Un estudio de la UNLP desmiente los datos de pobreza que difunde el Gobierno a través del INDEC

Según el informe, existen tres factores que podrían estar influyendo en los resultados. El primero es el desfase entre los ingresos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y los precios que se utilizan para calcular la Canasta Básica. En períodos de inflación elevada, esta diferencia puede generar una sobreestimación de la pobreza y, cuando la inflación se desacelera, producir una aparente mejora más pronunciada.

El segundo aspecto señalado es el subregistro de ingresos. Los investigadores sostienen que muchas personas no declaran la totalidad de sus recursos en las encuestas y que ese fenómeno varía según el contexto económico. Una mejor declaración de ingresos puede reflejar una baja de la pobreza estadística sin que necesariamente exista una mejora equivalente en las condiciones materiales de los hogares.

El tercer punto cuestionado es la actualización de la canasta básica utilizada para establecer la línea de pobreza. El estudio advierte que los patrones de consumo sobre los que se construye ese indicador tienen casi dos décadas de antigüedad y no reflejan plenamente los cambios que experimentaron los gastos familiares, especialmente en rubros como tarifas, transporte y alquileres.

Cambio radical en los resultados de la medición

Al aplicar correcciones sobre estos tres factores, los investigadores concluyen que la reducción de la pobreza entre fines de 2023 y mediados de 2025 podría haber sido de apenas 1,7 puntos porcentuales, muy por debajo de la caída superior a los 10 puntos que muestran las estadísticas oficiales.

Desde la UNLP aclararon que el trabajo no cuestiona la validez de los datos publicados por el INDEC, sino que busca señalar los límites y posibles sesgos del método utilizado para medir la pobreza.

La socióloga María Eugenia Rausky, investigadora de la UNLP, remarcó además que la pobreza no puede analizarse únicamente a partir de los ingresos. Señaló que existen otras dimensiones vinculadas a la vivienda, la alimentación, los cuidados y el acceso a servicios básicos que también deben considerarse para comprender la realidad social.

El debate reabre una discusión de larga data en Argentina: cómo medir la pobreza de manera más precisa para evaluar políticas públicas y dimensionar con mayor exactitud una problemática que continúa afectando a millones de per