Polémica: Keiko Fujimori anunció el regreso de las expulsiones y restricciones de celulares en las escuelas

El Gobierno peruano presentó un paquete de medidas que contempla sanciones por violencia y acoso escolar, restricciones sobre la apariencia personal y la prohibición del uso de celulares sin autorización docente. La iniciativa será sometida a un análisis técnico y recibirá aportes de la sociedad civil antes de su entrada en vigencia formal.Keiko Fujimori
INTERNACIONALES14/10/2026Primeras LíneasPrimeras Líneas

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció un nuevo régimen de disciplina para las instituciones educativas públicas del país, con el objetivo de establecer pautas de conducta más estrictas, combatir el acoso escolar y responder a los episodios de violencia dentro de la comunidad educativa. El paquete normativo incluye la restitución de las expulsiones ante faltas graves, restricciones sobre la vestimenta y la presentación personal de los estudiantes, y limitaciones al uso de dispositivos electrónicos y teléfonos celulares durante las clases.

La iniciativa fue presentada durante un acto oficial, en el que la jefa de Estado sostuvo que el orden institucional debe restablecerse tanto en las calles como en el ámbito escolar. En ese marco, el Ejecutivo planteó la necesidad de revisar las herramientas disponibles para prevenir y frenar las agresiones entre integrantes de la comunidad educativa, mediante un conjunto de reglas que establezca obligaciones concretas para los estudiantes.

El anuncio abre una nueva etapa de discusión sobre las normas de convivencia en las escuelas públicas peruanas. Según lo informado, la propuesta todavía estará abierta a las contribuciones de la sociedad civil y continuará bajo análisis técnico antes de su publicación en el boletín oficial del Estado, instancia previa a su entrada en vigencia formal.

Expulsiones y sanciones ante episodios de violencia

Uno de los ejes centrales del nuevo reglamento será la implementación de un sistema de sanciones escalonadas, diseñado para diferenciar las faltas menores de los episodios de mayor gravedad. Mientras que las infracciones de menor entidad tendrán respuestas disciplinarias progresivas, los casos graves volverán a contemplar la expulsión de los estudiantes involucrados.

La medida representa uno de los componentes más relevantes del paquete anunciado por Fujimori, que busca reforzar la capacidad de las instituciones educativas para intervenir ante situaciones que afecten la convivencia escolar. El esquema propuesto establece que las consecuencias de las conductas de los alumnos estarán vinculadas con la gravedad de las faltas cometidas.

Durante la presentación, la mandataria remarcó que el ejercicio de los derechos de los estudiantes debe estar acompañado de obligaciones firmes. La posición del Gobierno apunta a que las reglas de convivencia no se limiten a establecer derechos dentro de las instituciones, sino que también determinen responsabilidades y consecuencias frente a las transgresiones.

En esa misma línea, las autoridades destacaron la necesidad de combatir el acoso escolar y responder de manera directa a las situaciones de violencia que se produzcan en los establecimientos educativos.

Denuncias por acoso escolar y violencia de género

El nuevo régimen también contempla un procedimiento específico para las denuncias relacionadas con el acoso escolar y la violencia de género. De acuerdo con lo señalado por Fujimori, estos casos serán derivados de forma inmediata al Ministerio Público y a las fuerzas policiales.

La disposición busca establecer una respuesta institucional frente a hechos que excedan las faltas de convivencia habituales y requieran la intervención de organismos judiciales o de seguridad. De este modo, el paquete normativo combina sanciones aplicadas dentro del ámbito educativo con la derivación de determinadas denuncias a las autoridades competentes.

El Gobierno sostiene que las medidas de disciplina deben formar parte de una estrategia más amplia para prevenir nuevos episodios de agresión y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los integrantes de la comunidad educativa.

La iniciativa se presenta, además, en un contexto de preocupación pública por situaciones de violencia entre estudiantes. Precisamente, una denuncia de agresión sexual ocurrida en un micro escolar generó una fuerte conmoción nacional y antecedió al anuncio del paquete de normas.

Restricciones sobre la vestimenta 

Otro de los componentes de la propuesta está relacionado con la apariencia de los estudiantes dentro de los establecimientos educativos estatales. El ministro de Educación, José Antonio Chang, brindó precisiones sobre las pautas de presentación personal que deberán observarse en las instituciones públicas.

Las disposiciones anunciadas incluyen prohibiciones y regulaciones específicas sobre el aspecto de los alumnos. Entre ellas, se encuentran las siguientes:

Maquillaje: se prohíbe su uso dentro de las pautas de presentación personal establecidas.

Pintado de uñas: queda incluido entre las prácticas restringidas.

Cabello largo: las normas contemplan restricciones sobre su longitud.

Cabello teñido: también estará alcanzado por las limitaciones anunciadas.

Faldas escolares: se exigirá un largo regulado para esta prenda del uniforme.

Estas reglas forman parte del conjunto de disposiciones que el Ejecutivo busca implementar para ordenar la convivencia y establecer criterios de presentación personal en las escuelas públicas.

Chang aclaró, por otra parte, que las instituciones educativas privadas conservarán la facultad de fijar sus propios reglamentos internos. De esta manera, las pautas presentadas por el Gobierno se refieren a los establecimientos estatales, mientras que los centros privados mantendrán la posibilidad de determinar sus propias normas.

Las restricciones estéticas constituyen uno de los puntos que despertaron reparos entre distintos sectores sociales y gremios docentes, que expresaron objeciones sobre el alcance de las disposiciones propuestas.

Prohibición de celulares y dispositivos electrónicos

El paquete normativo incorpora, además, limitaciones al uso de tecnología durante el desarrollo de las clases. Según lo anunciado, los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos no podrán utilizarse dentro de los salones sin autorización docente.

La disposición se suma a las reglas vinculadas con la presentación personal y al sistema de sanciones por faltas de conducta. En conjunto, las medidas buscan establecer un marco más estricto para el comportamiento de los estudiantes durante la actividad escolar.

La restricción no fue presentada como una prohibición sin excepciones, sino como una limitación que contempla la autorización del docente. Por lo tanto, el uso de estos dispositivos dentro del aula quedará sujeto a ese permiso, de acuerdo con las pautas difundidas por las autoridades.

El Gobierno incluyó esta medida dentro de un paquete más amplio de normas de conducta, orientado a fortalecer la disciplina y establecer criterios comunes para las instituciones educativas públicas.

El caso que precedió al anuncio oficial

La presentación del nuevo régimen disciplinario se produjo después de la conmoción nacional provocada por una denuncia de agresión sexual entre estudiantes en un micro escolar. El episodio involucró a un centro educativo administrado por la Marina de Guerra y derivó en una intervención judicial, además de una reorganización total de la institución.

Tras las primeras actuaciones de la investigación, las autoridades dispusieron que la administración del colegio quedara bajo el control directo del Ministerio de Educación.

El caso constituyó el antecedente inmediato del anuncio gubernamental y puso en primer plano las respuestas institucionales ante hechos graves que involucran a integrantes de la comunidad educativa.

A partir de ese contexto, el Ejecutivo presentó las nuevas pautas como parte de una iniciativa destinada a restaurar la disciplina y prevenir nuevos abusos en las aulas. Sin embargo, la propuesta también abrió una discusión sobre los límites y el alcance de las restricciones que se pretende aplicar en las escuelas estatales.

 

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