
Invertirán U$S 4 millones en el Aeropuerto Felipe Varela


Primeras LíneasEl Senado de la Nación sesionará este jueves desde las 11 con el objetivo de sancionar un conjunto de iniciativas que abarcan cuestiones vinculadas con la discapacidad, la propiedad privada y la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), uno de los compromisos incluidos en el entendimiento comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. La convocatoria fue acordada por los jefes de bloque del oficialismo y de la oposición durante una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.
El temario reúne proyectos que llegan al recinto con antecedentes legislativos y modificaciones introducidas durante su tratamiento en Diputados. Entre ellos se encuentra la iniciativa sobre discapacidad, en la que los representantes libertarios debieron aceptar modificaciones sustanciales durante el debate en la Cámara baja, aunque se estableció que se saldrá de la emergencia, cuyo vencimiento está previsto para fines del corriente año.
También se tratará nuevamente el proyecto sobre propiedad privada, que regresó al Senado en segunda revisión y contempla la reincorporación de límites a la venta de tierras a extranjeros. La tercera iniciativa central corresponde al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, conocido internacionalmente como Patent Cooperation Treaty (PCT), cuya aprobación es solicitada por Estados Unidos y que incorpora modificaciones destinadas a contemplar planteos de los laboratorios locales.


Además, el acuerdo parlamentario permitió incorporar otros asuntos que también podrían recibir aprobación definitiva. Entre ellos figura la denominada iniciativa «Joaquín», que establece obligaciones de seguridad para instalaciones deportivas y juegos ubicados en espacios públicos y privados. A la agenda se sumaría la aprobación de un proyecto relacionado con el cabotaje.
La iniciativa Joaquín y la obligación de garantizar instalaciones seguras
Dentro del temario consensuado por los bloques se incorporó la iniciativa denominada «Joaquín», que obtendrá luz verde final durante la sesión.
El proyecto establece la obligatoriedad de adoptar medidas de seguridad vinculadas con la instalación, sujeción y mantenimiento de diferentes elementos deportivos y recreativos. La disposición comprende estructuras que pueden encontrarse tanto en establecimientos como en espacios de uso público y privado.
El texto contempla específicamente:
La instalación y sujeción segura de arcos deportivos.
Las condiciones de seguridad de los aros.
La instalación y el mantenimiento de postes.
Otros elementos deportivos.
Los juegos de plaza instalados en espacios públicos y privados.
La iniciativa apunta a establecer obligaciones concretas sobre las condiciones de colocación y mantenimiento de estas estructuras, incorporando medidas de seguridad que deberán contemplarse en los distintos espacios donde se encuentren instaladas.
Consejo de la Magistratura: la UCR designó a Maximiliano Abad
Otro de los asuntos que permanecen abiertos en el ámbito parlamentario es la designación de los representantes del Senado ante el Consejo de la Magistratura. Al comienzo de la reunión de Labor Parlamentaria no hubo novedades sobre la distribución de los lugares, aunque posteriormente los principales referentes del kirchnerismo y del oficialismo, José Mayans y Patricia Bullrich, respectivamente, acordaron resolver la compulsa.
La definición permitirá que Villarruel informe durante los próximos días los cuatro nombres correspondientes a la representación del Cuerpo.
En las últimas horas, la Unión Cívica Radical formalizó mediante una nota la designación del representante que le corresponde dentro de ese esquema. Se trata del senador bonaerense Maximiliano Abad, quien ocupará uno de los cuatro lugares.
La discusión se concentra ahora en la distribución de las tres representaciones restantes. El kirchnerismo cuenta con una leve ventaja numérica, mientras que La Libertad Avanza también pretende quedarse con dos de esas sillas.
De acuerdo con el escenario planteado, la definición podría favorecer al sector cristinista. Sin embargo, todavía resta conocer cómo se resolverá formalmente la distribución y cuáles serán los nombres que terminarán integrando la representación del Senado ante el organismo.
Discapacidad: pensiones del 70% del haber mínimo
Uno de los proyectos centrales de la sesión es el referido a discapacidad, que incorpora una serie de disposiciones sobre pensiones no contributivas, prestaciones sanitarias, financiamiento y mecanismos de control.
El texto ratifica las pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y establece al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder al beneficio. También contempla un nomenclador universal de prestaciones y un arancel unificado.
