El gobernador Raúl Jalil se reunió con el secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía de la Nación, Pablo Lavigne, para analizar medidas orientadas a mejorar la competitividad de la industria y la agroindustria del norte argentino.
El encuentro se centró en los beneficios impositivos incorporados en la nueva Ley Laboral N° 27.802 y en el rol del sector semillero como herramienta de desarrollo local. La iniciativa fue impulsada en conjunto por los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Salta, Gustavo Sáenz, quienes también participaron de la reunión con el funcionario nacional. Los tres mandatarios acordaron además proponer una próxima reunión con empresarios industriales de la región para trabajar una agenda más amplia sobre el acceso a nuevos beneficios para el sector.
Entre las disposiciones de la normativa, se establece que las inversiones en reconversión energética mediante la instalación de sistemas de energía solar podrán acceder a un régimen de amortización acelerada en el plazo de un año.
El mecanismo permite computar más rápidamente esas inversiones en el impuesto a las ganancias, lo que genera incentivos para incorporar energías renovables en los procesos productivos de la región. La medida busca promover la modernización tecnológica del sector sin resignar competitividad frente a mercados externos.
Recucción de costos
La ley también contempla una reducción en la alícuota del IVA para la provisión de energía eléctrica utilizada en sistemas de riego destinados a la agroindustria, que pasa del 27% al 10,5%. La medida apunta a reducir los costos energéticos del sector. En conjunto, ambas disposiciones buscan incentivar la inversión en reconversión energética y la modernización de los sistemas productivos agroindustriales del norte del país.
Sector semillero
Durante la reunión también se analizó la situación del sector semillero y la posibilidad de que Argentina adhiera al convenio internacional UPOV 91, en el marco del acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos.
Este estándar, adoptado por numerosos países, establece mecanismos de protección para la innovación en el desarrollo de semillas y se considera una herramienta relevante para atraer inversiones al sector. La adhesión al convenio implicaría cambios en la legislación vigente y requeriría tratamiento en el Congreso Nacional. Los gobernadores plantearon avanzar en ese sentido como parte de una agenda productiva regional más integrada con los lineamientos del gobierno nacional.

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