Diputados aprobó un proyecto para garantizar el acceso a la salud mental

En la vigésima sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó un abanico de iniciativas orientadas a ampliar derechos, modernizar políticas públicas y mejorar servicios vinculados a la seguridad vial y al ordenamiento normativo. Entre ellas, tuvo especial centralidad la propuesta para garantizar el derecho a la protección integral de la salud mental en Catamarca. Además, avanzaron proyectos que abordan la conectividad y una depuración legislativa de normativas provinciales.

Derecho a la salud mental

En la sesión, el proyecto impulsado por Claudia Palladino (FT) obtuvo media sanción por unanimidad y propone consolidar un modelo de atención a la salud mental que afirme la autonomía provincial en la materia, con políticas inclusivas, comunitarias y respetuosas de la dignidad humana. Como miembro informante, Palladino explicó que la iniciativa “tiene como objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental”. Subrayó además que el texto reconoce la salud mental como “un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona”

La legisladora detalló también que el proyecto incorpora una mirada integral que incluye a las adicciones (relacionadas tanto al consumo problemático de sustancias legales e ilegales como a juegos o uso excesivo de pantallas) dentro de las políticas de salud mental. En esa línea, señaló que la normativa garantiza “el derecho a recibir atención integral de calidad y humanizada en hospitales generales y dispositivos comunitarios, tanto en el ámbito público como privado”, y prohibe expresamente “someter a las personas a discriminación, violencia o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

El articulado incorpora además principios de autonomía y transparencia, al establecer que toda intervención debe regirse por el consentimiento informado y que el diagnóstico no podrá fundarse exclusivamente en factores como “la posición política, la situación socioeconómica, la pertenencia a un grupo cultural o religioso, la orientación sexual o identidad de género, o la falta de adecuación a valores morales, sociales o culturales”.

Durante el debate, legisladores de los distintos bloques destacaron que la iniciativa impulsa una transición real hacia un modelo desmanicomializador y fortalece la red de atención comunitaria. Entre los aspectos celebrados mencionaron la consolidación de dispositivos como consultas ambulatorias, atención domiciliaria supervisada, equipos interdisciplinarios de cercanía y apoyos a grupos familiares, claves para la continuidad de cuidados y la integración social de las personas.

Conectividad en puestos camineros
También obtuvo media sanción el proyecto de Carlos Marsilli (UCR), orientado a garantizar acceso a internet en todos los puestos camineros de la provincia para facilitar la presentación de documentación vehicular mediante la aplicación Mi Argentina. Marsilli explicó que la iniciativa prevé “implementar el servicio de WiFi gratuito para los usuarios de las rutas, mejorando la experiencia y permitiéndoles acceder a información útil mientras viajan”.

El autor del proyecto destacó además que la medida tiene un impacto directo en la seguridad y coordinación entre organismos: “La conexión a Internet en los puestos camineros es crucial para la seguridad, ya que permite una comunicación rápida y eficiente entre diferentes organismos de seguridad, así como el acceso a información relevante en tiempo real”. Añadió que esta conectividad “facilita la coordinación de operativos, el intercambio de datos sobre vehículos sospechosos o personas buscadas, y la respuesta rápida ante emergencias”.

Ordenamiento del sistema legal
El cuerpo también dio media sanción a la iniciativa de Tiago Puente (GdC) para avanzar con un proceso de depuración legislativa que permita ordenar el sistema normativo provincial y eliminar leyes obsoletas. Puente advirtió que “la existencia de leyes obsoletas o en desuso no solo genera confusión en la aplicación del derecho, sino que también dificulta la asignación de números a nuevas normativas”. Aclaró que el procedimiento abarca más de 60 leyes provinciales.

El legislador afirmó que la depuración propuesta “se basa en un análisis exhaustivo que preserva los derechos y garantías constitucionales de los catamarqueños”. Sostuvo también que el proceso “no compromete derechos adquiridos, sino que fortalece su protección y optimiza los mecanismos para su ejercicio”. En su fundamentación, agregó que las normas a derogar “han sido superadas por normativas modernas y protectorias que garantizan una continuidad y mejora en la protección de derechos”.

Reconocimientos

En tanto, la Cámara baja acompañó el proyecto impulsado por Cecilia Barros (FT) para declarar de Interés Parlamentario la labor deportiva y social de Valentín “Kenchu” Fernández, joven atleta catamarqueño que se consagró campeón en el Latinoamericano de BMX.