Una de las modificaciones que se mantuvieron por pedido de los aliados durante el tratamiento en Diputados es la compatibilidad entre la percepción de la pensión y el empleo formal. De esta manera, las personas que cuentan con CUD podrán conservar el beneficio aunque tengan un trabajo registrado o estén inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles.
El proyecto también garantiza el acceso a mecanismos de cobertura de salud para las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad. En ambos casos, se contemplan las prestaciones básicas establecidas por la Ley 24.901, mediante el Programa Incluir Salud.
En materia presupuestaria, se detallaron las partidas específicas del Ministerio de Salud destinadas a financiar el sistema. Además, se previeron compensaciones provenientes del Tesoro en caso de que los recursos asignados resulten insuficientes.
Otro compromiso incorporado establece que el Gobierno deberá garantizar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior. Este punto forma parte de las disposiciones orientadas a sostener el valor de las prestaciones.
El proyecto también introduce mecanismos de control más estrictos. La Secretaría Nacional de Discapacidad tendrá a su cargo la realización de auditorías periódicas mediante el cruce de información con distintos organismos públicos.
Entre las instituciones mencionadas se encuentran:
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).
Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Registro Nacional de las Personas (Renaper).
Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
Las auditorías podrán derivar en la suspensión preventiva de un beneficio cuando se detecte un incumplimiento objetivo. Sin embargo, el procedimiento deberá respetar un debido proceso inclusivo, que contempla la notificación correspondiente y la posibilidad de rehabilitación provisoria.
Por último, la iniciativa establece un mecanismo para regularizar las deudas con prestadores que pudieran encontrarse pendientes al momento de la sanción de la ley. En ese supuesto, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los primeros 30 días y cancelar las obligaciones dentro de un plazo de 90 días.
Propiedad privada: vuelven los límites a la venta de tierras a extranjeros
El segundo gran capítulo de la agenda legislativa corresponde al proyecto sobre propiedad privada, que regresa al Senado en segunda revisión y reincorpora disposiciones de la normativa de 2011 impulsada durante el kirchnerismo.
La propuesta restablece un límite del 15% para la venta de tierras a extranjeros, establece un tope del 30% por nacionalidad y mantiene un máximo de 1.000 hectáreas en zona núcleo.
La iniciativa también incorpora modificaciones relacionadas con el régimen de expropiaciones y define los alcances de los bienes que pueden ser considerados convenientes o necesarios para satisfacer una finalidad de utilidad pública.
El articulado establece que podrán ser objeto de expropiación bienes de cualquier naturaleza jurídica, tanto pertenecientes al dominio público como al privado, sean cosas o no, siempre que se encuentren comprendidos dentro de los fines previstos.
En ese marco, se incorpora un criterio restrictivo para la declaración de utilidad pública, que deberá identificar de manera específica y concreta el objetivo perseguido. Además, la expropiación tendrá que resultar idónea, necesaria y proporcional para alcanzar esa finalidad.
Respecto de las indemnizaciones, el proyecto determina que deberán comprender el valor objetivo del bien, tomando como referencia el valor de mercado cuando sea determinado o determinable, además de los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación.
El texto excluye expresamente las circunstancias personales, los valores afectivos, las ganancias hipotéticas y el mayor valor que pudiera adquirir el bien como consecuencia del proyecto que motive la expropiación.
También se establece un tratamiento específico para el lucro cesante. Este concepto podrá incluirse en la indemnización cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación y esté acreditado mediante pruebas objetivas, concretas y suficientes. Asimismo, no deberá implicar una duplicación de rubros indemnizatorios ni encontrarse ya comprendido dentro del valor objetivo del bien.
En relación con este punto, el proyecto fija que la indemnización por lucro cesante no podrá superar, en ningún caso, el equivalente al 30% del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior.
Ocupantes de viviendas y nuevas condiciones para los desalojos
El capítulo sobre propiedad privada también contempla disposiciones para determinados ocupantes de inmuebles que acrediten condiciones específicas de posesión.
El texto establece que podrán acceder a los beneficios quienes demuestren haber mantenido una posesión pacífica, ostensible y continua durante diez años, con anterioridad al momento de solicitar el acogimiento al régimen.
