Avanza la reforma de la Ley de Salud Mental: habilitan internaciones involuntarias e incorporan las adicciones

El Senado avanzó este jueves con la firma del dictamen del proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que introduce modificaciones en los procedimientos de internación, amplía el abordaje de las adicciones y establece mecanismos de cooperación financiera entre la Nación y las provincias. La propuesta, que recibió cambios sustanciales durante su tratamiento parlamentario, habilita las internaciones involuntarias ante situaciones de riesgo grave para la vida o la integridad física de una persona o de terceros, incorpora a las adicciones en el marco de las problemáticas de salud mental y mantiene la prohibición de crear manicomios.

La Libertad Avanza busca llevar el proyecto al recinto durante la próxima semana. Para avanzar, el oficialismo necesitaba completar el respaldo en las comisiones de Salud y de Legislación General del Senado, donde el texto fue consensuado con la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, Movimiento por Misiones y Moveré Santa Cruz.

El dictamen llegó después de una serie de modificaciones que resultaron necesarias para destrabar una iniciativa que inicialmente era rechazada por bancadas aliadas de La Libertad Avanza y por representantes de gobiernos provinciales. Los cambios apuntaron, entre otros aspectos, a establecer nuevas condiciones para disponer internaciones involuntarias, precisar los mecanismos de revisión médica y judicial y contemplar el financiamiento de las políticas de salud mental.

Uno de los puntos centrales es que, ante una emergencia, la internación involuntaria podrá ser dispuesta por un médico sin que sea indispensable que tenga la especialidad de psiquiatría. Posteriormente, un equipo interdisciplinario deberá revisar la decisión dentro de las 48 horas. Además, se habilita la posibilidad de realizar teleconsultas con un psiquiatra.

La reforma también amplía el alcance de las adicciones contempladas, de modo que una persona pueda recibir tratamiento por ludopatía, y establece condiciones específicas para la atención de menores de edad. En paralelo, dispone que exista cooperación económica entre el Estado nacional y las provincias para afrontar las necesidades vinculadas con la aplicación de la normativa.

Un dictamen consensuado

El proyecto de reforma enviado por el Gobierno nacional atravesó un proceso de cambios antes de conseguir el respaldo necesario para avanzar en el Senado. Según los antecedentes del debate, las modificaciones fueron determinantes para acercar posiciones con sectores aliados de La Libertad Avanza y con representantes de los gobiernos provinciales.

El consenso alcanzado en las comisiones de Salud y de Legislación General incluyó al oficialismo, la UCR, el PRO, Movimiento por Misiones y Moveré Santa Cruz. Con la firma del dictamen, el proyecto quedó en condiciones de ser considerado para su tratamiento en el recinto, una posibilidad que el oficialismo pretende concretar la próxima semana.

La discusión estuvo atravesada por dos cuestiones centrales: la necesidad de establecer procedimientos para intervenir ante situaciones graves vinculadas con la salud mental y las condiciones institucionales y económicas necesarias para sostener las medidas propuestas.

En ese marco, las modificaciones no se limitaron al procedimiento de internación. También abarcaron la distribución de responsabilidades entre los organismos de salud, las comunicaciones con la Justicia, la participación de familiares o representantes legales en la planificación del egreso y la coordinación financiera con las provincias.

La iniciativa mantiene, al mismo tiempo, la prohibición de crear manicomios. Este punto permanece dentro del texto reformado y convive con los cambios que habilitan nuevas condiciones para las internaciones involuntarias.

La defensa del proyecto

Durante el debate, la senadora de La Libertad Avanza por San Luis, Ivanna Arrascaeta, defendió el proyecto y destacó el proceso de consulta que, según indicó, se desarrolló antes de alcanzar el dictamen. La legisladora señaló que la propuesta «fue debatida por más de 70 expositores invitados por legisladores de distintos bloques». También hizo referencia a la participación de las provincias durante el análisis de la reforma.

«Esta reforma no se construyó de espaldas a la sociedad, sino con las provincias y los senadores. Tuvimos 16 informes de provincias y no podemos seguir esperando que la situación se agrave», afirmó.

Arrascaeta sostuvo que la iniciativa busca modificar la forma de responder ante situaciones complejas y evitar que las intervenciones se produzcan cuando los problemas ya se encuentran agravados. En ese sentido, expresó: «Esta reforma es para dejar de llegar tarde y para que ninguna familia se sienta sola».

La senadora también pidió avanzar con el tratamiento del texto y se refirió al dictamen que había comenzado a circular entre los legisladores. Su posición se inscribió en la estrategia del oficialismo de llevar el proyecto al recinto durante la semana siguiente.

