Promueven regular el teletrabajo voluntario en la Administración Pública Provincial

El diputado provincial y presidente del bloque Unión por la Patria, Gustavo Aguirre, presentó un proyecto de ley que busca regular e implementar el teletrabajo voluntario en la Administración Pública de Catamarca, con el objetivo de modernizar el Estado, mejorar la eficiencia administrativa y promover un equilibrio entre la vida laboral y familiar.
Aguirre explicó que la iniciativa responde a los desafíos y oportunidades que plantea la transformación digital y el avance tecnológico en el mundo laboral. "El teletrabajo se ha consolidado como una herramienta efectiva muy usada en el sector privado, que permite optimizar recursos, mejorar la productividad y garantizar la continuidad de las actividades administrativas sin necesidad de presencialidad", indicó.
Además, el proyecto destaca los beneficios sociales y económicos de esta modalidad, como la reducción de tiempos y costos de traslado, la disminución del tránsito y de la contaminación ambiental, y la posibilidad de brindar más oportunidades laborales a personas con responsabilidades de cuidado o con dificultades para desplazarse.
El impacto ambiental es otro de los ejes centrales. “Al reducir la movilidad diaria, el teletrabajo contribuye a disminuir la huella de carbono y a optimizar el uso de los recursos públicos” expresa y en este sentido, el proyecto se enmarca en los objetivos de la Ley 5884, que promueve el uso racional y eficiente de la energía en la administración pública.
A nivel legislativo, el proyecto se inspira en normativas nacionales e internacionales que regulan el teletrabajo en el sector público y privado, como la Ley 27.555 de Teletrabajo en Argentina y las regulaciones adoptadas en países como España y Chile. Asimismo agregó que existen otras iniciativas similares en la cámara como la de las diputadas Zalazar y Guerrero. 

Puntos clave del articulado

El proyecto establece un marco regulatorio integral para el teletrabajo en la administración pública provincial. Entre los principales puntos del articulado se destacan:
 . Potestad de la autoridad competente:  En ejercicio de la potestad de dirección, organización y planificación, la autoridad competente determinará las áreas, reparticiones y tipo de prestaciones que podrán ser realizadas mediante la modalidad de teletrabajo. 
* Voluntariedad: La adhesión al teletrabajo será voluntaria, salvo casos excepcionales debidamente justificados.

* Igualdad de derechos: Se garantiza que los trabajadores en teletrabajo tengan las mismas condiciones salariales, de capacitación y licencias que aquellos en modalidad presencial.
* Derecho a la desconexión digital: Se reconoce el derecho de los empleados a no ser contactados fuera de su jornada laboral ni durante períodos de licencia.
* Reversibilidad: Los trabajadores podrán solicitar el retorno a la modalidad presencial, sujeto a las necesidades del servicio.
* Provisión de equipamiento y compensaciones: La administración pública deberá garantizar los recursos tecnológicos necesarios o compensar económicamente a los trabajadores por los gastos de conectividad.
* Protección de datos y confidencialidad: Se establecen medidas para resguardar la información manejada en entornos digitales y garantizar la seguridad de los sistemas.
* Evaluación periódica: El Poder Ejecutivo deberá realizar evaluaciones anuales sobre el impacto del teletrabajo en la productividad, el ambiente laboral y la eficiencia de la gestión pública.
El Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos será la autoridad de aplicación, encargada de reglamentar la implementación del teletrabajo y supervisar su funcionamiento.
“La pandemia nos dejó como enseñanza que el teletrabajo es una herramienta válida y eficiente para garantizar la continuidad de la administración pública sin perder calidad en el servicio. Con esta ley buscamos darle un marco normativo estable y duradero, que modernice el Estado y lo haga más flexible y sustentable”, afirmó Aguirre.
El proyecto invita a los poderes Legislativo y Judicial, así como a los municipios de la provincia, a adherirse a la normativa, promoviendo un modelo de gestión pública innovador y alineado con los desafíos del siglo XXI.