La Justicia peritará el celular de un exfuncionario clave en el escándalo de la ANDIS

La Justicia federal avanza en la causa que investiga un presunto entramado de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En las próximas horas se procederá a la apertura del teléfono celular de Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud, quien fue desplazado del organismo tras la difusión de los audios de Diego Spagnuolo.

En esas grabaciones, Spagnuolo —exfuncionario de la Secretaría General de la Presidencia— aseguraba: "Me pusieron a un tipo que maneja toda la caja mía", en referencia a Garbellini, a quien señalaba como la persona designada para operar el presunto circuito de retornos.

La apertura del dispositivo será realizada por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal. Los peritos buscarán mensajes, llamadas y archivos que puedan aportar elementos clave a la investigación.

El rol de Garbellini en Incluir Salud

Durante su paso por la ANDIS, Garbellini tuvo a su cargo el programa Incluir Salud, destinado a personas con pensiones no contributivas que carecen de otra cobertura médica. En paralelo a las denuncias por corrupción, se recortaron miles de prestaciones y se suspendieron contrataciones de profesionales, dejando a numerosos beneficiarios sin atención.

En los audios difundidos, Spagnuolo afirma que Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, habría impulsado la designación de Garbellini en la ANDIS para garantizar la supuesta maniobra de cobro de coimas.

El avance judicial

El expediente, que tramita en el juzgado de Sebastián Casanello y está a cargo del fiscal Franco Picardi, también involucra a los dueños de la droguería Suizo Argentina, Eduardo Kovalivker y sus hijos Jonathan y Emmanuel. Hasta el momento, la familia empresaria ha mostrado escasa colaboración con la Justicia

Además, el fiscal dispuso solicitar informes a la Oficina Anticorrupción, a fin de determinar si existieron denuncias previas de prestadores del sistema Incluir Salud. Algunos de ellos sostienen que se les exigían pagos ilegales para destrabar transferencias nacionales a las provincias.

De confirmarse estas maniobras, la causa podría escalar y comprometer a más funcionarios y empresarios vinculados a la provisión de medicamentos y servicios de salud en el organismo.