Ley de Discapacidad: el oficialismo logró el apoyo de UxP y se aprobó el proyecto

La Cámara de Diputados aprobó este jueves, con una mayoría abrumadora, el proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, una iniciativa que busca superar el carácter transitorio de la legislación de emergencia y establecer un marco de protección con efectos permanentes.

La votación terminó con 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones. Con la media sanción, el texto fue girado al Senado, donde se espera que tenga tratamiento en el corto plazo.

El resultado fue posible a partir de negociaciones entre el oficialismo de La Libertad Avanza, los bloques dialoguistas y Unión por la Patria (UxP), que finalmente resolvió acompañar el dictamen de mayoría después de mantener conversaciones con organizaciones vinculadas a la discapacidad.

El proyecto acordado por el oficialismo con el presidente del bloque de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, conserva prácticamente todo el esquema de beneficios contemplados en la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad. De ese modo, propone convertir esas disposiciones en una norma de orden público y aplicación permanente, que exceda los gobiernos de turno.

La discusión estuvo atravesada por una cuestión central: si correspondía insistir con la prórroga de la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027 o avanzar con una nueva ley que incorporara, de manera permanente, buena parte de las herramientas ya contempladas en el régimen vigente.

Durante la jornada, referentes de Unión por la Patria mantuvieron extensas reuniones con representantes de colectivos de discapacidad para evaluar la posibilidad de confluir con el oficialismo. El cambio de postura se produjo luego de que el espacio opositor concluyera que no contaba con los votos necesarios para sostener la prórroga y de que las organizaciones plantearan la necesidad de introducir mejoras, sin retroceder en derechos.

Qué derechos y prestaciones contempla la nueva norma

El dictamen aprobado conserva instrumentos centrales del sistema de protección y agrega mecanismos de control, financiamiento y compensación. Entre los principales puntos incluidos se encuentran:

Compatibilidad entre pensión y trabajo: se mantiene la posibilidad de que los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) perciban una pensión contributiva equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo y, al mismo tiempo, tengan un empleo formal o se desempeñen como monotributistas, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Nomenclador único: se conserva el principio de un nomenclador común para las prestaciones.

Actualización de aranceles: se ratifica la indexación automática y periódica de los aranceles de las prestaciones mediante el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cobertura médica: se garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad. Durante el debate también se destacó la incorporación de los titulares de pensiones por invalidez laboral.

Financiamiento: se establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la correspondiente al ejercicio fiscal anterior.

Auditorías periódicas: se crea un sistema de controles con cruce de información de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo el principio del debido proceso inclusivo.

Compensaciones a prestadores: se incorpora una cláusula transitoria que exige establecer un cronograma para cancelar los pagos atrasados, con un plazo máximo de 30 días para la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

A estos puntos se sumó una modificación destacada por Juan Marino, de Unión por la Patria: las personas que reciben pensiones por discapacidad y cuyas situaciones sean observadas durante una auditoría por inconsistencias en alguno de los requisitos tendrán 160 días para realizar su descargo antes de que se les suspenda el beneficio.

La incorporación de ese plazo fue presentada como una garantía para que los titulares puedan responder a las observaciones antes de una eventual suspensión.

Gerardo Huesen: "La discapacidad no es un eslogan"

El miembro informante del oficialismo, Gerardo Huesen, defendió la iniciativa y sostuvo que la discapacidad no debe quedar subordinada a las disputas partidarias.

"La discapacidad no es un eslogan ni mucho menos debe quedar atrapada en discusiones políticas", afirmó al comenzar su exposición. El diputado señaló que el objetivo debe ser garantizar que las personas puedan vivir con la mayor autonomía posible. "Recibimos un sistema que no rompimos nosotros y, frente a esta realidad, La Libertad Avanza se está haciendo cargo", sostuvo.

Para Huesen, la discusión debe centrarse en la construcción de un sistema transparente y accesible, con controles y derechos garantizados para quienes corresponda. En esa línea, planteó la necesidad de abandonar una sucesión de normas transitorias y avanzar hacia respuestas de carácter permanente.

