Morosidad: oficialismo busca declarar la emergencia y activar rescate financiero

El oficialismo se hizo eco de la problemática que acarrea el endeudamiento y los niveles de morosidad registrados en la provincia durante los últimos meses y, desde el bloque del Frente de Todos, impulsan dos propuestas en Diputados.

Por un lado, el legislador Exequiel Moreno propone que se declare la emergencia en materia de deducción de haberes a los empleados públicos y reordenar el sistema de códigos de descuento.

Por el otro, Eduardo Andrada y Juan Carlos Ledesma sugieren avanzar con un programa de “recuperación de la capacidad alimentaria del salario y refinanciación mediante la Caja de Prestaciones Sociales de Catamarca” (Capresca).

El movimiento legislativo encuentra su respaldo en la gravedad de los indicadores. De hecho, según datos del Centro de Estudios de la Ciudad, hasta mitad de año unas 66.650 personas arrastran incumplimientos financieros y se acumulan más de $179 mil millones en deudas con atrasos de tres meses o más.

Este marco habría motivado a los tres oficialistas para avanzar en dos ejes: limitar los descuentos a los trabajadores estatales mediante un ordenamiento normativo y, al mismo tiempo, ofrecer una asistencia financiera pública.

En su iniciativa, Moreno plantea declarar por el término de dos años la emergencia provincial en el sistema de retenciones y deducciones salariales. La medida alcanza a la totalidad de los empleados públicos pertenecientes a los tres poderes del Estado, organismos descentralizados, entes autárquicos y los municipios.

El proyecto en cuestión busca frenar los descuentos salariales estableciendo un tope máximo a la afectación del haber neto. Para llevarlo a la práctica, la iniciativa dispone la caducidad inmediata y suspensión temporal de todos los códigos de descuento otorgados a financieras privadas, mutuales y cooperativas que cobran por recibo.

Estas entidades quedarán obligadas a atravesar una auditoría y reempadronamiento ante el Ministerio de Economía para demostrar la transparencia de las tasas de interés y su Costo Financiero Total.

A la vez, prohíbe que se le carguen al agente estatal comisiones administrativas, gastos de mantenimiento o costos de gestión adicionales sobre sus haberes. “El código de descuento ha mutado de un beneficio asistencial en una vía libre para el endeudamiento confiscatorio, donde el trabajador queda cautivo de esquemas con costos financieros desproporcionados e inaccesibles”, dice Moreno.

Por su parte, Andrada y Ledesma buscan resolver la situación de aquellos empleados públicos que ya se encuentran en una posición de morosidad crítica o ahogo crediticio insostenible.

El proyecto de esta dupla oficialista propone crear el Programa Provincial de Unificación de Pasivos, una ingeniería financiera mediante la que Capresca interviene absorbiendo los compromisos que estatales tengan con bancos, financieras, billeteras virtuales o mutuales registradas. El proyecto contempla el otorgamiento de un crédito único de cancelación directa a tasas subsidiadas con plazos de devolución extendidos y cuotas fijas.

A su vez, se establece una cláusula de protección por la cual se dispone que la sola incorporación del trabajador al programa congelará automáticamente el cálculo de intereses moratorios y suspenderá los reclamos administrativos, intimaciones extrajudiciales o embargos judiciales promovidos por acreedores privados.

“La refinanciación a través de Capresca constituye una herramienta indispensable de soberanía económica para la familia trabajadora, permitiendo transformar pasivos impagables con terceros en obligaciones sustentables con el Estado provincial”, alega la dupla oficialista.