Corrupción: Baratta recibió autorización judicial para pasar Año Nuevo en las playas de Buzios

El exsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, mano derecha de Julio De Vido, obtuvo por mayoría del Tribunal Oral Federal 3 el permiso para viajar con su familia. Aunque fue condenado a tres años y seis meses de prisión por la compra de gas natural licuado, tiene otraRoberto Barattas cuatro causas judiciales en trámite y un embargo que todavía no pagó.
NACIONALES 18/11/2026Primeras LíneasPrimeras Líneas

El exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, quien fue la mano derecha de Julio De Vido durante su gestión al frente del Ministerio de Planificación Federal, recibió autorización judicial para viajar a Brasil y pasar las celebraciones de Año Nuevo en las playas de Buzios, en las afueras de Río de Janeiro. La decisión fue adoptada por mayoría por el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3), que habilitó su salida del país entre el 28 de diciembre de 2026 y el 6 de enero de 2027, pese a que tiene una condena por corrupción y enfrenta otras investigaciones judiciales.

El argumento presentado por su defensa para justificar el desplazamiento fue que se trata de un viaje por motivos de recreación familiar. Los jueces consideraron que no existían impedimentos suficientes para rechazar el pedido y autorizaron la salida del territorio nacional, aunque establecieron una condición concreta: Baratta deberá presentarse ante el tribunal dentro del tercer día hábil posterior a su regreso.

La resolución adquiere particular relevancia por la situación judicial del exfuncionario. Baratta fue condenado por el Tribunal Oral Federal 7 a tres años y seis meses de prisión por el expediente relacionado con la compra de gas natural licuado (GNL), una causa en la que se acreditaron sobreprecios y un perjuicio millonario para el Estado. Sin embargo, no irá a prisión hasta que el fallo quede firme.

A esa condena se suman otros expedientes en los que se investigan presuntas irregularidades durante su paso por el Ministerio de Planificación Federal, entre ellos la causa de los Cuadernos de las Coimas, el manejo de la denominada «caja chica» de esa cartera, el presunto enriquecimiento ilícito y el expediente relacionado con el pago de dádivas por parte de directivos de Techint.

La condena por el negocio del gas natural licuado

Uno de los antecedentes judiciales más importantes de Baratta es la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal 7 en la causa por la compra de gas natural licuado. En ese expediente fue condenado a tres años y seis meses de prisión como coautor del delito de administración fraudulenta agravada.

La investigación judicial determinó que las operaciones de adquisición de GNL se realizaron con sobreprecios y provocaron un perjuicio económico para el Estado. El tribunal dio por probado que la maniobra vinculada con la adquisición de 11 buques con gas natural licuado, financiados con fondos públicos, ocasionó pérdidas superiores a los 5,5 millones de dólares.

La sentencia también dispuso la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de Julio De Vido y Roberto Baratta, quienes fueron alcanzados por las conclusiones judiciales sobre las irregularidades en las operaciones.

Los Cuadernos de las Coimas y las otras investigaciones

Baratta también es juzgado por el mismo tribunal oral en la causa conocida como Cuadernos de las Coimas, en la que está acusado de haber sido uno de los recaudadores del esquema de sobornos vinculado con la obra pública.

En marzo de este año prestó declaración indagatoria en ese juicio. Ese mismo día, el Tribunal Oral Federal 3 le había autorizado un viaje a Brasil junto con su familia, un antecedente que vuelve a aparecer en el análisis de la nueva solicitud de salida del país.

En la etapa de instrucción, el juez federal Julián Ercolini también lo había procesado por el delito de admisión de dádivas. Esa investigación está relacionada con beneficios que habría recibido de directivos de Techint para que intercediera ante el gobierno de Venezuela, que pretendía expropiar Sidor.

A su vez, el TOF 3 tiene a su cargo el juzgamiento de Baratta por defraudación en perjuicio de la administración pública, en relación con el manejo de la caja chica del entonces Ministerio de Planificación Federal. En ese expediente se le impuso un embargo que, según los antecedentes consignados, nunca pagó.

En paralelo, Ercolini lo procesó por enriquecimiento ilícito debido a un incremento patrimonial que, de acuerdo con el magistrado, «carecería de sustento».

Otro de los antecedentes corresponde a una investigación del juez federal Luis Rodríguez, quien había procesado a Baratta sin prisión preventiva por irregularidades en el manejo de los fondos destinados a la remodelación de la mina de Río Turbio.

De esta manera, el exfuncionario acumula una condena por el expediente del gas natural licuado y otras investigaciones relacionadas con presuntas maniobras irregulares durante su desempeño en el área de Planificación Federal.

