Pidieron la indagatoria al hermano de Manuel Adorni por presunta omisión de datos

“Existe un cuadro de sospecha bastante de que el funcionario omitió y falseó datos relevantes en sus Declaraciones Juradas Patrimoniales correspondientes al período en que se desempeñó en el ámbito del Ministerio de Defensa de la Nación, ocultando sumas de dinero y cuentas bancarias y falseando los montos sobre los que se encontraba obligado a declarar con veracidad respecto de su patrimonio”, afirmó Marijuan en su presentación.

La investigación se originó a partir de una hipótesis de presunto incremento patrimonial no justificado durante el período en que Adorni ocupó distintos cargos en el Ministerio de Defensa, primero como titular de la Unidad de Auditoría Interna y luego como presidente del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).

Las rectificaciones bajo sospecha

De acuerdo con el escrito, Adorni había presentado tres declaraciones juradas originales: la inicial de 2024, la anual de 2024 y la de baja correspondiente a 2025. Todas fueron confeccionadas antes del inicio de la causa.

Lo que llamó la atención de la fiscalía fue que, una vez iniciada la investigación, el funcionario presentó múltiples rectificaciones de esos documentos.

“Lo llamativo aquí fue que, para cada una de esas tres Declaraciones Juradas, Francisco Jorge Adorni presentó al menos dos rectificativas diferentes, una vez que se había iniciado la investigación”, señaló Marijuan.

Entre las modificaciones incorporadas posteriormente aparecen sumas de dinero en efectivo que no habían sido declaradas, cambios sustanciales en la valuación de bienes, nuevas tarjetas de crédito, cuentas bancarias en pesos y dólares, fondos de inversión e ingresos de su cónyuge.

La fiscalía destacó especialmente que en mayo de este año Adorni informó por primera vez que poseía dinero en efectivo, mientras que en posteriores rectificaciones agregó cuentas bancarias y tarjetas que tampoco figuraban en las presentaciones originales.

Incluso, en una rectificación de su declaración de baja informó que al finalizar su gestión tenía $24,5 millones en efectivo, de los cuales —según explicó— $21 millones provenían de una herencia.

Cuentas y tarjetas que aparecieron después

Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, en las declaraciones originales Adorni había informado únicamente una tarjeta Visa del Banco Provincia.

Sin embargo, en nuevas rectificaciones presentadas el 8 de junio pasado incorporó cajas de ahorro en pesos y dólares, cuentas corrientes y nuevas tarjetas de crédito que, según surge de los documentos, existían desde el momento en que ingresó a la función pública.

También se agregaron bienes y productos financieros pertenecientes a su esposa, entre ellos tarjetas Visa, American Express, fondos de inversión, plazos fijos y diversas cuentas bancarias que no habían sido consignadas anteriormente.

Para Marijuan, esas modificaciones sucesivas permiten sospechar que información patrimonial relevante fue omitida en las declaraciones originales.

El peso de su experiencia profesional

Uno de los argumentos centrales del fiscal para sostener la sospecha penal es la formación profesional y la trayectoria de Adorni.

Marijuan recordó que el funcionario es contador público, posee una especialización en Administración Financiera y Control del Sector Público y acumuló dos décadas de experiencia en tareas contables dentro del Consejo de la Magistratura bonaerense.

“De modo alguno podía desconocer la relevancia e implicancias de la inclusión de datos correctos en las Declaraciones Juradas Patrimoniales y menos aún olvidarse o equivocarse en la modificación o incorporación de bienes en su patrimonio”, sostuvo.

Y agregó: “Nos hallamos frente a un experto en la materia”.

El delito que le atribuyen

A criterio del fiscal, las pruebas reunidas hasta el momento permiten sospechar que Adorni, estando obligado a presentar declaraciones juradas por los cargos que desempeñó, “insertó datos falsos y omitió declarar bienes que por ley debía incluir” con la finalidad de “falsear su patrimonio y ocultar datos del debido control realizado a partir de aquellas declaraciones”.

Por ese motivo, solicitó al juzgado la convocatoria a declaración indagatoria por la presunta comisión del delito previsto en el artículo 268 inciso 3 del Código Penal, que sanciona la inserción de datos falsos u omisiones maliciosas en declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios públicos.