En la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial se realizó el sorteo de 90 potenciales jurados para un juicio popular por un intento de homicidio. A la vez, se fijó para el 28 de septiembre el juicio por jurados que tiene a madre e hijas compartiendo el banquillo de los acusados. María Eugenia Castro, la madre, y María Gilda Márquez, la hija, fueron imputadas por el presunto delito de “homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa”. De acuerdo con la investigación, Márquez fue imputada como autora. En tanto que a su madre, Castro, se la acusó como partícipe necesaria de este delito, junto con Facundo Ariel Monasterio.
Según la investigación, Márquez y Castro atacaron a Roxana Murúa en el Salón de Usos Múltiples del Barrio 140 Viviendas, en El Bañado, Valle Viejo, en enero de 2025. Según la investigación, todo se originó por una discusión entre el hijo de Murúa, de 13 años, y un adolescente de 16, que luego regresó al lugar junto con Márquez, Castro y Facundo Ariel Monasterio. Los sospechosos portaban varillas de hierro. Márquez, además, habría llevado un cuchillo tipo "sierrita". Cuando Murúa intentó proteger a su hijo, Castro la habría golpeado en la mandíbula y en la nuca con un fierro, mientras Márquez —aprovechando que la mujer quedó indefensa— la habría apuñalado varias veces, entre ellas en el tórax. Murúa fue internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y su vida corrió peligro.
Dada la imputación, el expediente fue remitido a la OGA para la realización de un juicio por jurados. El camarista Miguel Lozano Gilyam fue sorteado como juez director. Hoy se realizó el sorteo de 90 potenciales jurados y se fijó fecha para la realización del juicio popular:
Detenidas
Madre e hija están detenidas desde enero de 2025, con prisión preventiva, en la Unidad Penitenciaria Nº 2, popularmente conocida como Correccional de Mujeres. Oportunamente, habían solicitado el cese de la detención o, en su defecto, la prisión domiciliaria.
Sin embargo, según un acta labrada por el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) con fecha del 29 de junio, se registró un violento incidente en el pabellón de imputadas: Márquez y Castro arrojaron sillas, mesas y elementos personales por el pasillo, profirieron amenazas contra el personal y agredieron físicamente a varias agentes con golpes de puño y patadas. Castro, según consta en el acta, intentó además atacar con un cepillo de dientes afilado en punta. El hecho derivó en la sedación de ambas por vía intramuscular. A la vez, se suma al menos seis denuncias penales cruzadas presentadas esa misma noche por integrantes del personal penitenciario ante la Unidad Judicial Nº 5. Tras el episodio, el SPP catamarqueño gestionó cupo en La Rioja, que respondió afirmativamente el pasado 2 de julio. El pedido invocó "conductas reiteradas de inadaptación al régimen interno vigente" que, según el escrito, comprometen la seguridad, la disciplina y el orden del establecimiento, en los términos de la Ley Nacional 24.660 de Pena Privativa de la Libertad. Ante esta situación, el fiscal de Cámara Augusto Barros pidió que madre e hija acusadas sean alojadas en la Comisaría de la Mujer. En tanto que el penitenciario riojano se encontraba en condiciones de dar alojamiento transitorio por tres meses, prorrogable, condicionado a que las internas respeten la disciplina interna.
El juez Lozano Gilyam rechazó tanto el pedido del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) de trasladarlas al Servicio Penitenciario de La Rioja, como el planteo del fiscal Barros de alojarlas en la Comisaría de la Mujer. Además, la Sala Penal de la Corte de Justicia rechazó, por mayoría, el recurso de casación presentado por la defensa, que había solicitado el cese de prisión preventiva. Los ministros Hernán Martel y Verónica Saldaño sostuvieron que la resolución cuestionada había dado razones concretas y suficientes —el intento de fuga en los primeros momentos de la investigación, el ocultamiento de elementos del delito y el carácter violento del hecho atribuido— y que la defensa no logró rebatirlas con fundamentos jurídicos válidos. Los votos de ambos ministros confirmaron que las imputadas seguirán detenidas hasta el juicio por jurados.
Ahora la OGA fijó para el 1 de septiembre la audiencia de admisión de evidencia. El 28 de septiembre, madre e hija, junto con Monasterio, compartirán el banquillo de los acusados.
