A cuatro años del intento de magnicidio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó los reclamos del arco político oficialista al denunciar la falta de avances en la causa judicial que investiga la estructura intelectual y financiera detrás del ataque ocurrido el 1 de septiembre de 2022.
A cuatro años del atentado a Cristina Kirchner, Kicillof denunció que el ataque "sigue impune"

Redacción Primeras líneasA través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario bonaerense cuestionó con dureza el accionar del fuero federal y vinculó la falta de respuestas en la investigación con el escenario judicial que enfrenta la exmandataria:
Las condenas a los autores materiales del atentado
El proceso judicial avanzó únicamente sobre la ejecución material del ataque perpetrado frente a la residencia de Recoleta. El Tribunal Oral Federal N° 6 dictó penas para los principales implicados de la banda:
- Fernando Sabag Montiel: Fue condenado como autor material a 10 años de prisión por homicidio agravado en grado de tentativa. La pena se unificó en 14 años de prisión debido a una condena previa por tenencia de pornografía infantil.
- Brenda Uliarte: Recibió una pena de 8 años de prisión al ser considerada partícipe necesaria en el intento de magnicidio.
- Gabriel Nicolás Carrizo: Sindicado inicialmente como el líder del grupo, resultó absuelto luego de que la fiscalía retirara los cargos por falta de pruebas sobre su participación en el hecho.
El reclamo por los autores intelectuales y la figura de violencia política
La querella de la expresidenta y diversos sectores del peronismo sostienen que la causa quedó paralizada deliberadamente en la superficie. Hasta el momento, la Justicia no ha encontrado pruebas concluyentes que identifiquen a una estructura superior, aportantes de fondos o ideólogos detrás de Sabag Montiel y Uliarte.
En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal evalúa un recurso de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) que busca recalificar el expediente bajo la figura de femicidio en su modalidad de violencia política. De prosperar este planteo, las penas contra los ejecutores materiales podrían sufrir un nuevo incremento.

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