en la que se analiza la apelación contra la resolución del juez Marcelo Sago.