Las referencias a los expositores y a los informes provinciales fueron parte de los argumentos con los que la legisladora respaldó el proceso de discusión previo a la firma del dictamen.

Patricia Bullrich sostuvo que la reforma 

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió los cambios incorporados y sostuvo que el proyecto ya había sido modificado para contemplar los planteos formulados durante las conversaciones con los distintos sectores. Bullrich explicó que la reforma introduce un cambio de concepción respecto de las personas con trastornos de salud mental que no están en condiciones de tomar decisiones y que atraviesan situaciones de riesgo para ellas mismas o para terceros. En su intervención, hizo referencia a casos que consideró claros y resonantes.

«Hay una concepción mucho más preventiva, un cambio de paradigma para salvar la vida de personas con trastornos severos; es un avance respecto a la concepción del riesgo inminente que generalmente llega tarde», expresó.

La senadora pidió que se considerara el dictamen y remarcó que el oficialismo había escuchado las posiciones de los distintos bloques. «No estamos cerrados y hemos escuchado a todos los bloques», afirmó.

Su exposición estuvo centrada en la posibilidad de intervenir antes de que una situación de riesgo se agrave y en la necesidad de contar con herramientas para actuar cuando una persona no se encuentra en condiciones de tomar decisiones y existe peligro para su integridad o la de terceros.

Qué cambia en el procedimiento de internación involuntaria

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la posibilidad de disponer internaciones involuntarias ante determinadas circunstancias. El texto establece que podrán aplicarse cuando exista riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la propia persona o de terceros.

Entre los principales cambios previstos se encuentran los siguientes:

Decisión médica ante una emergencia: la internación involuntaria podrá ser dispuesta por un solo médico, sin necesidad de que sea especialista en psiquiatría, cuando se presente una emergencia.

Revisión interdisciplinaria: un equipo interdisciplinario tendrá un plazo de 48 horas para revalidar la internación.

Teleconsultas: se habilita la posibilidad de realizar consultas a distancia con un psiquiatra.

Comunicación a la Justicia: la internación deberá ser comunicada a las autoridades judiciales. El esquema anterior establecía que la decisión debía ser resuelta por un juez.

Plan de egreso: deberá existir un plan de egreso desde el momento del diagnóstico, como requisito para la internación.

Notificación anticipada: se deberá notificar con anticipación al representante legal, al cónyuge conviviente, a los padres o a los hijos, con el objetivo de coordinar las condiciones de egreso.

Estas disposiciones modifican la intervención inicial y los mecanismos posteriores de revisión y seguimiento. El procedimiento propuesto combina la posibilidad de actuar ante una emergencia con una instancia de evaluación interdisciplinaria dentro de un plazo determinado.

La comunicación a la Justicia también forma parte del esquema previsto, junto con la planificación anticipada del egreso y la notificación a las personas indicadas por la norma para coordinar las condiciones de salida de la internación.

Adicciones, ludopatía y atención diferenciada para menores

La reforma amplía el alcance de las adicciones contempladas en el marco de la salud mental. Con ese cambio, la ludopatía podrá ser considerada una problemática de enfermedad de salud mental, lo que permitirá que las personas afectadas reciban tratamiento dentro de las condiciones establecidas por la normativa.

Otro de los puntos incorporados se refiere a la atención de niños, niñas y adolescentes. El proyecto establece que los menores deberán ser atendidos por equipos con formación infanto-juvenil y que, en caso de internación, tendrán que permanecer en lugares separados de los adultos.

La disposición introduce requisitos específicos para la atención de este grupo etario y diferencia sus necesidades de las correspondientes a la población adulta.

En paralelo, el texto mantiene la prohibición de crear manicomios, una disposición que permanece vigente dentro de la reforma propuesta.

Financiamiento y las provincias

La dimensión económica también ocupa un lugar importante en el proyecto. Entre los cambios se establece que deberá existir cooperación financiera entre la Nación y las provincias para atender las necesidades vinculadas con la aplicación de la normativa.

Este punto fue uno de los aspectos destacados durante el debate, especialmente a partir del planteo de Jorge Capitanich sobre la necesidad de alcanzar un amplio consenso entre gobernadores y ministros de Salud, evaluar la capacidad de financiamiento y determinar la asignación de recursos humanos.

La discusión sobre los recursos se vincula con la implementación de los procedimientos previstos, la disponibilidad de equipos interdisciplinarios y la atención de las distintas problemáticas contempladas en el proyecto.

Mientras el oficialismo sostiene que las modificaciones permiten avanzar hacia un enfoque más preventivo, desde el justicialismo se pidió mayor tiempo para analizar las condiciones necesarias para llevarlas adelante.