Denuncian penalmente a la intendenta Susana Zenteno y al exjuez de Faltas de Valle Viejo por múltiples delitos

El presidente de la Juventud Radical de Valle Viejo, Ángel Emanuel Barrios, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía contra la intendenta de ese departamento, Susana Zenteno, y contra el exjuez del Juzgado de Faltas N.º 2, Federico Ruiz Martínez, por la presunta comisión de una serie de delitos que incluirían abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, peculado, hurto y usurpación de autoridad.

Según lo expuesto en la denuncia, Barrios señala que en el municipio se vienen registrando desde hace tiempo “irregularidades sistemáticas” en el cobro de multas por parte del Juzgado de Faltas N.º 2. Entre los hechos denunciados se encuentran la aplicación directa de normativas nacionales sin respaldo en ordenanzas locales, la retención indebida de caños de escape de motocicletas sin actas ni resoluciones judiciales que lo avalen, y la presunta designación irregular del juez denunciado, nombrado por decreto del Ejecutivo sin la aprobación del Concejo Deliberante, lo cual contravendría la Carta Orgánica Municipal.

“Estamos ante un cuadro de enorme gravedad institucional”, advirtió Barrios, quien también apuntó contra la intendenta Zenteno por permitir estas situaciones y haber designado a Ruiz Martínez “sin respetar los mecanismos de control que establece la Carta Orgánica”.

En la presentación judicial, el denunciante ofreció como prueba la Ordenanza Municipal N.º 1262/2024, testimonios como el del joven Santiago Vizcarra —afectado directamente por las medidas del juzgado—, y el Código de Faltas del municipio de Valle Viejo.

Barrios sostuvo que Ruiz Martínez habría renunciado recientemente al cargo, aunque no hubo hasta ahora una comunicación oficial por parte del municipio. En este sentido, solicitó a la Fiscalía que se investigue su responsabilidad penal, independientemente de que haya cesado o no en sus funciones.

Entre los delitos tipificados en la denuncia se mencionan los artículos 248, 249, 254, 261, 162 y 246 del Código Penal, y se solicita a la Justicia que cite a declarar a los involucrados y adopte medidas urgentes para preservar las pruebas.