Galán sumó una nueva causa penal por el escrache a una de sus denunciantes

El abogado Hernán Jaime Morales, que integra la querella en las causas contra Galán por abuso sexual y peculado, confirmó la presentación y explicó que la Ley Olimpia contempla la violencia de género, directa o indirecta, ejercida a través de medios telemáticos. “Se formalizó la denuncia contra Paredes Roldán, por la viralización de ese video, basándonos en la Ley Olimpia, que tiene un articulado que hace referencia a este tipo de exposición, de video, que afecta directamente a nuestra asistida en su integridad psicológica”, señaló.

Según detalló, el material se viralizó desde un portal que maneja el denunciado. Morales contó además que, junto con Barrientos, acompañaron a la mujer en la presentación y que esperan que “se empiecen a tomar las primeras medidas”.

Consultado sobre el contenido de la acusación, el letrado apuntó a la violencia digital que implica difundir el video “con un montón de manifestaciones que no son ciertas” y exponer a su asistida. “Lo único que genera es revictimizarla y provocar que en la sociedad se la ataque, se la menosprecie y se la siga violentando”, sostuvo.

El estado de la denunciante

Al referirse a la situación de la mujer, Morales afirmó que atraviesa un momento emocional difícil. “La denunciante, por supuesto, se encuentra muy mal emocionalmente. El ataque es muy despiadado, es muy agresivo lo que se hace contra ella”, remarcó.

El abogado salió también al cruce de quienes utilizan imágenes en las que aparece sonriente para poner en duda su relato. “Que en algún video salga sonriendo no significa que no sea, o no haya sido, una persona vulnerable. Estos videos son justamente los que buscan generar eso: tratar de descreer a la víctima, atacarla y violentarla”, advirtió.

La propia mujer ya se había defendido en declaraciones. Precisó que las imágenes del local de ropa corresponden a una jornada en la que ayudó a promocionar el negocio de una familiar de una amiga y que no es la dueña. Sobre el terreno que le adjudicó el IPV en agosto de 2025, antes de los hechos denunciados, aclaró que no pudo construir porque no puede pagar la mano de obra y que le robaron los materiales. También rechazó que se utilizara un video viejo en el que aparece bailando con su hijo, “como si verme feliz significara que no sufrí”.

Repudio del Partido Obrero

En paralelo, el Partido Obrero repudió la revictimización y el hostigamiento contra Daniela Solohaga. En un comunicado, la organización vinculó la vulnerabilidad de la denunciante con la desigualdad de poder y acusó al legislador de impulsar ataques contra las mujeres que lo denunciaron. “Repudiamos todo tipo de revictimización, presión y hostigamiento a Daniela Solohaga por parte de Javier Galán o sus secuaces”, expresaron. En la misma línea, exigieron “el desafuero y la investigación para llegar al juicio y que se conozca la verdad de la situación”.

La causa por abuso sexual atraviesa una etapa preliminar. La Corte de Justicia rechazó recientemente un recurso de casación presentado por la defensa del diputado y, si el juez solicita el desafuero, la Legislatura deberá resolverlo con dos tercios de los votos.

El pronunciamiento de la izquierda también apuntó contra sectores políticos a los que responsabilizó por respaldar a Galán, entre ellos dirigentes del peronismo, el radicalismo, la Coalición Cívica-ARI y espacios libertarios. “Defendemos a la víctima ante este nuevo ataque y responsabilizamos como cómplices de este accionar a Galán y a los aliados políticos”, insistieron.

Además, el partido trazó comparaciones con otros casos de la provincia. “Siguen los pasos de lo que se vivió en Catamarca con Elpidio Guaraz y el PJ, o Enrique Aybar con la UCR y el FCS”, sentenció.