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title: "\"Una agresión de semejante ferocidad en un espacio público de recreación familiar\""
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description: "En juicio por jurados, los tres acusados fueron declarados culpables. En audiencia de cesura de pena, a María Gilda Márquez se le impuso una condena de 11 años; a su madre María Eugenia Castro, 10 años y seis meses de prisión. Facundo Ariel Monasterio fue condenado a seis años y 10 meses de prisión."
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date_published: "2026-11-19T16:00:00-03:00"
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# "Una agresión de semejante ferocidad en un espacio público de recreación familiar"

“Valoro positivamente en favor de las imputadas su arrepentimiento puesto de manifiesto en el pedido de disculpas expresado en la audiencia de cesura”, indicó el juez director Miguel Lozano Gilyam. Las imputadas arrepentidas son **María Eugenia Castro**, su hija **María Gilda Márquez**. En este hecho, también hubo un tercer imputado, Facundo Ariel Monasterio.

A finales de octubre, en **juicio por jurados**, fueron declarados culpables por el intento de homicidio de Roxana Murúa. Márquez respondió como autora del delito de**“homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa”**. Castro y Monasterio fueron hallados culpables como partícipes de este delito. En audiencia de cesura de pena, el juez Lozano Gilyam impuso condenas de 11 años de prisión para Márquez, 10 años y seis meses de prisión para Castro y seis años y 10 meses de prisión para Monasterio.

El hecho de sangre ocurrió en enero de 2025, en El Bañado, Valle Viejo. Según la investigación, Márquez y Castro atacaron a Roxana Murúa en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Barrio 140 Viviendas. Según la investigación, todo se originó por una discusión entre el hijo de Murúa, de 13 años, y un adolescente de 16, que luego regresó al lugar junto con Márquez, Castro y Facundo Ariel Monasterio. Los sospechosos portaban varillas de hierro. Márquez, además, habría llevado un cuchillo tipo "sierrita". Cuando Murúa intentó proteger a su hijo, Castro la habría golpeado en la mandíbula y en la nuca con un fierro, mientras Márquez —aprovechando que la mujer quedó indefensa— la habría apuñalado varias veces, entre ellas en el tórax. Murúa fue internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y su vida corrió peligro.

Recientemente se conocieron los **fundamentos**de la condena. El magistrado remarcó que la agresión sucedió en horas de la noche, en una cancha de fútbol del SUM del Barrio 140 Viviendas, donde había niños y adolescentes. “No se puede soslayar el severo desprecio por la indemnidad de terceros que exhibieron los imputados. Ejecutar una agresión de semejante ferocidad en un espacio público de recreación familiar no solo multiplicó el peligro abstracto de lesionar a personas inocentes, sino que sometió a niños y adolescentes a la vivencia de un despliegue de violencia letal, con el consecuente impacto psíquico que ello conlleva”, precisó.

Además, el juez destacó la pluralidad de involucrados en la agresión. Aclaró que si bien la indefensión de la víctima es el núcleo de la alevosía, en este caso adquiere relevancia agravante la intervención conjunta y coordinada de tres personas en la ejecución del plan criminal. Esta circunstancia incrementó la capacidad ofensiva de los agresores y acentuó el desequilibrio de fuerzas. “Ha quedado fehacientemente acreditado el impacto pluriofensivo y duradero que la acción criminal de los condenados imprimió sobre la vida de la joven Murúa. Las cicatrices exhibidas de forma directa por la víctima en audiencia, no solo constituyen la prueba material de la brutalidad del ataque y del uso del arma blanca, sino que representan una secuela indeleble y permanente en su cuerpo, alterando su integridad física de manera irreversible”, señaló el juez.

A la vez, advirtió sobre el daño psíquico. Lozano Gilyam destacó que la víctima manifestó de manera elocuente y entre lágrimas, el severo sufrimiento psicológico que padece como consecuencia directa del atentado contra su vida. Para el magistrado, las secuelas traumáticas, el temor y la desestructuración de su paz mental configuran un menoscabo a su salud mental que persiste con fuerza en el tiempo. Esta situación, a su criterio, demuestra que los efectos del delito persisten en la psiquis de la afectada.

“Se ha constatado a través de los testimonios -como el de la propia Roxana Murúa- que, como consecuencia del ilícito, le impide actualmente insertarse en el mercado laboral y conseguir empleo. Este bloqueo a su autonomía económica y a su proyecto de vida no es un hecho aislado, sino una derivación causal e inmediata del ataque padecido”, sostuvo.

Con relación a la agresión por parte de Márquez, al momento de imponer el monto de la pena, el juez director sopesó la naturaleza de la acción y el medio empleado. Según el magistrado, el empleo de un cuchillo tipo sierrita, por sus características y aptitud para provocar lesiones de extrema gravedad, sumado a que la estocada fue dirigida al tórax de la víctima -zona vital del cuerpo- exteriorizan una mayor peligrosidad evidenciada en el ataque concreto, no consumado por razones ajenas a su voluntad.

Respecto a la intervención de Castro como partícipe necesaria ponderó de disvaliosa el particular vínculo filial con la autora material. “En su condición de madre de la agresora principal y persona de mayor madurez, debió haber actuado como un factor de contención o disuasión frente al impulso violento de su hija. Lejos de cumplir con ese estándar mínimo de convivencia, optó por involucrarse activamente en la agresión, potenciando el riesgo letal”, sostuvo. Además, destacó que **Monasterio**, declarado culpable como partícipe secundario, no ejerció violencia física sobre la propia víctima pero su agresión consistió específicamente en interceptar, agredir y sujetar al hijo de la víctima, quien presencio cómo se atentaba contra la vida de su propia madre.

Madre e hija están privadas de la libertad desde enero de 2025 en una Unidad Penitenciaria Nº 2, popularmente conocida como Correccional de Mujeres. Monasterio mantiene la libertad hasta que la sentencia quede firme.

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