El Senado de la Nación sesionará desde las 14 de este jueves con una agenda que reúne iniciativas económicas, proyectos de regulación y una reforma sanitaria que todavía genera diferencias dentro de sectores aliados al oficialismo. Entre los asuntos centrales aparece la nueva Ley de Salud Mental, cuyo tratamiento y aprobación continúan sujetos a negociaciones, mientras que otras propuestas buscarán avanzar durante el encuentro.
La iniciativa sanitaria no figura entre los primeros puntos del temario, pese a que el oficialismo pretende aprobarla. Las diferencias que persisten están relacionadas con los recursos necesarios para su implementación y con la participación de los profesionales de la salud mental, particularmente en lo referido al papel de psicólogos y psiquiatras.
La agenda parlamentaria también incluye el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), destinado a grandes empresas que presenten planes desde los USD 12 millones, y una propuesta para establecer un marco jurídico para la titularidad, el registro y la comercialización de créditos de carbono generados por proyectos desarrollados en la Argentina.
A estos temas se suma el avance de un proyecto para crear el Registro Nacional Único de Alimentantes Morosos (ReNUAM), una base de datos que busca integrar la información de las personas inscriptas en los registros provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La sesión se desarrollará, además, en un contexto de negociaciones parlamentarias que, según el texto de base, incluye maniobras de último momento de sectores aliados que se han vuelto habituales. La posibilidad de que surjan planteos opositores y cuestiones de privilegio agrega incertidumbre al desarrollo del encuentro.
La Ley de Salud Mental, recursos y competencias
La reforma de la Ley de Salud Mental continúa siendo uno de los puntos más delicados del temario. Aunque el oficialismo busca aprobarla, todavía hay dos cuestiones que no terminan de cerrar en algunas oficinas aliadas: los recursos para implementar la norma y la distribución de responsabilidades entre los profesionales que intervienen en la atención de la salud mental.
El primer desacuerdo está relacionado con el financiamiento. La discusión persiste pese a que el oficialismo adelantó el miércoles que la puesta a punto de la iniciativa sería más taxativa, con el objetivo de amortiguar las quejas. Algunas provincias, sin embargo, mantienen su resistencia.
El segundo eje de conflicto se reactivó por la disputa entre profesionales de la salud mental, una controversia que enfrenta posiciones de Nación y de provincias agrupadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). Varios integrantes de esa entidad insisten en que psicólogos y psiquiatras tengan igual prioridad dentro del esquema previsto por la reforma.
El articulado propone modificar los requisitos para las internaciones. En lugar de exigir exclusivamente la intervención de un psiquiatra, la evaluación podrá ser realizada por un médico —con preferencia por esa especialidad— o por un profesional con formación en salud mental. Además, se contempla la participación de otro firmante, que se apunta a que sea un psicólogo, con intervención en la evaluación y en una eventual alta.
La redacción incluye el término "preferentemente" para referirse a la intervención del profesional en el último supuesto. Según la información de base, se consensuó quitar esa palabra para evitar interpretaciones y porque no existe un reemplazo de la profesión de psicólogo.
Las diferencias trascendieron el ámbito legislativo y llegaron también a las universidades. Días atrás, fuentes al tanto de las negociaciones señalaron fuertes presiones para equiparar a ambos profesionales. En ese contexto, un senador que es médico respaldó el reclamo de los psicólogos, lo que convirtió la disputa en una controversia que se sumó a las negociaciones por la reforma.
De esta manera, la discusión sobre las competencias profesionales y los recursos continúa condicionando el tratamiento de una ley que el oficialismo pretende llevar adelante, pero que todavía no reúne un acuerdo definitivo entre todos los sectores involucrados.
El régimen de incentivos para inversiones millonarias
Otro de los proyectos centrales de la jornada es el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), promovido por Eduardo Vischi, titular de la Unión Cívica Radical en el Senado y representante de Corrientes.
La propuesta está dirigida a grandes empresas que impulsen planes productivos desde los USD 12 millones. El objetivo es establecer un régimen para inversiones vinculadas con la adquisición, elaboración, fabricación o importación de determinados bienes, además de la realización de obras destinadas al desarrollo de actividades productivas en el territorio argentino. El texto contempla como planes productivos aquellos destinados a:
La adquisición de bienes muebles nuevos.
La elaboración y fabricación de bienes muebles nuevos.
La importación de bienes muebles nuevos, con excepción de los automóviles.
La realización de obras afectadas directamente al desarrollo de actividades productivas en la Argentina.
Los bienes incluidos deberán ser amortizables en el impuesto a las ganancias, de acuerdo con la descripción del proyecto.
Al revisar la versión final de la iniciativa se incorporaron modificaciones reclamadas por legisladores de distintos espacios. Entre ellos se encuentran Maximiliano Abad, compañero de bancada de Vischi y representante de Buenos Aires; Martín Goerling, jefe del PRO y senador por Misiones; y Carlos Espínola, peronista disidente de Corrientes.
Los cambios planteados por esos legisladores están orientados a favorecer los insumos locales. El proyecto busca así avanzar con un régimen de incentivos para inversiones de gran escala, mientras continúa el análisis de su redacción final y de las modificaciones incorporadas durante las negociaciones parlamentarias.
Créditos de carbono
La agenda también incluye una iniciativa para regular los créditos de carbono generados por proyectos desarrollados en el territorio nacional. La norma propone establecer un marco jurídico aplicable a la titularidad, el registro y la comercialización de esos créditos, además de fijar las condiciones necesarias para permitir la participación de los proyectos en los mercados de carbono, tanto nacionales como internacionales.
El alcance del proyecto está definido en torno a tres aspectos principales: quién tiene la titularidad de los créditos, cómo deben registrarse y bajo qué marco se podrá concretar su comercialización. A su vez, la propuesta busca habilitar la participación de las iniciativas comprendidas en los mercados correspondientes.
El texto plantea expresamente la necesidad de contar con reglas aplicables a los créditos generados por proyectos que se desarrollen dentro del país. La regulación de estas operaciones constituye otro de los asuntos que el Senado intentará tratar durante la sesión.
El Registro Nacional Único de Alimentantes Morosos
En paralelo, el miércoles por la noche, alrededor de las 20, avanzó oficialmente el dictamen que crea el Registro Nacional Único de Alimentantes Morosos (ReNUAM), dentro del ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación.
El proyecto establece que el organismo tendrá como objetivo conformar una base de datos unificada, dinámica, de soporte digital y de acceso público y gratuito. El registro deberá consolidar e interconectar la información correspondiente a las personas inscriptas en los registros de alimentantes morosos de todas las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La iniciativa procura reunir en una única plataforma los datos que actualmente se encuentran distribuidos entre los registros jurisdiccionales. Para avanzar con esa propuesta se unificaron las ideas del senador peronista pampeano Pablo Bensusán y de la aliada de perfil radical Elizabeth Terenzi, representante de Chubut.
El dictamen constituye un avance formal dentro del proceso legislativo y se suma a los demás asuntos previstos en el temario. Su incorporación refleja la amplitud de la agenda de la sesión, que abarca desde las inversiones productivas y la regulación ambiental hasta las políticas sanitarias y la integración de información sobre deudores alimentarios.
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operativo de seguridad y cuestionaron las políticas nacionales y provinciales.