La disposición comprende inmuebles edificados urbanos y aquellos que la autoridad de aplicación local defina como tales, siempre que tengan como destino principal constituir una vivienda única y permanente y reúnan las características previstas en la reglamentación.
Otro apartado introduce condiciones para los procedimientos de desalojo cuando se trate de inmuebles destinados a vivienda. En los casos de falta de pago de alquileres, el propietario deberá intimar fehacientemente al inquilino antes de iniciar la demanda judicial. La intimación tendrá que otorgar un plazo no inferior a diez días corridos, contados desde la recepción de la notificación, y deberá especificar el lugar de pago.
El proyecto también establece que la notificación podrá dirigirse al domicilio denunciado por el locatario en el contrato, ya sea real o electrónico. Se considerará válida incluso cuando el inquilino se niegue a recibirla o cuando no pueda concretarse por motivos que le sean imputables.
Una vez cumplido el plazo establecido o verificada la extinción del contrato de locación por cualquier motivo, el locatario deberá restituir la tenencia del inmueble.
En caso de incumplimiento, el propietario podrá iniciar la acción judicial de desalojo, que deberá tramitarse mediante el procedimiento más breve previsto por la legislación.
El articulado agrega que el locador no podrá negarse a recibir las llaves del inmueble ni condicionar su recepción, aunque conservará el derecho de formular las reservas correspondientes por las obligaciones pendientes a cargo del inquilino.
El recorrido legislativo del capítulo sobre tierras y las modificaciones al proyecto
La discusión sobre propiedad privada tuvo un recorrido conflictivo durante su tratamiento original en el Senado. En esa instancia, los bloques dialoguistas consiguieron eliminar el capítulo completo referido a tierras, que inicialmente contemplaba una venta prácticamente libre a extranjeros y posteriormente un límite del 25%, alternativa que tampoco fue aceptada.
El proceso estuvo atravesado por distintos tropiezos del oficialismo senatorial y de la Casa Rosada, con la intervención del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Junto con la eliminación de ese capítulo también quedó fuera la propuesta de modificaciones sobre el manejo del fuego, correspondiente a la ley impulsada por Máximo Kirchner.
Como consecuencia de esas modificaciones, el articulado final quedó recortado respecto de su formulación original. Ahora, con el regreso del proyecto al Senado, la Cámara alta deberá resolver sobre la versión que incorpora nuevamente el límite a la venta de tierras a extranjeros y las disposiciones referidas a expropiaciones, ocupaciones y desalojos.
Tratado de Patentes: el acuerdo con EE.UU y las objeciones de los laboratorios
El tercer proyecto central de la sesión es la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un instrumento que el país firmó durante el siglo pasado y que el Senado ya había aprobado en 1998, pero que recién fue tratado y votado por la Cámara de Diputados en agosto.
Debido a que Diputados introdujo modificaciones al texto, mediante la reserva del capítulo II, la iniciativa regresó al Senado para una segunda revisión.
La adhesión al PCT constituye uno de los requisitos incluidos en el entendimiento comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. Además, forma parte de los compromisos asumidos en el marco de los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
El Gobierno buscó acelerar el tratamiento del articulado original en Diputados, pero encontró resistencia por parte de los laboratorios. Antes de firmar un dictamen, se decidió dejar en reserva el capítulo II, que establece que una patente registrada tenga vigencia durante 20 años en todos los países miembros.
Desde el sector farmacéutico expresaron preocupación por la posibilidad de que se extienda la práctica conocida como «Evergreening» o reverdecimiento. Se trata de una modalidad que, según advirtieron, podrían utilizar laboratorios multinacionales mediante el examen preliminar internacional contemplado en el capítulo II.
La preocupación radica en que se introduzcan cambios menores o modificaciones secundarias sobre medicamentos ya existentes, sin que necesariamente se incorporen mejoras terapéuticas reales. De acuerdo con los cuestionamientos planteados, este mecanismo podría utilizarse para extender artificialmente un eventual monopolio y bloquear la competencia.
Otro de los puntos señalados está relacionado con el papel del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Desde el sector advirtieron que el organismo podría perder soberanía debido a que los informes y dictámenes preliminares elaborados por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales podrían debilitar y condicionar su autoridad.

