Los argumentos de los jueces para autorizar el viaje

Para solicitar el permiso, la defensa de Baratta presentó ante la Justicia las reservas de los pasajes y del hotel, además de las constancias de la autorización que anteriormente le había concedido el Tribunal Oral Federal 7.

Los jueces Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni votaron a favor de habilitar la salida del país. Basso consideró que no podía «soslayarse» el permiso que ya había otorgado el TOF 7 y entendió que, teniendo en cuenta el estado actual del expediente, la presencia del imputado no resultaba necesaria.

Por su parte, Machado Pelloni sostuvo que no existían elementos objetivos que permitieran suponer que Baratta tuviera intención de fugarse. También tuvo en consideración que el fiscal no presentó objeciones al pedido de autorización.

La resolución estableció como única condición que el exfuncionario comparezca ante el tribunal dentro del tercer día hábil posterior a su regreso a Argentina.

Sin embargo, la decisión no fue unánime. El juez Javier Ríos votó en disidencia y planteó objeciones relacionadas con la situación patrimonial de Baratta y el embargo que pesa sobre él en una de las causas judiciales.

La disidencia de Javier Ríos y el embargo que sigue pendiente

Ríos recordó que él mismo había votado favorablemente en otras oportunidades para autorizar viajes de Baratta al exterior. Mencionó específicamente los permisos concedidos en diciembre de 2023 y noviembre de 2024.

No obstante, explicó que en aquellas ocasiones el exfuncionario había acreditado que los desplazamientos respondían a motivos laborales. Esa circunstancia, según su interpretación, permitía evitar una contradicción entre la situación patrimonial que Baratta había planteado ante la Justicia y la posibilidad de afrontar los gastos de un viaje internacional.

El magistrado hizo referencia a lo que consideró una «ineludible contradicción»: por un lado, Baratta sostenía que no tenía bienes ni dinero para satisfacer el embargo judicial; por otro, solicitaba autorización para viajar al exterior y afrontar los gastos que ese desplazamiento implica.

La diferencia fundamental con el nuevo pedido es que esta vez el motivo invocado fue la recreación familiar, y no una actividad laboral.

Por ese motivo, Ríos propuso que antes de autorizar la salida del país Baratta acreditara el origen de los fondos que utilizará para financiar el viaje o, alternativamente, que pagara el monto correspondiente al embargo que pesa sobre él.

Su postura, sin embargo, quedó en minoría y no modificó la decisión adoptada por los otros dos integrantes del tribunal.

Un nuevo viaje familiar a Brasil autorizado durante el año

La autorización para pasar Año Nuevo en Buzios no constituye el primer permiso de viaje concedido a Baratta durante este año. En marzo pasado, el mismo Tribunal Oral Federal 3, con idéntica mayoría, ya había habilitado al exfuncionario a viajar a Río de Janeiro durante abril para encontrarse con su esposa y sus hijos.

En aquella oportunidad, la autorización también fue concedida por los jueces Basso y Machado Pelloni, mientras que Ríos quedó en minoría.

Ahora, el nuevo desplazamiento tendrá como destino las playas de Buzios y se extenderá desde el 28 de diciembre hasta el 6 de enero. La defensa presentó las reservas correspondientes a los pasajes y al alojamiento, además de los antecedentes de la autorización anterior otorgada por el TOF 7.

La causa por la caja chica y los gastos bajo investigación

El expediente en el que se dictó la nueva autorización tiene su origen en una denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción (OA) el 13 de octubre de 2016, relacionada con el manejo irregular de los fondos rotatorios y de la caja chica del ex Ministerio de Planificación Federal.

La presentación se sustentó en un informe de auditoría elaborado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que había detectado diferentes irregularidades en la administración de los recursos públicos.

Entre las observaciones figuraban gastos injustificados, desdoblamiento de compras para evitar los procedimientos formales de contratación, sobreprecios y presupuestos apócrifos destinados a favorecer a proveedores predeterminados.

Para la Oficina Anticorrupción, los hechos denunciados no constituían episodios aislados, sino que respondían a una práctica habitual dentro del funcionamiento administrativo de la cartera.

Entre los gastos cuestionados aparecían compras de café, el alquiler de aviones para los viajes del entonces ministro y la adquisición de 585 ejemplares del libro Técnica de procedimiento penal, a la empresa La Página S.A., por un monto total de 234.000 pesos.

Los argumentos de los jueces para autorizar el viaje

Para solicitar el permiso, la defensa de Baratta presentó ante la Justicia las reservas de los pasajes y del hotel, además de las constancias de la autorización que anteriormente le había concedido el Tribunal Oral Federal 7.

