Redacción Primeras líneasEl juez Rodrigo Morabito analizó la situación de violencia entre adolescentes que se difunde en redes sociales y se refirió al impacto de la nueva ley que modifica el régimen penal juvenil. El magistrado sostuvo que el fenómeno debe entenderse dentro de un contexto más amplio y afirmó que “el problema de la violencia no solamente es juvenil, el problema de la violencia es social”.
En ese sentido, explicó a TVeo que en distintos ámbitos de la sociedad se registran episodios de agresión y falta de tolerancia. Según señaló, “la violencia nos ha ganado de sobremanera en todos los ámbitos”, desde discusiones políticas hasta conflictos cotidianos en la vía pública o en eventos deportivos.
Morabito también señaló que el entorno familiar y social cumple un rol clave en la formación de los jóvenes. En ese marco, sostuvo que es necesario encontrar “un equilibrio en la forma de educar, con autoridad pero no con autoritarismo”, y remarcó que la violencia dentro del hogar tampoco representa una solución.
Durante la entrevista, el juez se refirió además a la reciente sanción de la ley que modifica el régimen penal juvenil. Aclaró que, aunque la norma fue promulgada, todavía no se encuentra en vigencia.
Según explicó, la ley establece un plazo de 180 días para su implementación, por lo que comenzará a aplicarse en septiembre. Hasta entonces, continuará vigente el régimen actual, que establece la punibilidad a partir de los 16 años.
El magistrado sostuvo que la nueva normativa ampliará la intervención de la justicia penal en hechos protagonizados por adolescentes. “A partir de septiembre, todo tipo de delito podría ser investigado por la justicia penal”, explicó.
Morabito consideró que las reformas legales no constituyen por sí solas una solución al problema de la violencia. En ese sentido, señaló que “si la solución al delito fuera una ley penal, ya lo habríamos resuelto con las muchas leyes que existen”.
Para el magistrado, el enfoque debe centrarse en la prevención y en el abordaje social del problema. “La ley penal puede ser una respuesta, pero no va a ser la solución”, afirmó.
Otro de los puntos abordados por el juez fue la situación de los espacios de alojamiento para adolescentes en conflicto con la ley penal.
Según explicó, la nueva legislación prohíbe que los menores sean alojados en establecimientos penitenciarios para adultos, incluso en pabellones separados, algo que hasta ahora se utilizaba en algunos casos.
En Catamarca, indicó, actualmente funciona el Centro Juvenil Santa Rosa, que es un establecimiento de carácter semiabierto. Sin embargo, advirtió que no existen aún instituciones especializadas para el alojamiento de adolescentes privados de libertad, como exige la nueva normativa.
“Las provincias tienen seis meses para adecuar instituciones especializadas”, señaló el magistrado, aunque planteó dudas sobre la posibilidad de concretar esas estructuras en ese plazo.
Finalmente, sostuvo que la implementación del nuevo régimen implicará desafíos institucionales y presupuestarios, ya que requerirá infraestructura específica y recursos para su funcionamiento.
