Primeras LíneasLa disputa entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de la explotación petrolera en las Islas Malvinas y la viabilidad del proyecto Sea Lion ingresó en una instancia judicial internacional decisiva. Este martes comenzaron las audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, donde ambas delegaciones expondrán sus posiciones respecto de la solicitud argentina para impedir que avance la explotación de hidrocarburos en el área marítima bajo controversia.
El Gobierno de Javier Milei presentó su solicitud el pasado 13 de octubre, invocando el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El planteo apunta a obtener medidas provisionales que impidan que el Reino Unido continúe desarrollando actividades vinculadas con el proyecto petrolero mientras permanece abierta la disputa de soberanía.
La presentación argentina contiene cuatro pedidos concretos que fueron desarrollados al comienzo de la exposición por el embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Los requerimientos son los siguientes:
Frenar la explotación petrolera: solicitar que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de las actividades de explotación de hidrocarburos mediante el proyecto Sea Lion.
Evitar nuevas autorizaciones: exigir que Londres se abstenga de otorgar nuevos permisos en el área marítima en disputa.
Preservar la información: garantizar la conservación de los datos y la información obtenidos durante las actividades de exploración.
Proteger el medio marino: adoptar medidas para evitar daños al entorno marítimo, conforme a las obligaciones establecidas por la Convemar.
La delegación argentina que participa de las audiencias está encabezada por María Ibarzabal, secretaria legal y técnica de la Presidencia. También integran la representación la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, al frente de la misión argentina en Alemania; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; y Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación.
Marcelo Kohen y los argumentos jurídicos de la Argentina
Uno de los protagonistas centrales de la estrategia jurídica argentina es Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del propio Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Kohen cumple un papel relevante como asesor externo en la construcción legal del planteo y fue uno de los representantes que expuso los argumentos argentinos ante el organismo internacional.
Su trayectoria incluye la representación de la Argentina en el caso de la fragata ARA Libertad, cuando en 2012 el mismo tribunal ordenó, mediante una medida provisional, la liberación del buque.
También participaron en la exposición de argumentos Nico Schrijver, considerado una de las máximas autoridades mundiales en materia de soberanía sobre recursos naturales.
La posición de Buenos Aires se construye sobre dos resoluciones fundamentales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): la Resolución 2065 de 1965, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Malvinas, y la Resolución 31/49 de 1976, que instó a ambas partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras la controversia permanezca abierta.
A partir de esos antecedentes, la argumentación argentina sostiene que la explotación de recursos naturales en un área sometida a una disputa activa de soberanía constituye una violación del derecho internacional.
Durante su exposición, Kohen explicó que el objetivo de la presentación no consiste en obtener una definición inmediata sobre la soberanía territorial, sino en proteger los derechos argentinos sobre los espacios marítimos mientras continúa pendiente la resolución de la controversia.
En ese sentido, sostuvo:
"Mediante el procedimiento arbitral, la Argentina pretende proteger sus derechos sobre los espacios marítimos en virtud de la Convención, en espera de la resolución de la controversia de soberanía territorial, que permanece sin resolver, como ustedes saben, debido a la persistente negativa del Reino Unido".
El especialista también desarrolló el argumento referido a la plausibilidad del reclamo argentino sobre la plataforma continental en disputa. Según explicó, para justificar la necesidad de proteger esos derechos soberanos resulta necesario demostrar que la reivindicación territorial argentina tiene fundamentos jurídicos suficientes.
"La tierra domina al mar. Es por eso, y únicamente por eso, que nos referimos aquí a la soberanía argentina. Para ello, bastará con decir que las Naciones Unidas reconocen la existencia de una controversia relativa a la soberanía de las Malvinas", afirmó.
Kohen agregó que numerosos Estados del mundo reconocen la soberanía argentina y sostuvo que ese respaldo demuestra el carácter plausible de los derechos que el país reivindica sobre la plataforma continental alrededor de las islas.
También señaló que ningún Estado reconoció la soberanía británica y planteó que, para dictar las medidas cautelares solicitadas, el Tribunal no necesita pronunciarse sobre la plausibilidad de los derechos reivindicados por el Reino Unido.
El petróleo y el riesgo de un daño irreversible
Otro de los argumentos centrales presentados por la Argentina está relacionado con la naturaleza del recurso que pretende explotarse.
El escrito sostiene que el petróleo es un recurso no renovable y que su extracción no puede revertirse mediante una sentencia posterior. En otras palabras, una vez que los hidrocarburos sean extraídos, ninguna decisión judicial futura podrá restituirlos al estado anterior.
