Mercedes Marcó del Pont: “La moratoria le va a dar oxígeno a las pymes”

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Con la moratoria, AFIP apunta a volver a poner a las pymes en carrera. Además, lanza un plan de formalización de comercios de barrios para que accedan a los beneficios de las políticas redistributivas.

El tema de la “coordinación entre distintas áreas” para apuntalar la política económica de recuperación del empleo, la producción y el consumo, vuelve una y otra vez a la conversación con Mercedes Marcó del Pont, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Cuando explica la moratoria lanzada para pymes, microempresas y entidades sin fines de lucro, se explaya sobre la crisis que dejó la política de los cuatro años de macrismo, particularmente en las consecuencias “para los sectores más vulnerables”. Y sostiene que ahora es necesario “tender un puente” para que esos sectores se reintegren a la actividad, por ejemplo con la moratoria impositiva y previsional, de la mano de las políticas redistributivas que ya puso en marcha el actual gobierno. Condena lo hecho por la AFIP en estos cuatro años, no sólo por sus políticas “funcionales a la lógica del neoliberalismo, con una Aduana actuando de forma deliberada en contra de la producción nacional”, sino además por las prácticas de “persecución que hubo, adentro sobre los empleados de esta institución, y afuera, contra ex funcionarios kirchneristas, y contra empresarios cercanos al kirchnerismo”. Ex titular del Banco Nación y del Banco Central, destacada especialista en análisis macroeconómico y políticas de desarrollo, Marcó del Pont anticipó que en el transcurso de febrero tendrá “reglamentado y en funcionamiento” el reintegro del 15 por ciento sobre las compras con tarjeta de los beneficiarios de la AUH, de jubilación mínima y del Plan Alimentar, y que trabaja intensamente en la formalización de pequeños comercios “de cercanía en barrios populares, para que el beneficio de los recursos que el Estado está lanzando al mercado no quede reservado para beneficio exclusivamente de los hipermercados”. Moratoria para grandes empresas, replanteo del sistema del monotributo, mejoramiento de la fiscalización aduanera, son otros entre tantos temas en los que trabaja la hiperactiva funcionaria, que ya tiene “equipos de trabajo” designados a elaborar propuestas para cada uno de ellos.

–Mencionaron que la deuda impositiva y previsional de las pymes rondaría los 400 mil millones de pesos. ¿Cómo se llega a una cifra así tras cuatro años de políticas recesivas?

–Parte de ese endeudamiento con la AFIP es la contracara de la imposibilidad que tenían estos sectores para regularizarse, sumergidos como estaban en una situación crítica. Nosotros empezamos a trabajar en algunas de estas propuestas antes del 10 de diciembre, y en el diálogo con sectores de la producción la deuda con la AFIP aparecía como uno de los temas más sensibles. Por el ahogo financiero en que se encontraban. Cuando la AFIP fijaba las tasas de interés por mora, en los planes de financiación, no estaba ajena a la lógica de la financiarización neoliberal. La responsabilidad de este brutal endeudamiento con la AFIP es también producto de la virtual desaparición del canal del crédito en el sistema financiero. Todo eso hizo que se formara una inmensa bola de deuda con la AFIP que abarca, si sumamos los planes de regularización que iban camino a dejar de pagarse, más de 400 mil millones de pesos sólo de pymes, según estimamos. Casi el 70% de la deuda que hoy tienen los contribuyentes con la AFIP es de pymes y entidades sin fines de lucro.

–¿Con este plan de moratoria van al rescate de esa deuda?

–Lo que hace esta moratoria es reparar y contribuir a dar oxígeno a ese sector. Mal podemos pensar que un sector productivo a media máquina, si no tiene capital de trabajo, puede responder a un impulso de demanda como está dando este gobierno. En estos cuatro años detectamos que han desaparecido 24.500 pymes empleadoras. El 91 % eran empresas de hasta diez empleados. Esta franja de pequeños y microempresarios fue arrasada. Entonces, lo que hay que hacer es contribuir a darle ese oxígeno financiero que necesitan las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, para arrancar. Por eso generamos este período de gracia de seis meses, esa ventana para empezar a pagar la primer cuota que vence a mediados de julio.

