"Lo de la Corte Suprema es una respuesta a la gestión de cada uno de los rectores"

El rector Oscar Arellano se mostró optimista tras el fallo del tribunal que dejó firme la cautelar.
Conforme. Arellano destacó que se mantuvo la acción judicial.
INFORMACIÓN GENERAL 27/06/2026Redacción Primeras líneasRedacción Primeras líneas

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, que contemplan la recomposición salarial de docentes y no docentes, y el financiamiento de las becas estudiantiles. El fallo confirmó dos resoluciones previas del juez federal Martín Cormich en el fuero contencioso administrativo y federal, y generó reacciones inmediatas en el ámbito universitario catamarqueño.

El rector de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), Oscar Arellano, destacó el papel que desempeñaron los rectores de las 59 universidades nacionales en el impulso de las acciones judiciales. "Lo de ayer es una respuesta a la gestión de cada uno de los rectores del país", afirmó, y subrayó que fueron las propias autoridades universitarias y no los gremios quienes presentaron los planteos ante la Justicia para reclamar la aplicación de la norma.

Arellano también rechazó las críticas de algunos sectores gremiales que cuestionaron si el acuerdo salarial del 24,3% suscripto semanas atrás implicó resignar el reclamo judicial. "Hay un malentendido. Entienden que el CIN y los rectores acordamos con el área de Educación de la Nación a espaldas de las paritarias, y eso no fue así de ninguna manera", sostuvo. Precisó que ese acuerdo fue concebido como "un paliativo y un inicio del diálogo para aliviar la situación económica de docentes y no docentes hasta tanto se resolviera el amparo", y que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) incluso presentó un pronto despacho para acelerar la resolución del expediente. "Nunca negociamos que se retirara el amparo ni que no se aplicara la ley. Eso fue clave", enfatizó.

Tras el fallo, el rector fue categórico respecto de las obligaciones del Ejecutivo: "Ya no hay ninguna razón para poner reparos. Si no aplica la cautelar, entraría en una ilegalidad absoluta".

Una lectura diferente

Con una postura más crítica, Fernando Morales, referente de CONADU Histórica, celebró el fallo pero cuestionó el proceso que lo precedió. Según explicó, la deuda salarial acumulada desde el 23 de diciembre de 2023 hasta la promulgación de la ley en octubre de 2024 supera el 56%, cifra que debería abonarse en una sola cuota conforme a lo previsto en la norma. En esa línea, consideró insuficiente el acuerdo del 24% que, además, aún no se efectivizó y sostuvo que su firma puso en riesgo la vigencia de las cautelares, dado que el propio Gobierno intentó argumentar ante la Corte que existía un acuerdo entre las partes que tornaba innecesaria su aplicación.

"Lo que hizo el gobierno fue apresuradamente poner este 24% en dos cuotas porque sabía bien que la Corte Suprema iba a fallar como hoy falló", señaló Morales, quien advirtió además que, ante un eventual incumplimiento, la causa podría derivar al fuero penal federal.

El dirigente reclamó la apertura inmediata de un espacio paritario para definir el cronograma de pago y precisó que CONADU Histórica convocará a un plenario de secretarios generales y, posiblemente, a un congreso nacional.

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