"Ha llegado el momento de dejar de administrar esa deuda con las personas con discapacidad y empezar a construir soluciones permanentes. Estamos trabajando para dejar un sistema más ordenado, con reglas claras y mayor previsibilidad para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores", expresó.

El legislador tucumano insistió en que las personas con discapacidad no pueden quedar sujetas a emergencias permanentes, prórrogas o decisiones políticas cada vez que necesitan ejercer sus derechos.

Como ejemplos de los instrumentos que busca consolidar el proyecto, mencionó el financiamiento específico, la continuidad de las prestaciones, la actualización del nomenclador por el IPC, la compatibilidad de las pensiones con el empleo formal y las compensaciones a los prestadores por los atrasos en los pagos.

"Son herramientas concretas que generan previsibilidad, garantizan derechos y brindan tranquilidad a las personas con discapacidad y a sus familias. Esto también es libertad. No se trata de dejar a una persona sola frente a sus dificultades, sino de brindarle herramientas", concluyó.

Unión por la Patria cambió su postura 

La decisión de UxP de acompañar el dictamen de mayoría fue explicada por Juan Marino, quien reconoció que el espacio no contaba con los votos necesarios para prorrogar la ley de emergencia hasta fines de 2027.

"Hoy nos levantamos y empezamos a conversar entre diputados y diputadas. Vimos que no íbamos a tener los votos necesarios para prorrogar la ley de emergencia. Empezamos a dialogar con las organizaciones para determinar nuestra conducta. Sobre la base de esas conversaciones, nos plantearon que fuéramos a discutir para que el dictamen que sí se pudiera aprobar contemplara mejoras y no regresiones", relató.

Marino describió así el giro en la posición del bloque opositor: frente a la imposibilidad de sostener la prórroga, la estrategia pasó a ser la negociación de cambios para que el texto aprobado respondiera a la mayor cantidad posible de demandas de las organizaciones de y para personas con discapacidad.

Durante su exposición, el diputado destacó la lucha del colectivo, al que atribuyó un papel fundamental en la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, en la posterior reversión del veto y en la obtención de fallos judiciales que obligaron al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir la norma.

"Al día de hoy, las organizaciones siguen luchando para que Milei cumpla la ley", afirmó. Para el legislador, ese incumplimiento es la causa principal de la situación crítica que atraviesa el sector.

El diputado advirtió, además, sobre la dimensión de las solicitudes de pensión que permanecen sin resolución. Según detalló, 324.303 personas esperan una respuesta del Poder Ejecutivo a sus pedidos de pensión y solo 8.000 recibieron el alta.

"Tienen que cumplir la ley para que se supere la emergencia. También se tiene que actualizar el nomenclador de las prestaciones. El presupuesto incluye un recorte del 13,9 % para Incluir Salud. Eso no puede ser así. Los centros de día están cerrando porque no están haciendo los estudios de costos que establece la Ley de Emergencia", advirtió.

Marino remarcó que, desde su perspectiva, la aprobación de una nueva norma no resulta suficiente para superar la crisis si el Gobierno no cumple con las obligaciones ya establecidas.

"Acá hay un problema de fondo: ninguna ley va a superar la situación de emergencia. Para que se supere, Milei tiene que cumplir la ley, porque lo que ratificamos en esta norma ya está contemplado en la Ley de Emergencia", enfatizó.

Tolosa Paz destacó la cobertura de salud 

La diputada Victoria Tolosa Paz, también de Unión por la Patria, valoró las modificaciones introducidas durante las negociaciones y destacó que el dictamen garantice la cobertura médica de Incluir Salud no solo a los titulares de pensiones por discapacidad, sino también a quienes perciben pensiones por invalidez laboral.

