Redacción Primeras líneas
En el marco de la 13° Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados, la legisladora Silvana Carrizo (UCR-Juntos por el Cambio), ingresó un proyecto de ley mediante el cual solicita que todas las empresas radicadas en la Provincia, que hayan obtenido u obtengan cualquier beneficio de promoción del Estado para su radicación y/o funcionamiento, habiliten por lo menos, una boca de venta directa en la Ciudad.
De acuerdo con el articulado, el instrumento legal prevé que los vendedores ofrezcan sus productos tanto al consumidor individual como al minorista local, de esta manera, las bocas de ventas directas, outles, comercializarán los productos en los locales de imagen de marca y para venta de aquellos de segunda calidad y discontinuados, a los comerciantes locales y a los consumidores.
En cuanto al precio de venta al comercio minorista local que realicen las empresas, será el que ellas vendan en la primera etapa de comercialización, es decir, a precio de fábrica o mayoristas, mediante los medios de pagos habituales, establece la iniciativa que prevé además que la venta de los productos por parte de las empresas promocionadas hacia el consumidor individual, se realizará de contado, tarjeta de débito o crédito en un solo pago. En tanto, el precio al consumidor, será al costo de producción incrementado por un margen de beneficio proporcional a la implementación que el sistema de comercialización represente, se expresa.
Según señala la Diputada entre sus fundamentos, pese al esfuerzo que eroga el Estado, los bienes que estas explotaciones comerciales elaboran, no pueden ser adquiridos directamente de estas fábricas por catamarqueños y catamarqueñas; sino que, la producción terminada se envía a Buenos Aires y retorna a la provincia con un precio elementalmente diferenciado.
“Resulta injusto que la provincia realice importantes inversiones para que las industrias se instalen en nuestra tierra a costa de las contribuciones que realizan los ciudadanos y que estos, paradójicamente, no puedan acceder a la mercadería que elaboran gracias, precisamente, a los aportes que entre todos hacemos” apunta Carrizo al tiempo de recordar que en 1984 se sancionó la Ley 4214 la cual establece que todas las empresas radicadas en nuestra provincia, bajo Leyes de Promoción Industrial, se encuentran obligadas a vender sus productos tanto al consumidor individual como al minorista local; la realidad es otra y finalmente la normativa no es aplicada.
Ante esta situación, la Legisladora de la oposición estima necesaria una nueva Ley, actualizada y con el fin de garantizar beneficios para los catamarqueños.
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La nueva norma busca garantizar la continuidad de la información oficial y preservar la memoria digital del Estado catamarqueño.
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