Los jueces Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni votaron a favor de habilitar la salida del país. Basso consideró que no podía «soslayarse» el permiso que ya había otorgado el TOF 7 y entendió que, teniendo en cuenta el estado actual del expediente, la presencia del imputado no resultaba necesaria.

Por su parte, Machado Pelloni sostuvo que no existían elementos objetivos que permitieran suponer que Baratta tuviera intención de fugarse. También tuvo en consideración que el fiscal no presentó objeciones al pedido de autorización.

La resolución estableció como única condición que el exfuncionario comparezca ante el tribunal dentro del tercer día hábil posterior a su regreso a Argentina.

Sin embargo, la decisión no fue unánime. El juez Javier Ríos votó en disidencia y planteó objeciones relacionadas con la situación patrimonial de Baratta y el embargo que pesa sobre él en una de las causas judiciales.

La disidencia de Javier Ríos y el embargo que sigue pendiente

Ríos recordó que él mismo había votado favorablemente en otras oportunidades para autorizar viajes de Baratta al exterior. Mencionó específicamente los permisos concedidos en diciembre de 2023 y noviembre de 2024.

No obstante, explicó que en aquellas ocasiones el exfuncionario había acreditado que los desplazamientos respondían a motivos laborales. Esa circunstancia, según su interpretación, permitía evitar una contradicción entre la situación patrimonial que Baratta había planteado ante la Justicia y la posibilidad de afrontar los gastos de un viaje internacional.

El magistrado hizo referencia a lo que consideró una «ineludible contradicción»: por un lado, Baratta sostenía que no tenía bienes ni dinero para satisfacer el embargo judicial; por otro, solicitaba autorización para viajar al exterior y afrontar los gastos que ese desplazamiento implica.

La diferencia fundamental con el nuevo pedido es que esta vez el motivo invocado fue la recreación familiar, y no una actividad laboral.

Por ese motivo, Ríos propuso que antes de autorizar la salida del país Baratta acreditara el origen de los fondos que utilizará para financiar el viaje o, alternativamente, que pagara el monto correspondiente al embargo que pesa sobre él.

Su postura, sin embargo, quedó en minoría y no modificó la decisión adoptada por los otros dos integrantes del tribunal.

Un nuevo viaje familiar a Brasil autorizado durante el año

La autorización para pasar Año Nuevo en Buzios no constituye el primer permiso de viaje concedido a Baratta durante este año.

En marzo pasado, el mismo Tribunal Oral Federal 3, con idéntica mayoría, ya había habilitado al exfuncionario a viajar a Río de Janeiro durante abril para encontrarse con su esposa y sus hijos.

En aquella oportunidad, la autorización también fue concedida por los jueces Basso y Machado Pelloni, mientras que Ríos quedó en minoría.

Ahora, el nuevo desplazamiento tendrá como destino las playas de Buzios y se extenderá desde el 28 de diciembre hasta el 6 de enero. La defensa presentó las reservas correspondientes a los pasajes y al alojamiento, además de los antecedentes de la autorización anterior otorgada por el TOF 7.

La causa por la caja chica y los gastos bajo investigación

El expediente en el que se dictó la nueva autorización tiene su origen en una denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción (OA) el 13 de octubre de 2016, relacionada con el manejo irregular de los fondos rotatorios y de la caja chica del ex Ministerio de Planificación Federal.

La presentación se sustentó en un informe de auditoría elaborado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que había detectado diferentes irregularidades en la administración de los recursos públicos.

Entre las observaciones figuraban gastos injustificados, desdoblamiento de compras para evitar los procedimientos formales de contratación, sobreprecios y presupuestos apócrifos destinados a favorecer a proveedores predeterminados.

Entre los gastos cuestionados aparecían compras de café, el alquiler de aviones para los viajes del entonces ministro y la adquisición de 585 ejemplares del libro Técnica de procedimiento penal, a la empresa La Página S.A., por un monto total de 234.000 pesos.

La denuncia apuntó contra Roberto Baratta y Luis Vitullo, quien se desempeñaba como director general de Administración del ministerio.

Según la OA, ambos habrían intervenido en un circuito de expedientes armados y administrado y direccionado contrataciones que, de acuerdo con la presentación, estaban encaminadas a satisfacer intereses pecuniarios ajenos a la administración pública.

El avance de esa investigación derivó en una resolución judicial el 27 de noviembre de 2017, cuando el juez federal Sebastián Casanello procesó a Baratta y Vitullo como coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Además, dispuso el procesamiento de otras nueve personas como partícipes necesarias.

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