La investigación por la muerte del ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, se focaliza una vez más en su vivienda. Las conclusiones del ateneo médico, ni los informes sobre los celulares y cámaras de seguridad, ni tampoco las más de 500 declaraciones testimoniales pudieron aportar las certezas necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Para el fiscal de Instrucción N° 5, Hugo Costilla, esos elementos, entre otros, todavía no pudieron responder un interrogante clave: ¿Quién o quiénes estuvieron físicamente en el lugar de los hechos en el momento de producirse la lesión mortal y en las horas inmediatamente posteriores?
En este panorama con incertidumbres, volvió a poner la lupa en la casa de Rojas y en los rastros biológicos que ahí se levantaron el domingo 4 de diciembre de 2022 -el día en que se halló el cuerpo del ministro- antes de que la escena sea limpiada y alterada. Costilla piensa que la clave puede estar ahí. Esta cuestión quedó en evidencia en el decreto que emitió el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) el 26 de junio de 2026. En el mismo, requirió que con el carácter de muy urgente, sean estudiadas las muestras biológicas que se levantaron ese 4 de diciembre de 2022, pero también las del 5 y 6 de diciembre del mismo año en la vivienda de Rojas, más muestras de objetos y las muestras tomadas a Fernando Rojas, hijo del ministro; y Silvina Nieva, la única imputada de la causa.
“La falta de definición etiológica por parte del ateneo médico, impone la necesidad de profundizar la investigación mediante otras líneas que no dependan exclusivamente de la evidencia pericial médico forense ya valorada que permitan establecer la posible presencia de terceros en la escena del hecho y su eventual individualización. Constituye una verdad de Perogrullo la imposibilidad -a casi tres años y medio de ocurrido el hecho- de poder salir de la atención primaria e insoslayable de la escena como única fuente para la reconstrucción de lo realmente ocurrido. Sin ella, resultaría aventurada cualquier exploración emergente de juicios hipotéticos y conjeturales”, indicó Costilla en los considerandos reflejados en el decreto mencionado.
El fiscal dejó en claro que la investigación se encuentra “ante una encrucijada definitoria” puesto que “se viene desplegando un enorme esfuerzo investigativo en el análisis de torres de telefonía celular (tower dump), geovallado, cámaras de seguridad privadas y públicas, movimientos bancarios y más de 500 testimonios”, y todo ese caudal de información ha servido para delimitar un universo de sospechas, pero “no ha logrado responder la pregunta central: ¿Quién o quiénes estuvieron físicamente en el lugar de los hechos en el momento de producirse la lesión mortal y en las horas inmediatamente posteriores?”.
En este sentido, remarcó en los considerandos que “la respuesta categórica a esa pregunta, a mi entender, no se encuentra en los registros de videos disponibles, ni los de las empresas de telecomunicaciones, o en el análisis de las extracciones forenses a los dispositivos de telefonía celular incautados -sin perjuicio de seguir realizando un análisis minucioso de los mismos hasta agotar su potencial valor probatorio- sino en los rastros biológicos que fueron levantados en el procedimiento originario del domingo 4 de diciembre de 2022, antes de que se produjeran las acreditadas maniobras de limpieza y alteración de la escena más críticas (ocurridas antes de la intervención policial y después, entre las 18.30 y las 20 horas de ese mismo día, cuando la vivienda fue entregada a Fernando Rojas). Esos indicios -manchas de sangre, pelos, restos de vómito, tierra húmeda, hisopados de superficies y objetos- constituyen, hoy por hoy, los únicos elementos de prueba que podrían resistir un eventual ataque defensivo fundado en las deficiencias de preservación de la escena. Su cadena de custodia se inició antes de la contaminación crítica, lo que les otorga un valor probatorio singular e irreemplazable”.
Costilla remarcó que están ante “una escena alterada y seriamente afectada por la contaminación y la remoción de elementos”.
Y precisó que “en esta instancia del proceso no puede prescindirse de ningún elemento de mérito que pudiera contribuir a la reconstrucción científica de lo ocurrido y a la determinación de la posible presencia de terceras personas en el lugar”.
Ateneo
Con respecto al ateneo médico, que se realizó en la ciudad de Córdoba, indicó que “el cuerpo de galenos colegiado no logró inclinarse por ninguna de las tres hipótesis etiológicas: agresión homicida con elemento contuso en región occipital; caída tras forcejeo o empujón contra el piso; y caída accidental desde la propia altura, precipitada o no por una descompensación”.
Además, destacó que el ateneo señaló “expresamente que la deficiente labor criminalística -esto es, la contaminación y falta de cuidado en la preservación de la escena- impedirían una determinación fiable”.
Otra de las cuestiones que explicó es que se difirió momentáneamente la realización de la inspección judicial definitiva de la escena del hecho, esto sería la reconstrucción del suceso, “en atención al particular planteo formulado por el abogado de la querella (Iván Sarquís) contra la validez del acta del ateneo médico, que se sustancia por la respectiva vía incidental”.
