El Gobierno nacional aumenta el presupuesto en Defensa e Inteligencia con el recorte a las provincias

La mayor parte de estos recursos se instrumenta como aplicaciones financieras bajo la forma de "Adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo" financiados por el Tesoro Nacional: la sub-jurisdicción del Ministerio de Defensa recibe $114.732.800.677, el Estado Mayor General del Ejército suma $60.429.467.258 y el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea adiciona $31.211.124.000.

Asimismo, el alistamiento operacional de la Armada Argentina es reforzado con $8.115.569.620, planilla que incorpora una partida de $50.750.000 para "Gastos reservados". Por otro lado, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) recibe un incremento de $30.518.942.441 para su programa de "Información e Inteligencia", de los cuales $19.613.938.800 se clasifican como gastos de capital para la compra de maquinaria y equipos informáticos y de oficina.

Otros dos organismos descentralizados concentran incrementos significativos. Por un lado, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) suma $120.081.397.520 a su presupuesto, destinados principalmente a bienes de consumo que incluyen productos químicos y tintas por $11.000.000.000, correos y telégrafos por $35.315.000.000 y suscripciones adicionales a internet por $20.000.000.000.

Por el otro, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) obtiene un refuerzo de $119.289.500.000 para financiar el desarrollo de misiones satelitales y el diseño de cuatro satélites SARE II A, complementándose con $2.015.000.000 provenientes de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Paralelamente, el Poder Judicial de la Nación obtiene un total de $111.210.300.000 —apalancado en su mayoría por $100.000.000.000 de aportes directos del Tesoro para gastos de personal de sus actividades centrales—, mientras que el Poder Legislativo Nacional incrementa sus créditos en $63.810.977.538 para retribuciones de cargos en la actividad de formación y sanción de leyes.

El financiamiento de la medida y los sectores afectados por el recorte

Para garantizar el equilibrio de las cuentas, la norma recurre a una combinación de ingresos extraordinarios y reducciones de gastos en partidas centralizadas del Tesoro Nacional. En el renglón de recursos de capital, el Tesoro incorpora un incremento genuino de $222.911.990.520 debido a la venta de activos propios (edificios e instalaciones públicas) autorizada por normativas vigentes. A su vez, el Poder Judicial incorpora $11.210.300.000 por recaudación de ingresos no impositivos bajo la órbita del Fondo Nacional de la Justicia.

La mayor contrapartida de la reasignación presupuestaria se ejecuta sobre la jurisdicción de Obligaciones a Cargo del Tesoro, que sufre un severo ajuste en sus programas de financiamiento social y provincial. En particular, el programa de "Otras Asistencias Financieras" sufre una quita global de -$288.474.804.990. Dentro de este programa, el ajuste impacta sustancialmente en la asistencia social para el personal de la administración pública gubernamental, con una reducción de -$253.333.083.449.

Asimismo, las transferencias corrientes destinadas a las provincias bajo el concepto de "Administración Central Provincial" se ven disminuidas en -$35.141.721.541. Finalmente, la jurisdicción del Tesoro asume una reducción de -$202.158.391.935 en su cuenta de incremento de activos financieros a largo plazo por cuentas a cobrar.