Esta consideración constituye uno de los fundamentos prácticos de la solicitud de medidas provisionales, porque apunta a demostrar que permitir que avance la explotación durante la tramitación de la controversia podría ocasionar consecuencias irreversibles para los derechos que la Argentina busca proteger.
A ello se suma la invocación de los artículos 192 y 194 de la Convemar, relacionados con las obligaciones de protección y preservación del medio marino.
Buenos Aires aclaró expresamente que no pretende que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar resuelva la cuestión de soberanía sobre las islas. Lo que solicita es que ordene el cumplimiento de las obligaciones internacionales vinculadas con la explotación de recursos naturales mientras la controversia de fondo se tramita ante otro foro.
Kohen también cuestionó la posición británica respecto de la posibilidad de discutir la soberanía y los derechos sobre los espacios marítimos.
Según explicó, el Reino Unido ni siquiera abordaría esa cuestión mientras los actuales habitantes de las islas no se lo soliciten. Para el representante argentino, esto equivaldría a dejar la decisión sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales en manos de aproximadamente dos mil ciudadanos británicos residentes en el archipiélago.
El argumento argentino sostiene que el Reino Unido tiene la obligación de resolver las controversias por medios pacíficos y de abstenerse de realizar acciones que puedan dificultar o volver imposible una solución.
En ese marco, Kohen advirtió que continuar con los trabajos dirigidos a la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental objeto de la controversia podría constituir precisamente una conducta que complique o impida alcanzar un arreglo.
Londres rechaza la competencia del Tribunal
La posición británica presenta una diferencia fundamental respecto del planteo argentino: Londres cuestiona que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar tenga jurisdicción para intervenir en una controversia vinculada con la soberanía de las Islas Malvinas.
Hasta el inicio de las audiencias no había un escrito público británico presentado ante el organismo, por lo que se esperaba que los argumentos jurídicos de fondo fueran desarrollados durante las exposiciones. Sin embargo, la ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, había anticipado la postura del Gobierno británico ante la Cámara de los Comunes el 13 de octubre.
En esa oportunidad sostuvo que el inicio del procedimiento argentino no constituye un fallo judicial, no invalida las licencias otorgadas por las autoridades de las islas, no modifica su autoridad regulatoria y tampoco obliga a detener el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas.
Kumaran también citó el referéndum realizado en 2013, en el que el 99,8% votó a favor de continuar siendo territorio británico, con una participación del 92% del electorado.
La funcionaria aseguró que Londres continúa abierto al diálogo y a la cooperación práctica.
La argumentación jurídica que se espera que presente el Reino Unido sostiene que el proyecto Sea Lion cumple con el tratado de 1982 y que la cuestión central debe concentrarse en determinar si el Tribunal tiene competencia para intervenir.
El 13 de octubre, el Gobierno británico también anunció que presentará legislación secundaria basada en la Protection of Trading Interests Act de 1980, destinada a proteger a las empresas que puedan resultar afectadas por medidas extraterritoriales adoptadas por la Argentina.
El objetivo declarado es que esa normativa entre en vigor antes de finalizar el año. Sin embargo, el texto todavía no es público ni fue ingresado al Parlamento británico.
Advierten sobre el problema de la jurisdicción
El caso también generó análisis entre especialistas en derecho internacional, que identificaron en la cuestión jurisdiccional uno de los principales obstáculos que deberá superar la presentación argentina.
Donald Rothwell, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Nacional de Australia, planteó el dilema central de la controversia: si el Reino Unido tiene soberanía sobre las islas, el proyecto Sea Lion sería legítimo; si prevalece el reclamo argentino, la explotación británica estaría violando la Convemar.
Rothwell advirtió que el procedimiento podría encontrar su primer obstáculo en la jurisdicción del Tribunal, aunque reconoció que el organismo no suele interpretar sus competencias de manera restrictiva.
Por otra parte, Abhijeet Shrivastava y Constantinos Yiallourides, en un análisis publicado en el blog académico EJIL: Talk, señalaron que la Argentina no cuenta con una opinión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a su favor que permita dejar de lado la cuestión de soberanía.
Según los especialistas, si el Tribunal del Mar no encuentra jurisdicción prima facie, no podrá dictar las medidas provisionales solicitadas.
En ese contexto, consideraron que Buenos Aires probablemente apuesta a la obligación de mantener el statu quo, apoyándose en las resoluciones de las Naciones Unidas que instan a las partes a no adoptar decisiones unilaterales mientras permanezca abierta la controversia.
La fiscal general británica viajó a Hamburgo para enfrentar el reclamo
La representación del Reino Unido en las audiencias está encabezada por la fiscal general Ellie Reeves, quien viajó a Hamburgo acompañada por un equipo de seis abogados.
