Doble abuso sexual: una causa, dos sentencias anuladas y un nuevo fallo en camino

La defensa cuestiona la nueva integración

Por su parte, el abogado de la defensa Luciano Rojas sostuvo una posición diametralmente opuesta y recordó que la Sala Penal hizo lugar al planteo de la defensa y anuló la sentencia dictada por los mismos jueces que habían intervenido anteriormente. Según explicó, ese tribunal había vuelto a condenar a los acusados a la misma pena y la defensa cuestionó que quienes ya habían expresado una convicción sobre la culpabilidad volvieran a intervenir. Rojas señaló que la Corte finalmente ordenó que un tribunal debidamente integrado dictara un nuevo fallo.

El problema, para la defensa, aparece ahora con la nueva integración. El abogado sostuvo que los magistrados que deben resolver no participaron del juicio oral, por lo que no estuvieron presentes cuando se produjeron los testimonios ni observaron directamente la prueba. La objeción se vincula con el principio de inmediación, uno de los pilares del juicio oral: quienes deben valorar la prueba y dictar sentencia son, en principio, quienes estuvieron presentes durante el debate.

“Va a traer muchas consecuencias”, advirtió Rojas al referirse a la situación procesal. Consideró que, cualquiera sea el sentido del nuevo fallo, este podría afectar los intereses de una de las partes. La defensa entiende que la alternativa sería la realización de un nuevo juicio oral, aunque también advierte sobre otro límite constitucional: Agüero y Leiva ya fueron sometidos a juicio por estos hechos, por lo que un nuevo debate podría entrar en tensión con la garantía que impide el doble juzgamiento.

Nudo jurídico

La última resolución de la Sala Penal ordenó que la Cámara, con nueva integración, dicte un nuevo fallo conforme a derecho. Por ello, el expediente fue remitido a otro tribunal. No obstante, esa medida encierra una tensión procesal que no es menor.

La defensa indicó que el juicio oral tiene como uno de sus pilares el principio de inmediación: quienes deben valorar la prueba y sentenciar son, en principio, los jueces que estuvieron presentes durante el debate, que escucharon a los testigos y presenciaron la producción de la prueba. Un tribunal con otra integración, sostuvo, no puede dictar sentencia sobre un juicio que no presenció. No es una cuestión de voluntad sino de legalidad.

La alternativa que plantea la defensa sería realizar un nuevo juicio oral. No obstante, surge otro obstáculo. El defensor señaló que la Constitución Nacional establece la prohibición de someter a una persona a un nuevo juicio por el mismo hecho. Agüero y Leiva ya fueron sometidos a juicio y, según remarcó, volver a juzgarlos podría vulnerar esa garantía.

En esta audiencia, el tribunal estará integrado por los jueces de la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación Miguel Lozano Gilyam, Silvio Martoccia y Luis Guillamondegui.

La nueva integración deberá resolver sobre una causa en la que no participó del debate oral. La querella sostiene que puede hacerlo a partir de la prueba incorporada al expediente y registrada en las actas. La defensa, en cambio, cuestiona que jueces que no estuvieron presentes durante la producción de la prueba puedan valorarla y dictar sentencia.

Expediente

El hecho ocurrió en julio de 2018 y, a ocho años, todavía no cuenta con una sentencia firme. Agüero y Leiva fueron declarados culpables en 2023 y condenados a diez años de prisión. Esa sentencia fue anulada posteriormente en dos oportunidades por la Corte de Justicia por distintos motivos.

La audiencia de este jueves será, entonces, el paso previo a una nueva decisión judicial, pero también pondrá nuevamente sobre la mesa una pregunta procesal compleja: cómo puede dictarse una nueva sentencia sobre un juicio que ya fue realizado cuando los jueces que deben resolver no fueron quienes presenciaron el debate.