Fuerte rechazo de docentes de distintas facultades al accionar de la decana de Exactas y a la respuesta del rector

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POLITICA Y ECONOMIA19/11/2026Redacción Primeras líneasRedacción Primeras líneas

Un grupo de docentes de distintas facultades y de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa) difundió un pronunciamiento en el que expresó su rechazo al accionar de la decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN), Elina Silvera de Buenader, durante el conflicto por la conformación de la Junta Electoral estudiantil.

En el documento, los firmantes defendieron el derecho de los estudiantes a organizarse, deliberar y manifestarse, y cuestionaron la intervención de las autoridades universitarias en la asamblea del pasado 10 de noviembre. Además, reclamaron que se garanticen los espacios de participación democrática y se promuevan instancias de diálogo.

El pronunciamiento completo

GRUPO DE DOCENTES DE LA UNCA EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA UNIVERSITARIA Y LOS DERECHOS ESTUDIANTILES

Quienes suscribimos, docentes de diferentes facultades y de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca, expresamos el más enérgico rechazo al proceder de la Decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN), en el marco del reclamo del claustro de estudiantes y en adhesión al respeto de sus derechos y de su participación democrática. Se trata de un acto de una extrema gravedad institucional, más afín con las prácticas de los momentos más oscuros de la historia reciente de nuestro país.

Consideramos necesario señalar que manifestarse, expresar disenso y reclamar los derechos propios no constituyen, por sí mismos, actos de violencia. La protesta estudiantil es una expresión legítima de participación democrática y forma parte de la historia de las luchas universitarias por una institución más plural, participativa y respetuosa de los derechos de todos sus integrantes.

Frente a lo acontecido, nos resulta particularmente preocupante que la máxima autoridad de nuestra Universidad haya elegido pronunciarse públicamente para repudiar y cuestionar el accionar de los estudiantes, poniendo el foco en sus manifestaciones, sin otorgar la misma relevancia a los hechos que dieron origen al conflicto. Cabe preguntarnos: ¿por qué no se expresa con igual contundencia el repudio ante la irrupción e intervención de una autoridad académica en una asamblea estudiantil? ¿Por qué no se pone el mismo celo en señalar lo inconveniente o improcedente que resulta que la decana interrumpa una instancia de deliberación y dé por finalizada unilateralmente una asamblea convocada por estudiantes para debatir cuestiones inherentes a sus derechos y a su propia representación en el claustro que les pertenece?

No puede exigirse respeto por las vías institucionales mientras se desconocen o avasallan los espacios legítimos de participación estudiantil. Las autoridades universitarias tienen la responsabilidad de garantizar esos espacios, no de restringirlos ni de deslegitimar las voces que allí se expresan. Resulta llamativo que se condene públicamente la reacción de quienes reclaman, mientras no se manifiesta la misma firmeza frente a las actuaciones de quienes, desde el ejercicio de la autoridad, tienen la obligación de garantizar el respeto por los derechos de toda la comunidad universitaria. La universidad pública no puede concebirse como un espacio donde la autoridad tenga la última palabra por encima de los derechos de sus integrantes. Es, ante todo, una institución democrática, sostenida en el pluralismo, el diálogo, la libertad de expresión y asentada en el cogobierno, es decir, en la participación de sus distintos claustros.

Esto no significa desconocer la necesidad de resolver los conflictos mediante los mecanismos institucionales ni justificar eventuales conductas que vulneren derechos. Significa exigir que esos principios sean aplicados a todos por igual, sin privilegios ni dobles estándares. Como docentes, tenemos una responsabilidad que excede las aulas: defender la Universidad como espacio de formación ciudadana, pensamiento crítico y ejercicio democrático. No podemos permanecer indiferentes cuando el legítimo reclamo estudiantil corre el riesgo de ser reducido a un problema de orden o presentado como una amenaza institucional. Defender a los estudiantes no significa avalar cualquier conducta; significa reconocer sus derechos, escuchar sus demandas y garantizar que puedan ejercerlos sin intimidaciones ni avasallamientos. ¿Cómo explicar a la comunidad catamarqueña, a quien nos debemos, que es más importante perpetuarse en el gobierno universitario que la decencia y el respeto inclaudicable por las reglas de juego que avalan el funcionamiento democrático y ético de nuestra universidad? ¿Cuán democrática puede ser una gestión si hay participación limitada de los miembros de la comunidad universitaria?

Por todo lo expuesto, manifestamos nuestro respaldo al derecho de los estudiantes a organizarse, deliberar, expresarse y reclamar, y exhortamos a las autoridades universitarias a asumir una actitud responsable, garantizar los espacios de participación democrática y promover instancias de diálogo que permitan resolver los conflictos sin deslegitimar ni estigmatizar a quienes ejercen sus derechos. La autoridad no puede estar por encima de estos derechos. La universidad pública se construye con democracia, participación y respeto. Queremos una universidad democrática, libre y abierta a la participación de todos por igual, sin restricciones espurias que obturen su legitimidad.

Firmantes

Dra. María Martha Dios, profesora titular, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Dra. Judith Moreno, profesora titular, Facultad de Humanidades; Dra. Claudia Palladino, profesora titular, Facultad de Ciencias de la Salud; Dr. Juan Manuel March, profesor titular, Escuela de Arqueología; Dr. Gonzalo Salerno, profesor titular, Facultad de Derecho; Dr. Mario Alanís, profesor titular, Facultad de Humanidades; Ing. Jesús Eduardo Cano, profesor titular, Facultad de Tecnología y Ciencia Aplicadas; Esp. Rodrigo Morabito, profesor titular, Facultad de Derecho; Esp. Patricia Lobo, profesora adjunta, Facultad de Humanidades; Dra. Tamara Mascareño Varas, profesora titular, Facultad de Derecho; Lic. César Ricardo Almaraz, profesor adjunto, Facultad de Humanidades; Abog. Rolando Crook, profesor titular, Facultad de Derecho; Prof. Mario Perea, profesor titular, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Lic. Liliana Álvarez Van Cauteren, profesora titular, Facultad de Derecho; Lic. Fernando Morales, profesor titular, Escuela de Arqueología; Lic. Emanuel Soberón, profesor titular, Facultad de Derecho; Lic. José Vera, profesor titular, Escuela de Arqueología; Lic. Víctor Mansilla, profesor titular, Facultad de Derecho; Abog. María Eliana del Valle Rodríguez, profesora titular, Facultad de Derecho; Dra. Ariadna Hammann, profesora titular, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

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