Antes del comienzo del procedimiento, Reeves declaró al diario The Times que el Reino Unido reconoce la autoridad del Tribunal y respeta el marco de la Convemar, pero rechaza que el organismo tenga competencia para expedirse sobre la disputa de soberanía.
"Lo principal es que respetamos las leyes internacionales, respetamos al tribunal, pero no creemos que tengan jurisdicción para escuchar un reclamo en torno a la soberanía", manifestó.
La fiscal sostuvo que la estrategia argentina pretende utilizar al Tribunal para obtener decisiones sobre cuestiones que, según la interpretación británica, están fuera de sus atribuciones.
"En efecto, lo que la Argentina intenta hacer es utilizar este tribunal para tomar determinaciones para las que no tienen competencia", afirmó.
Además, insistió en que Londres considera que las Malvinas constituyen territorio soberano británico.
La posición fue reforzada por el vocero oficial del primer ministro, Andy Burnham, quien aseguró que el Reino Unido está plenamente comprometido con el proceso de la Convemar y que expondrá ante el Tribunal su postura sobre la solicitud argentina de medidas provisionales.
"Continuaremos defendiendo con firmeza nuestros intereses y los de los isleños de las Malvinas", sostuvo, según consignó la agencia DPA.
Burnham también insistió en que la audiencia no tiene como objeto resolver la soberanía de las islas.
"No aceptamos la caracterización argentina de la situación. Los isleños de las Malvinas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales, y el inicio del proceso por parte de la Argentina no implica, por sí mismo, que deba cesar una actividad económica lícita", agregó.
El funcionario concluyó que el Gobierno británico expondrá su posición legal ante el organismo internacional.
La visita de la princesa Ana a Malvinas
En medio de la controversia diplomática y judicial, un dato relacionado con la familia real británica también quedó registrado en los días previos al inicio de las audiencias. La princesa Ana, hermana del rey Carlos III, partió durante la noche del 8 de noviembre desde el aeropuerto East Midlands, en Leicestershire, con destino a las Islas Malvinas.
El viaje fue confirmado por el Court Circular, el registro oficial de actividades de la Casa Real británica.
Según ese documento, la princesa viajó acompañada por su esposo, el vicealmirante sir Timothy Laurence, y por la teniente coronel Catherine Skinner.
La llegada al archipiélago se produjo el 9 de noviembre, un día antes de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar comenzara a escuchar en Hamburgo los argumentos presentados por la Argentina y el Reino Unido.
Cómo funciona el procedimiento y por qué interviene el Tribunal del Mar
El proceso tiene una particularidad jurídica que determina el alcance de las audiencias de esta semana. El Reino Unido eligió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como foro para resolver las controversias previstas en la Convemar, mientras que la Argentina optó por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).
Como las elecciones de ambos países no coinciden, la controversia de fondo deberá resolverse mediante un procedimiento arbitral establecido en el Anexo VII de la Convemar.
En ese esquema, el Tribunal del Mar tiene una intervención limitada: puede dictar medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá abordar la controversia principal.
Por lo tanto, las audiencias previstas para el 10 y el 11 de noviembre en Hamburgo no tienen como finalidad resolver definitivamente la disputa de soberanía, sino determinar si corresponde adoptar medidas cautelares para preservar los derechos invocados por la Argentina.
Para concederlas, el organismo debe verificar tres condiciones fundamentales:
Jurisdicción prima facie: determinar si el futuro tribunal arbitral tendría, al menos de manera preliminar, competencia sobre la controversia.
Urgencia: comprobar que existe una situación que requiere una intervención provisional sin esperar la resolución definitiva.
Verosimilitud del derecho: establecer si los derechos que la Argentina busca proteger cuentan con fundamentos razonables tanto en los hechos como en el derecho.
Un especialista en derecho internacional consultado por Infobae precisó que, de acuerdo con el Estatuto y el Reglamento del Tribunal, la decisión sobre las medidas provisionales debería dictarse un mes después de la presentación argentina.
Ese plazo vencería el viernes 13 de noviembre, aunque no se descarta que el organismo difiera su resolución hasta el lunes siguiente.
miento del 0,6%, mientras que para Catamarca la mejora fue del 0,8%.
confirmó su ausencia con un sugestivo mensaje en redes sociales
cación casera con acceso de "Nivel 1". La Justicia federal ordenó su detención y el allanamiento de su domicilio.
al de Niños.
peso para la sociedad; son una bendición".
har al artista y los testimonios de quienes viven en la institución.
