Diputados debate la "Ley Malvinas" y la reforma del Banco Central en una sesión caliente

El debate comenzará al mediodía y tendrá un amplio temario que incluye acuerdos judiciales con la Ciudad de Buenos Aires y el convenio de libre comercio entre el MERCOSUR y la AELC. La discusión más delicada estará centrada en el capítulo 7 de la denominada Ley Malvinas y en los cambios a la Carta Orgánica del Banco Central.
POLITICA Y ECONOMIA18/11/2026Primeras LíneasPrimeras Líneas

La Cámara de Diputados abrirá este miércoles el recinto para tratar un conjunto de iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional. Entre los principales puntos del temario se encuentran la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como "Ley Malvinas", y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La sesión especial fue solicitada por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, junto con otros diputados del oficialismo. El debate comenzará a las 12 del mediodía y se prevé una jornada extensa, que podría prolongarse hasta altas horas de la madrugada debido a la cantidad de proyectos y a las diferencias políticas que atraviesan algunas de las iniciativas.

Además de las dos reformas principales, los legisladores deberán considerar los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires en materia de delitos de menores y delitos contra la integridad sexual. También forman parte del temario el Convenio de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), y la enmienda al Protocolo de Montevideo.

La agenda combina asuntos vinculados con la organización institucional, la seguridad nacional, la política monetaria y las relaciones comerciales. Sin embargo, la atención política estará concentrada especialmente en la posibilidad de que el oficialismo consiga aprobar la Ley Malvinas sin perder uno de sus capítulos más cuestionados y en la definición del nuevo esquema de funcionamiento del Banco Central.

Ley Malvinas: el oficialismo tiene los votos generales

El Gobierno cuenta con los votos necesarios para aprobar en general el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, aunque la situación podría complicarse cuando llegue el momento de votar cada capítulo por separado. El principal foco de conflicto está puesto en el capítulo 7, cuya redacción genera resistencias entre distintos sectores dialoguistas.

El jueves pasado, el oficialismo intentó ordenar el respaldo de sus aliados durante una reunión a puertas cerradas realizada en el Salón de Honor. El encuentro dejó posiciones diferentes entre los bloques: el PRO y la UCR se comprometieron a acompañar el texto, con o sin modificaciones, mientras que Provincias Unidas, Argentina Federal y la diputada radical Karina Banfi, que integra un bloque unipersonal, reclamaron cambios de mayor profundidad en el capítulo 7 como condición para aportar sus votos.

La respuesta del oficialismo se limitó a prometer retoques menores. Esa decisión mantiene abierto el riesgo de que el capítulo completo sea eliminado durante la votación en particular.

El procedimiento contempla primero la aprobación general del proyecto y luego el tratamiento desglosado de sus capítulos. Para que el capítulo 7 quede aprobado se requiere una mayoría especial de 129 votos, debido a que incorpora, entre otros elementos, modificaciones al sistema electoral y establece multas para extranjeros que financien campañas electorales.

Ese número de respaldos no está garantizado. Por esa razón, no se descarta que el Gobierno acepte retirar el capítulo a último momento para reunir una mayoría más amplia alrededor del núcleo de la iniciativa: las sanciones a empresas petroleras que operen sin autorización argentina en el Atlántico Sur.

Las sanciones por explotación de recursos en la cuenca de Malvinas

Uno de los componentes del proyecto que cuenta con mayor aceptación entre los sectores de la oposición dura es el régimen de sanciones penales y económicas para quienes exploten recursos renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas sin autorización argentina.

La iniciativa establece penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas de empresas, socios y proveedores involucrados en esas actividades. Quedan exceptuados los accionistas que tengan participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión cuya intervención en las operaciones sea indirecta.

El proyecto también contempla sanciones para quienes organicen o colaboren con operaciones de inteligencia por cuenta de un Estado extranjero contra la seguridad nacional argentina, revelen secretos de Estado a otro país o participen en campañas de sabotaje contra el Gobierno o la población nacional.

A raíz de las numerosas críticas que recibió la propuesta, el Gobierno aceptó excluir de cualquier tipo de persecución penal o económica determinadas actividades. La excepción alcanza a la actividad diplomática, el ejercicio periodístico, la investigación académica y el lobby regulado.

Aunque el régimen sancionatorio relacionado con la explotación no autorizada de recursos en el Atlántico Sur encuentra respaldo en sectores opositores, el resto de la reforma despierta cuestionamientos, en particular por las atribuciones que se propone otorgar al Poder Ejecutivo ante la aparición de una "amenaza externa", definida en términos que la oposición considera imprecisos.

El CSN y las nuevas facultades del Ejecutivo

Para el peronismo y la izquierda, el proyecto constituye un "caballo de Troya" que esconde una concentración de poder sin precedentes en el Poder Ejecutivo. Según la postura de esos sectores, la iniciativa permitiría adoptar medidas excepcionales como si fueran decisiones habituales de gobierno.

Uno de los principales puntos de discusión es la creación y las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, un nuevo organismo encargado de coordinar una estrategia unificada en materia de seguridad, defensa e inteligencia estratégica.

El Consejo será presidido por el Presidente de la Nación y estará integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, además del titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica. A pedido de bloques aliados, el oficialismo aceptó ampliar su composición mediante la incorporación, como miembros no permanentes, del presidente de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del Senado y gobernadores.

Entre las funciones previstas para el organismo se encuentra la protección de infraestructuras críticas. Además, podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza externa grave. Entre las herramientas contempladas figuran:

Restringir operaciones cambiarias y financieras.

Bloquear temporalmente fondos y activos.