Otro de los cambios que consideró positivo fue la compatibilidad entre la titularidad de pensiones por discapacidad y el cobro de asignaciones familiares. "Desde la oposición escuchamos a las organizaciones, articulamos entre distintos bloques y logramos corregir un dictamen que estaba incompleto y dejaba afuera derechos fundamentales", sostuvo la exministra de Desarrollo Social.

Tolosa Paz atribuyó las modificaciones al proceso de diálogo con las organizaciones y a las negociaciones entre los distintos espacios políticos. Según afirmó, cada cambio fue resultado de la escucha, el compromiso y el trabajo conjunto para defender los derechos de las personas con discapacidad.

No obstante, señaló que la media sanción constituye apenas una etapa del proceso y que la discusión deberá continuar en torno a los recursos presupuestarios y la implementación efectiva de las disposiciones aprobadas.

"La votación es un paso fundamental. Ahora vamos a seguir peleando para garantizar el presupuesto y que cada uno de estos derechos se cumpla. Porque ninguna ley sirve si después el Gobierno no la aplica", concluyó.

Ferraro respaldó las modificaciones, pero cuestionó al Gobierno

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro valoró el acuerdo alcanzado en la Cámara baja, aunque reclamó que el Senado trate y sancione definitivamente la iniciativa lo más rápido posible y sin especulaciones.

"Yo voy a acompañar el dictamen con las modificaciones por el excelente trabajo que hizo el diputado Herrera Ahuad, y todo lo que pudieron aportar las diversas organizaciones y familias de personas con discapacidad. Pero desde lo personal no les creo nada. No les creo nada porque no han tenido en todo este tiempo ni la mínima ternura, ni la mínima intención de ponerse en el lugar del otro", expresó.

Ferraro cuestionó la actuación del Gobierno durante los últimos tres años y sostuvo que la aprobación del proyecto no respondía a una iniciativa impulsada por la sensibilidad del Presidente o de sus funcionarios.

"Que estemos sentados acá, no es por la sensibilidad del presidente de la nación ni de muchos de los funcionarios de este gobierno. Durante estos 3 años, no tuvieron la mínima voluntad de darle una respuesta a las personas con discapacidad", recriminó.

Su postura combinó el respaldo al texto modificado y al trabajo de negociación con una fuerte desconfianza respecto de la voluntad del Poder Ejecutivo de garantizar los derechos reconocidos en la norma.

El Senado y el presupuesto, próximos puntos de tensión

La media sanción representó un acuerdo político amplio alrededor de una iniciativa que conserva buena parte de las prestaciones de la legislación de emergencia y busca darles continuidad permanente. Sin embargo, el debate dejó expuestas diferencias sobre el alcance de las garantías, los recursos disponibles y la responsabilidad del Poder Ejecutivo en la aplicación de la norma.

Mientras el oficialismo defendió la transformación de los mecanismos transitorios en herramientas permanentes, los representantes de Unión por la Patria destacaron los cambios incorporados, pero insistieron en que la crisis no se resolverá sin el cumplimiento efectivo de las disposiciones y sin un presupuesto suficiente.

Las objeciones de Natalia de la Sota y las críticas de Ferraro también reflejaron las dudas sobre la capacidad del Gobierno para garantizar los derechos reconocidos. A su vez, las advertencias de Marino sobre las solicitudes de pensión pendientes, el recorte previsto para Incluir Salud y la situación de los centros de día ubicaron el financiamiento en el centro de la discusión.

Con 237 votos afirmativos, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto y lo remitió al Senado para su tratamiento. El desafío planteado durante la sesión quedó expresado en una coincidencia que atravesó varias intervenciones: la necesidad de que los derechos contemplados en la legislación se traduzcan en prestaciones efectivas, pagos a los prestadores y respuestas para las personas que todavía esperan una resolución.

La discusión, por lo tanto, continuará tanto en la Cámara alta como en el debate presupuestario. La nueva ley busca dejar atrás la lógica de las prórrogas, pero su alcance dependerá de la sanción definitiva, de los recursos asignados y de que las disposiciones aprobadas se cumplan en la práctica.