El personal judicial y policial que el jueves al mediodía allanó por error una vivienda del barrio Mil Viviendas será investigado administrativamente tras la denuncia penal presentada por la familia afectada.
Iniciarán sumarios por el allanamiento equivocado

Redacción Primeras líneasSegún la información a la que pudo acceder El Ancasti, el área de Asuntos Internos de la Policía y la Sala de Sumarios de la Corte de Justicia iniciarán una investigación adminstrativa para determinar las responsabilidades de quienes intervinieron en el operativo, en el que se vulneraron los derechos civiles de los ocupantes de la vivienda.
Como consecuencia del estrés generado por la violenta irrupción policial y judicial en su domicilio, la dueña de casa -de más de 75 años- sufrió un infarto y debió ser internada en terapia intensiva de un sanatorio céntrico, donde su estado de salud empeoró el sábado por la noche.
"El portón quedó inhabilitado porque cuando entraron lo hicieron con violencia. Estaban mi mamá y mi papá, que son grandes. Cuando se sintió el ruido del portón, él fue a ver qué pasaba y cuando entraron les apuntaron con las armas", explicaron desde el entorno familiar de la pareja.
Se supo que al momento del procedimiento en el inmueble también estaba una de las hijas de los damnificados, quien pudo dar aviso a otros familiares de lo que estaba sucediendo. "Mi mamá se descompuso. Les dijimos que estaban equivocados, les pedimos varias veces que nos mostraran la orden de allanamiento y nunca lo hicieron. Cuando se dieron cuenta de que habían cometido un error no supieron qué hacer. Había gente de civil y uniformados, y se culparon entre ellos", agregaron.
Manifestaron que personal judicial que estaba en el lugar intentó justificar la equivocación, aduciendo que un policía nuevo "sindicó mal la casa", y advirtieron que, a pesar de que se confirmó que ese no era el lugar que debían allanar, de igual manera registraron las habitaciones y hasta debajo de las camas.
La familia radicó una denuncia penal en Fiscalía General, donde postergaron la entrega de una copia del escrito hasta el próximo martes, con el pretexto de que el fiscal que intervendrá en la investigación penal debe plasmar su firma para validar la presentación y la posterior emisión de la copia escrita.
"Nos hicieron dar muchas vueltas, desde la Unidad Judicial N° 2 y la Comisaría Sexta. Pero ahora estamos enfocados en mamá y papá. Ella ahora está con pronóstico reservado, y todos estamos mal. Fueron por casa y le hicieron unos puntos de soldadura al portón, pero quedó torcido. Vamos a seguir pidiendo que se investigue porque no puede ser que nos traten así", finalizaron.
Insólita confusión
Otras fuentes consultadas por este diario confirmaron que el allanamiento efectuado por personal de la División Investigaciones de la Policía junto a integrantes del Grupo de Intervención Rápida (GIR) Sur y agentes de la Unidad Judicial N° 2 debió efectuarse en un domicilio que está a metros de la casa de los damnificados, perteneciente a una familia de apellido Aragón.
Vecinos del lugar aseguraron que "todo el barrio sabe quiénes son los Aragón.
Durante años tuvieron custodia policial en la puerta por una causa de narcotráfico, y después porque uno de ellos asesinó a Gonzalo Moreno. A cada rato hay allanamientos en esa casa".
Efectivamente, en esa casa -que el jueves finalmente fue allanada en busca de una moto robada-, vivió Ariel Antonio Aragón, quien en 2024 fue condenado a 18 años de prisión por el homicidio de Moreno cometido en el año 2022.

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