Suspender autorizaciones o contrataciones.

Restringir importaciones y exportaciones.

Elevar temporalmente los derechos aduaneros.

La amplitud de esas facultades constituye uno de los aspectos más controvertidos de la iniciativa, debido a la posibilidad de que el Ejecutivo adopte decisiones de impacto económico y financiero bajo el argumento de enfrentar una amenaza externa grave.

Derribo de aeronaevs, hundimiento de buques y participación militar

La reforma mantiene otros puntos que generan fuertes cuestionamientos: el protocolo para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques, y la autorización para que las Fuerzas Armadas puedan participar en las denominadas "operaciones no convencionales".

Las objeciones se concentran en que esas disposiciones podrían desdibujar la separación entre las funciones y facultades de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. El planteo crítico sostiene que, con el nuevo esquema, estas últimas podrían desempeñarse en tareas de Seguridad Interior.

En un intento por incorporar mecanismos de control institucional, el oficialismo aceptó una modificación solicitada por el diputado Eduardo Falcone (MID): la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento dentro del Congreso, encargada de auditar y monitorear las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional.

El articulado establece que el Poder Ejecutivo deberá informar a esa comisión las medidas adoptadas en el ámbito del Consejo en un plazo máximo de 48 horas. La incorporación de la bicameral introduce una instancia de seguimiento legislativo sobre las decisiones que tome el nuevo organismo.

El RePET y las críticas por la amplitud de las definiciones

Otro punto polémico es la incorporación con rango legal del Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET). El proyecto habilita la inscripción de organizaciones en ese registro, conocido como una lista negra, cuando existan "motivos razonables para sospechar".

Para los sectores opositores, las definiciones de "terrorismo" y "amenaza externa" incluidas en el texto son demasiado amplias y carecen de precisión técnica. Advierten que esa falta de delimitación podría abrir la puerta a decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, con capacidad para perseguir expresiones de disidencia legítima y restringir libertades civiles y políticas.

Las diferencias sobre este punto se suman a las objeciones relacionadas con el Consejo de Seguridad Nacional, las atribuciones excepcionales y la eventual participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Así, mientras el oficialismo busca sostener el núcleo de la Ley Malvinas, la discusión sobre sus instrumentos institucionales y sus alcances podría definir el destino del capítulo 7.

Reforma del Banco Central

El segundo gran tema de la sesión será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa que el oficialismo considera central para consolidar su política monetaria y evitar que futuras administraciones puedan modificar el rumbo de la entidad.

En el tratamiento en comisiones, al Gobierno no le alcanzaron los respaldos para firmar un dictamen que insistiera con la redacción original aprobada por Diputados. Aquella media sanción había establecido un mecanismo destinado a dificultar la remoción de los directores del Banco Central por parte de una administración posterior de distinto signo político.

El proyecto original exigía una mayoría de dos tercios de los votos en ambas cámaras para remover a los integrantes del directorio. La intención era establecer una suerte de cerrojo institucional que impidiera que un futuro gobierno pudiera desplazar con facilidad a las autoridades de la entidad y volver a impulsar la emisión monetaria que el oficialismo identifica como inflacionaria.

Sin embargo, el Senado modificó ese mecanismo y lo reemplazó por una mayoría absoluta del pleno de la Cámara alta para remover a los integrantes del directorio.

Después de intentar recuperar la redacción original, el oficialismo en Diputados terminó aceptando, aunque a regañadientes, los cambios introducidos por el Senado. Esa modificación deja a la Cámara baja sin voz ni voto en la designación y remoción de los funcionarios del Banco Central, según el esquema que se tratará en la sesión.

Emisión cero y mandato único

Más allá de las modificaciones sobre la integración del directorio y las mayorías necesarias para incorporar o remover a sus miembros, el proyecto busca establecer como principio rector la "emisión cero".

La postura del Gobierno es que el saneamiento actual del balance del Banco Central no resulta suficiente si una administración futura puede volver a utilizar la emisión monetaria para financiar al Estado y generar inflación. Para avanzar en esa dirección, la iniciativa elimina la multiplicidad de propósitos que había incorporado la Ley 26.739 de 2012, sancionada durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y propone reemplazarla por un mandato único: preservar el valor de la moneda y prohibir el financiamiento al Tesoro.

El proyecto sostiene que "volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación". También afirma que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, generado por un exceso de oferta que provoca una pérdida del poder adquisitivo del dinero, y que no debería corresponderle al Banco Central ocuparse de otros objetivos.

En función de ese criterio, la reforma establece una serie de prohibiciones destinadas a limitar las herramientas de financiamiento y las atribuciones de la autoridad monetaria:

Adelantos transitorios al Tesoro.

Préstamos a las provincias.

Uso de letras intransferibles.

Conversión de utilidades en ganancias reales.

Compra de títulos públicos en el mercado primario.

La iniciativa también plantea retirar de las atribuciones del directorio las funciones de orientación del crédito hacia determinados destinos y las políticas crediticias diferenciadas, consideradas propias de la banca de fomento y ajenas a la misión de una autoridad monetaria.

Según los fundamentos del proyecto, la utilización de la emisión o de regulaciones distorsivas para impulsar esas políticas habría demostrado ser ineficaz para los objetivos declarados y perjudicial para la preservación del valor de la moneda.

La intención del presidente Javier Milei es blindar institucionalmente al Banco Central y evitar que eventuales cambios en el signo político del Gobierno alteren el esquema monetario. Para el oficialismo, el saneamiento del balance actual no garantiza por sí mismo la estabilidad futura si otra administración puede volver a recurrir a la emisión y generar inflación.

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