Paraguay busca asumir temporalmente el control de empresas vinculadas a Ueno Bank

El Gobierno de Paraguay impulsará un proyecto de ley destinado a evitar el cierre de empresas vinculadas a Ueno Bank y proteger los puestos de trabajo de sus empleados, luego de la disolución de la entidad financiera. La propuesta, anunciada por el presidente Pedro Alliana, contempla la posibilidad de que el Estado asuma temporalmente la administración de determinadas compañías relacionadas con la institución, con el propósito de garantizar su continuidad operativa y evitar que la situación financiera derive en despidos.

El mandatario adelantó que enviará la iniciativa al Congreso, donde deberá ser considerada, y explicó que la prioridad de su administración será preservar las actividades de las empresas afectadas y resguardar los empleos de quienes dependen de ellas.

La propuesta establece un mecanismo de intervención transitoria que permitiría designar administradores temporales durante un período de ocho meses, apartar a los actuales directivos y avanzar en un proceso de ordenamiento de las cuentas de las compañías. De esta manera, el Gobierno pretende establecer condiciones que permitan sostener el funcionamiento de las firmas mientras se desarrolla el proceso previsto en el proyecto.

El anuncio se produce en el contexto de la disolución de Ueno Bank y de las consecuencias que esa situación podría generar sobre las empresas vinculadas a la entidad financiera. Frente a ese escenario, el Ejecutivo paraguayo busca implementar una herramienta legal que permita actuar sobre las compañías alcanzadas, con especial atención a la continuidad de sus operaciones y a la protección de sus trabajadores.

El mensaje de Pedro Alliana y la prioridad del empleo

A través de su cuenta en la red social X, Pedro Alliana expresó cuál será el objetivo central de la iniciativa y dejó en claro que la protección de las fuentes laborales constituye una de las principales preocupaciones del Gobierno.

"Vamos a proteger los empleos de las empresas afectadas por la situación de Ueno Bank. Mi prioridad es que estas empresas sigan trabajando y que la gente no pierda su empleo", manifestó el presidente.

Sus declaraciones acompañaron el anuncio del envío del proyecto al Congreso y definieron el propósito de la intervención estatal propuesta: impedir que las dificultades relacionadas con la entidad financiera terminen provocando el cierre de compañías o la pérdida de puestos de trabajo.

En ese sentido, la iniciativa no se limita a contemplar un cambio temporal en la conducción de las empresas, sino que también apunta a establecer condiciones administrativas y financieras que permitan preservar sus estructuras operativas. El período de ocho meses previsto para la designación de administradores constituye uno de los elementos centrales del mecanismo que el Ejecutivo pretende poner en marcha.

El Estado asumiría una administración transitoria

El alcance jurídico de la iniciativa fue explicado por Eduardo González, asesor jurídico de la Presidencia, quien detalló que el proyecto permitirá al Estado asumir de manera transitoria la administración de las firmas vinculadas a entidades financieras que se encuentren en proceso de resolución.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario explicó que el mecanismo estará orientado a intervenir temporalmente en la conducción de las compañías alcanzadas, con el propósito de ordenar su situación y proteger los bienes y recursos necesarios para sostener sus operaciones.

La designación de administradores temporales y el apartamiento de los actuales directivos forman parte de las herramientas contempladas para desarrollar ese proceso. La intención es que las empresas puedan continuar funcionando bajo una administración transitoria, mientras se adoptan medidas destinadas a ordenar sus cuentas y preservar sus activos.

Sin embargo, González introdujo una aclaración fundamental sobre las responsabilidades financieras que asumiría el Estado: el Gobierno no se hará cargo de las deudas de esas empresas.

Restricciones para proteger los activos

Otro de los aspectos centrales del proyecto está relacionado con las restricciones que se establecerían para impedir operaciones que puedan afectar el patrimonio de las empresas durante el período de administración transitoria.

De acuerdo con las explicaciones brindadas por Eduardo González, la iniciativa contempla limitaciones específicas sobre determinadas operaciones financieras y patrimoniales. Estas disposiciones buscarán preservar los bienes de las compañías y evitar que se produzcan movimientos que puedan comprometer su situación mientras se desarrolla el proceso de intervención.

Entre las restricciones mencionadas se encuentran:

Transferencias de bienes: se establecerán limitaciones para impedir operaciones que puedan modificar o reducir el patrimonio de las empresas.

Distribución de dividendos: se restringirá el reparto de ganancias durante el período contemplado.

Pagos de créditos a accionistas: se establecerán impedimentos para realizar este tipo de operaciones.

Movimientos de fondos: se limitarán las transferencias de dinero que se encuentren fuera de las operaciones habituales de las compañías.

Estas disposiciones forman parte del esquema de protección patrimonial que el Ejecutivo pretende establecer. La intención es evitar que, durante la administración transitoria, se realicen operaciones que puedan perjudicar los activos de las firmas o dificultar la continuidad de sus actividades.

El alcance de las restricciones también refleja que la intervención propuesta tendrá condiciones específicas. No se tratará simplemente de reemplazar a los directivos actuales, sino de establecer controles sobre determinadas decisiones empresariales y financieras mientras dure el proceso.