Redacción Primeras líneasEl Gobierno profundiza el esquema de controles destinados a detectar extranjeros en situación irregular en distintos puntos del país y, en paralelo, avanza con una serie de modificaciones internas, legales y tecnológicas dentro de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM). La estrategia combina operativos territoriales con las fuerzas federales, un refuerzo de las estructuras encargadas de intervenir en expulsiones y nuevas herramientas destinadas a centralizar información y generar alertas.
La definición de las zonas donde se realizan los procedimientos surge de tareas de campo y del análisis operativo sobre lugares identificados por una mayor concentración o tránsito de extranjeros. Los despliegues pueden ser planificados con anticipación o activarse a partir de un requerimiento específico.
La coordinación involucra a la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Según aseguran en Nación, los operativos federales no contemplan un aviso previo a los gobiernos provinciales.
Uno de los procedimientos recientes de mayor despliegue se llevó adelante en Rosario, donde Migraciones y la Policía Federal movilizaron cerca de 60 agentes y realizaron controles sobre unas 420 personas. De acuerdo con fuentes oficiales, fueron detectados ocho extranjeros con irregularidades migratorias. Entre ellos se identificó a un ciudadano chino que tenía una orden de expulsión. El Gobierno de Santa Fe no había sido informado previamente sobre el operativo.
Qué ocurre cuando se detecta una irregularidad
La respuesta de las autoridades depende de la naturaleza de la situación migratoria detectada. No todos los casos derivan automáticamente en una expulsión, sino que el procedimiento se determina de acuerdo con la irregularidad constatada.
Cuando una persona tiene vencida su permanencia o necesita completar un trámite de residencia, Migraciones puede intimarla a regularizar su situación. En cambio, si se comprueba un ingreso ilegal, puede avanzar el procedimiento migratorio que eventualmente derive en una expulsión.
También existen situaciones en las que intervienen otras autoridades. Ante la existencia de causas judiciales pendientes, participan las fuerzas correspondientes, mientras que cuando se presenta un requerimiento internacional se activa el circuito judicial previsto para esos casos.
Este esquema cuenta actualmente con un marco legal más amplio que el vigente antes de 2025. El DNU 366/2025 facultó expresamente a Migraciones para requerir la acreditación de identidad y de la situación migratoria, además de organizar operativos de inspección y fiscalización.
La misma norma estableció que quienes ingresen al país por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio pueden quedar sujetos a expulsión y habilitó el rechazo en frontera cuando el ingreso irregular sea detectado en flagrancia.
El Programa de Seguridad Migratoria amplió el despliegue
La estrategia territorial tuvo un nuevo impulso en junio con la creación del Programa de Seguridad Migratoria. A través de la Resolución 551/2026, Migraciones quedó formalmente orientada a trabajar de manera coordinada con la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
La resolución también dispuso la creación, dentro de cada una de esas fuerzas, de Unidades de Seguridad Migratoria destinadas a tareas de prevención, detección e investigación de ilícitos migratorios y de apoyo a Migraciones.
La norma aclara que estas unidades tienen carácter funcional y que no representan la creación de nuevas estructuras burocráticas. Los operativos desarrollados en distintos puntos del territorio ya cuentan con antecedentes recientes:
Areas vinculadas con judicializados y expulsiones
El fortalecimiento del esquema no se limita a los controles en territorio. El Ejecutivo también está reorganizando internamente los cuadros vinculados con extranjeros judicializados y expulsiones. En ese marco, Javier Rea, quien estaba al frente de la Dirección de Extranjeros Judicializados, fue designado subdirector nacional de Migraciones desde el 16 de junio. La resolución oficial confirma que su trayectoria se encontraba vinculada con esa estructura, donde además había desempeñado previamente funciones relacionadas con extranjeros detenidos.
Fuentes oficiales agregaron que Facundo Soria pasó de coordinar el área de Extranjeros No Detenidos a conducir la Dirección de Extranjeros Judicializados.
El movimiento de funcionarios se integra así a una estrategia más amplia que busca fortalecer las áreas que intervienen en las distintas etapas de los procedimientos migratorios, particularmente aquellas relacionadas con personas judicializadas y con los procesos de expulsión.
Transformación tecnológica para centralizar información
Otro de los frentes centrales de la estrategia oficial es la reorganización tecnológica y administrativa de Migraciones. En ese proceso se encuentra el sistema de Recaudación y Conciliación Bancaria (RECOBA), cuya licitación había sido autorizada originalmente en 2023 para desarrollar, implementar, migrar información y centralizar los procesos de recaudación y conciliación.
En el esquema que actualmente maneja la DNM, la herramienta apunta a integrar tasas, multas y deudas, automatizar conciliaciones y reducir los procesos manuales que todavía conviven dentro del organismo. La modernización tecnológica, sin embargo, excede a RECOBA. En julio, Migraciones abrió una contratación por 36 meses para gestionar información API y PNR de pasajeros que ingresan o salen del país a través de aeropuertos internacionales y terminales de cruceros.
Este sistema se complementa con SICaM, la plataforma central de control migratorio que ya permite cruzar movimientos con información de Interpol y datos anticipados suministrados por las compañías de transporte.
El nuevo Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza
Dentro de esta arquitectura de información también se encuentra el Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF), creado este año. El organismo integra a Migraciones, las cuatro fuerzas federales y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. Su protocolo contempla el cruce automatizado de información proveniente de API-PNR, Interpol, SIFCOP y otras fuentes.
A partir del análisis de riesgo, el sistema permite producir nuevas alertas y establece la obligación de identificar tanto el origen de cada alerta como su grado de confiabilidad.
El objetivo de este entramado es centralizar y relacionar información que ya se encuentra disponible en diferentes sistemas, al tiempo que incorpora mecanismos destinados a generar alertas a partir del análisis de los datos.
Mensajes de odio y violencia
El endurecimiento del esquema operativo se combina con una nueva modificación legal. El DNU 681/2026 incorporó como causal para impedir el ingreso al país y cancelar una residencia que un extranjero haya dirigido mensajes de odio o incitado a la violencia contra argentinos por su nacionalidad, o que haya participado en ultrajes contra símbolos patrios.
Para quienes ya cuentan con residencia, la cancelación puede derivar en una intimación a abandonar el país o en una expulsión, de acuerdo con las circunstancias de cada caso. La Casa Rosada pretende incorporar esta nueva causal al sistema de alertas migratorias que ya utiliza la DNM, sin crear para ello una plataforma tecnológica independiente. La intención es que el antecedente quede asociado a la persona y pueda aparecer en los sistemas consultados por los inspectores cuando intente ingresar al país.
Sin embargo, todavía resta definir un protocolo considerado sensible: quién genera la alerta, con qué evidencia se incorpora y qué instancia la valida, especialmente frente a la posibilidad de planteos judiciales.