Las moratorias tienen que salir por ley, porque se hace una quita de los intereses, se condonan las multas y eso reduce el stock de deuda enormemente. El espíritu también fue reducir la deuda, por eso la discusión por incorporar el capítulo de financiamiento pyme en la ley de Solidaridad y Reactivación Productiva fue fundamental. Porque si hubiéramos planteado un plan de pagos, por más que fuera generoso, sobre esa bola enorme de deuda sin ningún tipo de quita, a poco andar hubiésemos caído en el mismo problema.

Creo que es un puntapié muy relevante para que las empresas pymes puedan ponerse en condiciones. Pero no es un parche, es una medida coherente con otro conjunto de decisiones de política económica que van en el mismo sentido.

–¿Qué respuesta encontraron del personal técnico en la AFIP? ¿Hubo que hacer modificaciones en la estructura para emprender la tarea que se proponen?

–La respuesta fue muy buena. Yo reivindico y valoro enormemente la capacidad profesional que tiene esta institución. Seguramente tiene que ver con que hay buenos niveles salariales, pero también una enorme capacidad de trabajo, que sólo había que poner en movimiento. Faltaba estímulo, dar las consignas, las orientaciones. Todavía me sigo sorprendiendo cuando me cuentan las cosas que sufrieron los trabajadores de la AFIP en los últimos cuatro años de persecución, maltrato, desplazamientos. Les controlaban los mails, los contactos telefónicos. Hubo persecución hacia adentro pero también, como sabemos, hacia afuera: a ex funcionarios del kirchnerismo, a empresarios cercanos al kirchnerismo. Todo eso quedó muy a la vista.

Esta es una institución muy grande, hay 22 mil personas trabajando. De la AFIP central dependen 13 direcciones y subdirecciones que, a su vez, se multiplican. De esas 13 yo cambié a 10, son cargos políticos, los cambié y puse a gente de absoluta confianza. Y estamos trabajando con ese mismo espíritu con las tres direcciones generales, a cargo de gente con muchísimo conocimiento de cada tema. Carlos Castagneto en Seguridad Social, Virginia García en la DGI y Silvia Traverso en Aduanas. Estamos trabajando de manera absolutamente coordinada, dando instrucciones a cada área y hay muy buena respuesta.

–Algunas cámaras empresarias reclaman algún alivio fiscal para las empresas que no son pymes. ¿Qué se está contemplando en ese plano?

–La crisis económica que provocó el macrismo arrasó con todo. Las pequeñas y medianas empresas en situación de vulnerabilidad tuvieron un impacto mayor por falta de espaldas financieras, pero la situación de deuda de muchas grandes empresas también es importante. Por eso vamos a impulsar un plan de cancelación de deuda impositiva y previsional. Estamos trabajando en eso.

Hay una cuestión de fondo, que no está desarticulado de lo anterior. La moratoria fiscal y la ley de solidaridad es una respuesta a una gestión de gobierno que en los últimos cuatro años discriminó en contra de las pymes. La ley de solidaridad en muchos capítulos lo que hace es desandar la reforma tributaria de Macri, que desfinanció la seguridad social y estableció una convergencia de las alícuotas que se pagaban por las contribuciones patronales, que supuso subírselas a las pymes y bajársela a las grandes. De lo que se trata ahora es de ser más equitativo y atender la situación de todo el entramado pyme. Nosotros le pusimos freno a esa convergencia.

La progresividad está implícita en la actual política tributaria, ahora hay que ver cómo se materializa en los hechos, como se capta toda esa mayor capacidad contributiva. Para eso se necesita una política de fiscalización, de inteligencia y de recaudación

Fuente: www.pagina12.com.ar

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