Insisten con que la causa Paucará llegue a juicio "lo antes posible"

También señaló que existió inteligencia policial previa a la persecución y detención de Paucará. De acuerdo con lo que explicó, los hermanos de la víctima y el remisero que los llevaba declararon haber visto, antes del hecho, un móvil policial en inmediaciones al lugar de trabajo de los hermanos Paucará y, luego, desplazándose detrás del remís que los transportaba.

Por último, con respecto a la nulidad de la elevación a juicio de la causa, planteó que los hechos nunca cambiaron; se hicieron pequeñas modificaciones en la plataforma fáctica, pero eso no cambió la esencia de los hechos imputados y por lo tanto no existió una vulneración de los derechos de los imputados.

Decisión

Mas Saadi resolvió declarar la nulidad del requerimiento de elevación a juicio planteado por el fiscal Palacios. A partir de este fallo, las actuaciones retornarán al ámbito de la fiscalía interviniente, la cual dispondrá de un término de 15 días para subsanar los defectos formales detectados en la pieza acusatoria.

La decisión judicial sobreviene tras una audiencia de oposición realizada en la sede del juzgado, en la que los abogados defensores de los efectivos, Pedro Vélez y Luciano Rojas, solicitaron el sobreseimiento de los cinco efectivos involucrados y recusaron a la jueza, argumentando que la magistrada habría adelantado opinión en resoluciones previas al sostener que la causa debía marchar a debate oral.

El expediente analiza la grave agresión sufrida por Paucará el 20 de julio de 2015, cuando el automóvil de alquiler en el que circulaba fue interceptado en la esquina de Salta y Chacabuco. De acuerdo con la acusación fiscal, los policías Cristian Raúl López, Lucas Ezequiel Valdez, Julio César Ponce y Juan Marcelo Picón hicieron descender a la víctima y la trasladaron sin orden judicial a la Comisaría Décima, donde permaneció privada de su libertad hasta el día siguiente.

En la seccional, se sumó la intervención del efectivo Carlos Eduardo Romero Luján. Según consta en el escrito, los uniformados se cubrieron los rostros y sometieron a la víctima a torturas físicas y psicológicas mientras se encontraba enmanillada, obligándola a arrodillarse para propinarle golpes y azotes con cinturones en la planta de los pies. Las severas lesiones derivadas del castigo requirieron cirugías abdominales con resección intestinal, provocando una incapacidad médica de hasta 60 días y secuelas psicológicas permanentes.

Actualmente, López, Valdez, Ponce y Picón están imputados como coautores de privación ilegítima de la libertad agravada por abuso funcional en concurso real con vejaciones y lesiones graves. En tanto, Romero Luján figura acusado como coautor de vejaciones y lesiones graves.