Olivos: de los pequeños desvíos a la gran sospecha

Pedidos de alimentos, mercadería que supuestamente terminaba fuera de la residencia y sospechas sobre empleados que podían aprovechar recursos públicos para beneficio propio. Incluso existe ahora una denuncia judicial que busca determinar si alimentos comprados por el Estado fueron desviados hacia un emprendimiento privado de catering vinculado con personas que trabajaban en Olivos. 

El dato resulta todavía más llamativo cuando se conocen las cantidades previstas para abastecer la residencia: más de 9.000 kilos de carne y unos 3.600 kilos de pollo en una contratación que contemplaba alimentos por cientos de millones de pesos. 

Pero la historia no terminó en la comida.

A las sospechas por el manejo interno se sumaron las filtraciones sobre la vida del Presidente y una creciente desconfianza hacia quienes trabajaban dentro de la Quinta. El Gobierno terminó desplazando a 12 trabajadores civiles y disolvió la Administración General de la Residencia Presidencial, hasta entonces encabezada por el intendente Osvaldo Javier Sosa. 

Los empleados no quedaron finalmente en la calle: fueron reubicados en otras dependencias del Estado. Pero la decisión fue mucho más profunda. La Casa Militar pasó a concentrar las funciones de seguridad y avanzó sobre tareas que antes correspondían a la estructura civil, incluyendo cocina, limpieza y atención. 

La explicación oficial habló de una escalada de la inseguridad a nivel global y de la necesidad de elevar los estándares de protección presidencial.

Pero el propio Milei terminó de alimentar el misterio cuando afirmó que Olivos funciona ahora como una “base militar” y que tiene “enemigos pesados” en el mundo. 

Así, lo que comenzó con sospechas sobre cuestiones aparentemente menores terminó convertido en una reestructuración completa de la residencia presidencial.

Y ahí aparece la verdadera pregunta.

Si había irregularidades, que se investiguen. Si hubo corrupción, que se sancione. Si alguien utilizó alimentos del Estado para beneficio privado, deberá responder ante la Justicia.

Pero una cosa es combatir la corrupción y otra muy distinta es responder a cada sospecha con más secretismo, más desconfianza y menos personal civil alrededor del Presidente.

Porque la historia de Olivos parece tener dos extremos: desde el empleado que presuntamente desvía una caja de alimentos hasta el Presidente que habla de enemigos pesados y convierte su residencia en una dependencia bajo control militar.

Entre una cosa y la otra hay una palabra que se repite demasiado: sospecha.

Y cuando la sospecha se transforma en una forma de gobernar, ya no alcanza con preguntar quién se llevó la carne.

También hay que preguntar qué teme el Presidente que los demás lleguen a saber.